“Buen día, garcas”. Todas las mañanas Natacha Diz saluda por Twitter a los ceos de BLD, una corredora de granos que entró en default por un monto de más de 100 millones de dólares y dejó un tendal de acreedores, unos 1.500 productores de todo el país, entre las que se encuentra una productora agropecuaria de Germania, provincia de Buenos Aires, que todos los días se levanta y piensa en los 14 millones de pesos que desaparecieron en manos de esta compañía, que tiene sus oficinas en el exclusivo edificio de Nordlink, con vistas al río Paraná, en Puerto Norte de Rosario.
Este caso podría encasillarse en lo que se cataloga como delitos de guante o cuello blanco. No hay violencia física, nadie sale lastimado, ni recibe amenazas, ni tiros. Nadie se fuga. Pero nadie va preso. El uso de esta jerga se debe a Edwin Sutherland, un académico norteamericano que se dedicó a probar en una investigación que inició en 1928 que de las 200 empresas más importantes de Estados Unidos 70 habían cometido delitos de guante banco de manera reiterada.
Once años después de empezar la investigación, en una ponencia en la Universidad de Philadelphia, usó por primera vez la idea the white collar criminal (los delitos de guante blanco), que sacó de un libro que había escrito un presidente de la automotriz General Motors en el que describía la vida de un ejecutivo de alto rango en esa compañía.
La conferencia de Sutherland provocó fascinación en el público, en un contexto marcado por la explosión de la burbuja de los mercados en 1929, pero cargó de mal humor a los empresarios más poderosos de Estados Unidos. El libro sobre su investigación se publicó sin los nombres de los directivos de las compañías que habían tramado delitos de guante blanco.
A pesar de que el paso del tiempo dotó a la justicia de mayores herramientas para investigar este tipo de delitos tan particulares, donde en la mayoría de los casos los protagonistas son personas con alto poder económico, en Argentina las investigaciones de delitos económicos casi nunca terminan con condenas. Un indicativo de esta valoración es que el Área Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) realizo 28 investigaciones en 2018, año en que se creó esta sección específica para enfocarse en este tipo de delitos.
En el caso de BLD, la corredora rosarina que protagonizó un default por 100 millones de dólares, hasta los propios abogados querellantes de los 1.500 productores dudan sobre y mantienen distintas miradas sobre dónde radicar las causas, si en el fuero provincial o federal.
La burbuja financiera de BLD explotó a principios de octubre, cuando la empresa entró en cesación de pagos. El impacto de la caída de esta firma se nota con mayor intensidad en el interior del país, donde BLD operaba en 211 localidades distribuidas en 15 provincias.
Según un informe del Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) de junio pasado, BLD era la segunda corredora de granos más importante del país. Su desplome provocó no sólo un tembladeral en la Bolsa de Comercio de Rosario, también amenazó con disparar una catarata de demandas penales contra los directivos, encabezados por Fabio Bini.
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La caída de BLD comenzó el 27 de setiembre, cuando la corredora de cereales dejó de operar en la Bolsa de Comercio de Rosario, luego de entrar en default. Un día antes se había confirmado una pésima noticia para la compañía: Latinirigoyen había desistido de la oferta de comprar por unos 45 millones de dólares Unidad Productora de Lechones (UPL), ubicada en el sudeste de Córdoba.
Sin ese dinero el derrumbe de BLD era más que un presagio. Durante ese fin de semana los accionistas de la empresa se reunieron varias veces y sacaron de la galera un plan de canje de deuda para los acreedores por 100 millones de dólares. El temor es que la caída de BLD arrastre a otras empresas. Lo que propuso la firma es que los acreedores pasen a ser accionistas de la compañía a cambio de resignar la deuda.
Hasta ahora ingresó un pedido de quiebra presentado en el juzgado N°9 a cargo de Fabiana Genesio por Cereales El Ceibo. Fuentes del mundo del corretaje y comercialización de granos analizaron que la estrategia de BLD tras declarar una de las cesaciones de pago más grandes de la historia en este sector sería mostrar ante un eventual problema judicial que la compañía ha tenido voluntad de pago al ofrecer el APE.
Los productores que no accedieron al cambio de acciones están furiosos por la situación. Una docena decidió iniciar una demanda judicial pero la mayoría espera llegar a un acuerdo, algo que por ahora no aparece en el horizonte.
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