Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Bruno Netri - presidente-, Fernando Gentile Bersano y Alejandro Tizón, confirmaron la condena para los exfuncionarios provinciales, Edgardo Berli y Ricardo Fratti en el marco de la causa que investigó cómo se dio el desborde del río Salado a fines de abril y principios de mayo del 2003 y que causó la muerte de 18 personas.
El desborde del río Salado comenzó el 29 de abril del 2003 y dejó a media ciudad inundada.
Foto/ Gentileza José Almeida
Una de las imágenes que graficó cómo se inundó el cordón oeste.
Foto/ Gentileza José AlmeidaLa resolución dejó firme la sentencia que dictó el 1 de febrero del 2019 el juez de primera instancia, Octavio Silva, el cual impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso para el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Santa Fe -Berli- y el Director Provincial de Obras Hidráulicas de la Provincia -Fratti-. Ambos exfuncionarios del gobierno de Carlos Reutemann.
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Si bien el fallo de los jueces confirmó de lleno la sentencia del juez Silva, no hizo lugar al pedido de la fiscal del caso, Mariela Jiménez, que había solicitado al tribunal de alzada que el monto de la condena sea de cinco años de prisión efectiva.
La letra fina de la reciente sentencia consideró sostener la calificación legal y el monto de la pena dictado por Silva pero a la vez rechazó la posibilidad que ninguno de los imputados cumplan la condena en un establecimiento penitenciario. En razón de ello, tanto Fratti como Berli deberán quedar sujetos a una serie de reglas de conducta: constituir domicilio real, debiendo comunicar cualquier variación del mismo; someterse al cuidado de la Dirección Provincial de Asistencia y Control Pos Penitenciario.
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Los jueces también calificaron la resolución como "justa y adecuada". "De cuya simple lectura surge, sin hesitación alguna, que no es cierto el agravio de la fiscalía en cuanto a que se mensuró la pena", destacaron los magistrados en un tramo del fallo.
"Los funcionarios que integran el referido Comité tenían el deber expreso de elaborar y concretar el programa de acciones y obras de emergencia por inundaciones. A tal fin debían, prioritariamente: resguardar centros urbanos, incumbiéndoles además, todo lo relativo al manejo de aguas", remarcó el fallo.
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La presente causa también tuvo en el banquillo de los acusados al exintendente de la ciudad de Santa Fe - desde 1999 al 10 de diciembre de 2003- Marcelo Álvarez. El mismo supo estar imputado en la causa que impulsó la fiscal Jiménez pero la acción penal en su contra culminó el 9 de abril del 2018, cuando tras sufrir un infarto, terminó falleciendo en el hospital José María Cullen.
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