"Tenemos registro de demoras de más de dos meses (Ciclofosfamida, por ejemplo), suspendiéndose tratamientos de quimioterapia sin que se adoptaran medidas para subsanar el faltante por parte del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, sino después de varios reclamos e insistencia a través de oficios dirigidos a tales efectos a la obra social (Iapos)", dice uno de los párrafos más duros de la Resolución 285/22 que acaban de firmar los defensores del Pueblo de la Provincia, Jorge Henn (Santa Fe) y Gabriel Savino (Rosario).
Este planteo de la Defensoría se produce en el preciso momento en que la Legislatura de Santa Fe evalúa aprobar un proyecto de ley por el que se podrán contratar a privados para que realicen "los servicios de logística y/o distribución de medicamentos para el sector público".
Es la segunda advertencia de la Defensoría del Pueblo al Iapos y al Gobierno
Entre otros planteos, la Defensoría describe distintos inconvenientes que van desde las demoras en la provisión de medicamentos, hasta el anonimato de los médicos auditores -que dependen del Colegio- responsables de denegar los remedios solicitados por los afiliados a la obra social.
Estas son, punto por punto, las advertencias que se reiteran en la nueva Resolución de la Defensoría del Pueblo enviada al Iapos y al Ministerio de Salud de Santa Fe por el manejo y distribución de los medicamentos para los afiliados de la obra social:
- Plazos para las autorizaciones: excesivos plazos para dar respuesta sobre autorizaciones de tratamientos de enfermedades crónicas y otras patologías de parte de la auditoría del Colegio de Farmacéuticos.
- Cobertura de medicamentos: reducción de porcentajes y suspensiones de las denominados "beneficios de excepción" que otrora fueron evaluados y autorizados por Iapos, sin notificación a las afiliados de los fundamentos. Incumplimiento del porcentaje de cobertura para patologías crónicas (70% según normativa nacional). Un ejemplo que se reitera es el de las drogas Empaglifozina y Liraglutida, que venían siendo autorizadas desde hace tiempo a algunos afiliados y luego se les sugirió intempestivamente rotar a otra medicación que las médicos tratantes generalmente no aceptan. Esta situación conlleva tiempo y, en muchos casos, interrupción de tratamientos.
- Modificaciones intempestivas: cambios realizados por la auditoría del Colegio de Farmacéuticos de las marcas comerciales que habían sido autorizadas por Iapos desde larga data a las afiliados.
- Ficha de autorización de medicamentos: plazos de vigencia breves para las autorizaciones en enfermedades crónicas y discapacidad, por lo que se les solicita a los afiliados la presentación de estudios que muchas veces la misma obra social no autoriza por haberse efectuado recientemente. Esto denota falta de coordinación y conocimiento del historial médico del paciente. Además, demora injustificadamente la renovación de la autorización y esto produce la suspensión de los tratamientos.
- Mecanismo de respuesta a las afiliados: se observa que sigue siendo insuficiente el mecanismo a cargo del prestador (Colegio de Farmacéuticos), que es atendido por personal administrativo de dicha institución través de un número de Whatsapp y un 0810, ya que brinda respuestas que no resuelven los reclamos de los afiliados. Las mismas son poco informativas o dilatorias; en muchos casos hemos verificado la misma respuesta durante varios días ( Ej: "El trámite se encuentra en auditoría para evaluación" o "En proceso de auditoría").
- Anonimato de la auditoría médica del Colegio de Farmacéuticos: se verifican en numerosas ocasiones quejas expresas de los profesionales tratantes por el anonimato de los auditores médicos del Colegio cuando niegan medicación. Esto imposibilita la posibilidad de contactarlos.
- Persistencia en negativa de medicamentos: hemos registrado situaciones suscitadas con patologías especiales en las cuales la obra social deriva a afiliados a interconsulta de especialistas dentro o fuera de la provincia. A pesar de que estos ratifican los tratamientos previamente indicados, desde el Colegio se persiste en la negativa de autorización. De esta manera, los afiliados se ven obligados a recurrir a la vía del amparo judicial.
- Saldos insuficientes: casos en que los afiliados que requieren de la toma diaria de alguna medicación y solicitan un nuevo envase para cubrir el mes (por ejemplo cuando en una caja vienen 28 comprimidos), se les informa desde el Colegio que poseen "saldo insuficiente", sin más explicación, ni solución. Además, ya no se permite que los afiliados puedan retirar por adelantado dos meses juntos de la medicación que consumen en forma crónica (por ejemplo por viajes).
- Demoras en la provisión de medicación oncológica: tenemos registro de demoras de más de dos meses (Ciclofosfamida, por ejemplo), suspendiéndose tratamientos de quimioterapia sin que se adoptaran medidas para subsanar el faltante por parte del Colegio, sino después de varios reclamos e insistencia a través de oficios dirigidos por la Defensoría a la obra social;
Medicamentos que el Colegio de Farmacéuticos niega sin explicación
Los defensores del Pueblo de Santa Fe plantean en su Resolución que "en casos complejos, las negativas -de entregar medicamentos- siguen sin ser acompañadas del fundamento médico de la auditoría que las determinó".
En este punto aclaran que esta falta de información se produce en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe: "Corresponde destacar la predisposición y rápida respuesta de la auditoría farmacéutica del Iapos ante las reclamos efectuados". Pero agregan que la auditoría farmacéutica del Iapos "no audita, ni toma las decisiones".
Frente a esta situación irresuelta, "la Defensoría del Pueblo sigue atendiendo y abordando cada planteo en forma individual, porque los afiliados que concurren solicitando intervención no han obtenido una atención eficaz mediante las mecanismos que Iapos les pone a disposición".
Y finalmente advierten que, más allá de la falta de respuestas del Colegio de Farmacéuticos, el Iapos es responsable ante sus afiliados: "Consideramos que en virtud de la responsabilidad legal que tiene la obra social ante las afiliados, y atento a la magnitud del número de ellos (aproximadamente 580.000), entendemos que esta situación no puede naturalizarse".
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