Así cayó la casa de apuestas ilegales de Aristóbulo del Valle: denuncia anónima, 25 apostadores y una trama que sigue
La denuncia anónima que activó el operativo en Aristóbulo expuso una red de juego clandestino con 25 apostadores, dinero en efectivo y droga.
La vivienda de Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba como casa de apuestas ilegales: había 25 apostadores, dinero en efectivo y equipamiento de juego en el interior.
El dato más significativo del allanamiento que permitió desbaratar la casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500 no es solo la detención de ocho personas ni el secuestro de más de 20 millones de pesos, sino el modo en que funcionaba la estructura: una vivienda particular que, hacia afuera, no evidenciaba actividad clandestina y que en su interior reunía a 25 apostadores en pleno funcionamiento.
El operativo se realizó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, tras una investigación que se activó a partir de una denuncia anónima recibida por Lotería. Ese organismo realizó la presentación correspondiente y la Fiscalía, a cargo del fiscal Olcese, ordenó el allanamiento con intervención de la PDI y grupos tácticos.
“Ante una denuncia anónima que llega a Lotería, se hace la presentación y la Fiscalía ordena el procedimiento”, explicó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Virginia Coudannes, en el programa Ahora Vengo.
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La escena con la que se encontraron los investigadores refuerza la hipótesis de una actividad organizada y no improvisada. “No advertías nada desde afuera y al ingresar se observa todo el despliegue: mesas, fichas, mazos de cartas”, detalló. Además del dinero en efectivo, se secuestraron notebooks, celulares y estupefacientes.
Ocho personas fueron detenidas y los 25 apostadores identificados por orden judicial. La presencia de droga abre una línea paralela de investigación que podría derivar en nuevas imputaciones.
El volumen de dinero incautado y la cantidad de personas participando dan cuenta de un circuito aceitado, que operaba puertas adentro y con cierta logística. No se trataba de una reunión ocasional sino de una actividad sostenida, con estructura, equipamiento y flujo económico significativo.
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En el allanamiento se secuestraron más de 20 millones de pesos, notebooks, celulares y estupefacientes; ocho personas quedaron detenidas.
Desde el Ministerio remarcaron que el caso es resultado de la articulación entre denuncia ciudadana, organismo de control y Justicia, y que la investigación continúa para determinar responsabilidades y eventuales conexiones.
911: cinco minutos en emergencias de riesgo
Otro de los puntos destacados fue el tiempo de respuesta del 911. En la ciudad de Santa Fe, sostuvo, el promedio es de cinco minutos en incidencias de prioridad alta y siete en las generales.
“Desde que se llama hasta que llega el móvil, en los casos donde corre riesgo la vida o los bienes, es de cinco minutos”, señaló. Como ejemplo mencionó una intervención reciente en calle Mendoza, donde tras el aviso se concretó una detención.
El mensaje político: “No vinimos a convivir con el delito”
“Nos hicimos cargo de la situación de la violencia altamente lesiva con firmeza, con un plan y con objetivos”, recordó. Y subrayó otra definición: “No vinimos a convivir con el delito, lo que vinimos es a transformar”.
En ese marco, mencionó la inversión en patrulleros, el fortalecimiento del 911, la infraestructura penitenciaria y el derribo de 106 búnkeres durante 2025 como parte de una estrategia integral.
Cadena de mando tras el conflicto policial
En otro tramo de la entrevista, Coudannes fue consultada por la situación interna de la fuerza luego del conflicto policial reciente y si eso había impactado en la conducción operativa. La respuesta fue categórica: la cadena de mando “no sufrió alteraciones”.
Según explicó, aun en el contexto de tensión, se logró sostener la presencia policial en calle y garantizar la respuesta a las incidencias del 911 en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana. Eso implicó replanificar recursos y reforzar servicios, pero sin modificar la estructura de conducción.
En ese sentido, destacó el rol de la Jefatura de la Unidad Regional I y del equipo operativo para mantener la cobertura. La continuidad en la línea de mando fue presentada como una señal de estabilidad institucional en un momento sensible.
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Tras el conflicto policial, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la cadena de mando no sufrió modificaciones y que se sostuvo la presencia en calle.
El planteo oficial es que, pese al conflicto, no se resintió el funcionamiento operativo: los móviles siguieron activos y los tiempos de respuesta del 911 —cinco minutos en prioridades altas y siete en generales— se mantuvieron dentro de los parámetros informados por la cartera.
La defensa de la cadena de mando se inscribe en una narrativa más amplia del Ejecutivo provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, que sostiene que la política de seguridad tiene “un plan, un método y objetivos” definidos y que no hubo retrocesos en la conducción de la fuerza.
En ese marco, el operativo en Aristóbulo aparece no solo como un golpe al juego clandestino, sino también como un ejemplo que el Gobierno exhibe para reforzar la idea de continuidad y control en la estructura policial.
