Colectivos en Santa Fe: empresarios advierten que no pueden pagar el aumento y reclaman más fondos al Municipio y la Provincia
Reclaman fondos públicos para evitar una suba del boleto y advierten por la crisis del sector. Mientras tanto, los choferes encaran el tercer día consecutivo de asambleas que resienten el servicio en la ciudad y la zona.
El conflicto salarial mantiene en vilo el funcionamiento del transporte urbano en Santa Fe, mientras los usuarios siguen atentos a posibles nuevas asambleas.
En el marco del tercer día consecutivo de posibles asambleas de choferes de colectivos en Santa Fe, los empresarios del transporte advirtieron que las empresas no están en condiciones de afrontar el retroactivo del aumento salarial acordado para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reclamaron una mayor asistencia económica del Municipio y la Provincia para destrabar el conflicto.
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Gerardo Ingaramo, representante de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y empresario del transporte local, explicó en el programa "Creo" que las empresas del interior están dispuestas a otorgar un incremento del 10,5%, equivalente al que lleva los salarios de los choferes del AMBA de $1.544.000 a unos $1.707.000.
El problema, según planteó, está en el retroactivo. Para equiparar los salarios con los trabajadores del AMBA, cada empleado debería recibir alrededor de $500.000 correspondientes a los meses anteriores. Ese monto, sostuvo Ingaramo, no puede ser afrontado por las empresas del interior porque no cuentan con los mismos fondos que reciben las compañías del área metropolitana.
“Nosotros no tenemos posibilidad de pagar para atrás”, resumió.
El reclamo de los empresarios del transporte
Ingaramo señaló que la diferencia central entre Santa Fe y el AMBA está en el esquema de financiamiento. Mientras que en Buenos Aires el Estado nacional aporta recursos para sostener los aumentos salariales, las empresas del interior deben afrontar el costo con una combinación de tarifa y fondos provinciales y municipales.
El empresario aseguró que el transporte urbano de Santa Fe registra actualmente una caída cercana al 18% en la cantidad de pasajeros y advirtió que trasladar todos los costos al precio del boleto puede profundizar la pérdida de usuarios.
“Es un círculo vicioso donde vamos a aumentar las tarifas, van a caer los pasajeros y se van a cerrar las empresas”, sostuvo.
Según Ingaramo, el aumento salarial que se discute para Santa Fe representa un costo de unos $750 millones. “¿Quién lo cubre?”, planteó, y sostuvo que las empresas no pueden asumir ese monto sin recursos adicionales.
Qué les piden a la Municipalidad y a la Provincia
Ante este escenario, los empresarios plantean tres alternativas. La primera es que la Municipalidad de Santa Fe aporte fondos durante los próximos meses para ayudar a absorber el incremento salarial.
La segunda es que la Provincia modifique el esquema de financiamiento del Boleto Educativo Gratuito que reciben las empresas santafesinas. Ingaramo aseguró que las empresas que prestan el servicio en Rosario reciben el equivalente al 100% del boleto educativo, mientras que en la ciudad de Santa Fe el reconocimiento alcanza al 68%.
Según el empresario, equiparar ese porcentaje permitiría obtener recursos adicionales para afrontar parte del incremento salarial sin trasladarlo directamente a la tarifa.
La tercera alternativa sería una actualización del boleto, aunque Ingaramo sostuvo que esa opción puede terminar generando una nueva caída de pasajeros.
A estos reclamos sumó otro: que el Estado se haga cargo del costo de las gratuidades del sistema. Según indicó, alrededor del 15% de los viajes no paga boleto y representa unos 300.000 viajes mensuales que actualmente deben ser absorbidos por quienes sí abonan el pasaje.
“El Estado tiene que ver cómo se arregla todo esto”
Para Ingaramo, el conflicto salarial expone un problema estructural del sistema de transporte público. Aunque las empresas son privadas, el servicio es público, las tarifas son reguladas por el Estado y buena parte de las condiciones de funcionamiento dependen de decisiones de los distintos niveles de gobierno.
“Son servicios públicos en manos de empresas privadas”, resumió.
En ese sentido, cuestionó que los gobiernos provinciales y municipales queden involucrados en la discusión cuando, según planteó, el origen del problema está también en el esquema nacional de distribución de recursos.
El empresario aseguró que FATAP pidió a la Secretaría de Transporte de la Nación una reducción temporal de los impuestos a los combustibles. Según explicó, una rebaja de unos $300 por litro de gasoil durante 180 días podría aliviar los costos de las empresas y permitir sostener los salarios sin trasladar el impacto a la tarifa. Hasta el momento, afirmó, no recibieron respuesta.
Advierten por el futuro de las empresas
Ingaramo también rechazó la posibilidad de reducir el servicio como respuesta inmediata al conflicto. Aseguró que actualmente las empresas prestan el servicio con normalidad y que el problema está centrado en la imposibilidad de afrontar el aumento salarial sin financiamiento. Sin embargo, advirtió que la situación podría agravarse si no aparecen nuevos recursos.
“Si se firma una paritaria y a mí no me dan el aumento correspondiente a través de fondos, ahí sí tendré que ver si no se cierran empresas, porque claramente tampoco nos pueden obligar a fundirnos”, sostuvo.
El representante de FATAP afirmó que la crisis ya provocó pérdida de empresas y puestos de trabajo en distintas provincias y señaló que el transporte del interior pasó de unos 14.000 colectivos a alrededor de 9.000, mientras que también se perdieron miles de empleos.
Por eso, planteó que una de las discusiones de fondo debería ser la posibilidad de establecer un esquema salarial diferente para el AMBA y para el interior, de acuerdo con las distintas estructuras de financiamiento.
