menu
search
ROSARIO |

Causa Los Monos: un testigo encubierto busca la libertad pero carga con un antecedente gravísimo

Está detenido desde 2012 con una condena unificada a 9 años de prisión por participar de un homicidio y por narcotráfico. Aportó información valiosa para desbaratar la banda de Las Flores, pero se sintió traicionado y en marzo de 2014 se descubrió que junto a un policía planificaba desde la cárcel matar al juez Juan Carlos Vienna al fiscal Guillermo Camporini. Técnicamente está en condiciones de gozar de salidas transitorias hasta obtener la libertad condicional. Pero se la negaron dos veces y esta semana la Cámara Penal definirá su situación.

Por Claudio González

César Arón Treves, alias “Ojudo”, tiene 37 años. En 2013 su identidad era un misterio. Sólo se hablaba de él como un testigo encubierto. Motivos para resguardarlo no faltaban. Mientras estaba detenido acusado de participar en un homicidio, saltó el límite y regó de valiosos datos el despacho de Juan Carlos Vienna, el juez de la emblemática causa 913/12 que terminó desarticulando la banda de Los Monos, puso tras las rejas a sus principales líderes y los llevó a un juicio que desembocó en altas penas.

Durante esa pesquisa Treves fue como un fantasma que merodeaba sigilosamente el juzgado de Instrucción Nº 4 de Vienna, ubicado en el segundo piso de los viejos Tribunales de Rosario. Nadie lo podía ver, pero al cabo de los días, alguno de sus dichos mutaban en  evidencia que daba pie a medidas orientadas a seguirle los pasos a los Los Monos, y confirmar los múltiples delitos que perpetraron.

Corría el año 2013, había recrudecido la violencia por el reacomodamiento del negocio narco. Por ese entonces el ex gobernador Antonio Bonfatti se propuso avanzar sobre los grupos criminales. Claro, el 26 de mayo habían asesinado a Claudio “Pájaro” Cantero y los vueltos y crímenes no tardaron en engrosar las estadísticas de homicidios dolosos vinculados a venganzas y ajustes de cuentas.

Sin embargo Treves parecía correr por otro andarivel, se había desmarcado y hacía su juego, o al menos eso se suponía. Cayó preso en diciembre de 2012 sospechado de participar un mes antes en el homicidio a balazos de Gustavo Serra en un after de Maipú al 800, pleno microcentro rosarino. En realidad eso se supo después, porque su detención se produjo en San Martín y Circunvalación mientras trasladaba en un auto dos kilos de pasta base de cocaína, un bidón con 20 litros de acetona y precursor químico para estirar la droga. En mayo de 2014 fue condenado a cinco años de prisión por ese vínculo con el narcotráfico.

Leer también: La Legislatura santafesina frente al desafío de debatir una nueva ley de agroquímicos

Pero mientras seguía preso por el crimen de Serra, Treves declaró como testigo encubierto en la causa 913/12 que investigaba la asociación ilícita de Los Monos. El juez Vienna era el titular de la pesquisa y el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini dirigía el equipo del Ministerio Público que impulsaba medidas bajo el viejo sistema procesal penal escrito. Nunca se supo a cambio de qué Ojudo entregó información sobre la banda de Las Flores. Algunas fuentes judiciales deslizaron que le prometieron mejorar su condición procesal en relación al crimen de Serra. Pero esa versión nunca pudo tomar cuerpo, ni atravesar la barrera del rumor.

El juez Vienna y el fiscal Camporini dialogan luego de un operativo.

Entonces el muchacho se dispuso a desembuchar ante el personal de la Brigada Operativa de la División Judiciales que lo llevó hasta el despacho de Vienna. Contó con pelos y señales los roles que tenían cada uno de los integrantes del clan Cantero, donde funcionaban los bunker, cómo movían la droga o donde escondían autos de alta gama, aportó nombres de sicarios y lugateniententes, y los contactos con miembros de la fuerza de seguridad coptados por la banda. Según narró tres años después cuando lo llamaron como testigo en el juicio a Los Monos, esa declaración ante el juez se la hicieron firmar sin que él la pudiera leer o controlar. 

En marzo de 2014 la Justicia Federal de Rosario mandó un comunicado urgente a sus pares de la provincia. El escrito alertaba que se habían interceptado escuchas telefónicas que ponían en evidencia un plan criminal para matar al juez Vienna y el fiscal Camporini. Esa trama provocó un tembladeral político, desorientó a las autoridades y puso en alerta roja a los miembros del Poder Judicial. Nunca antes había ocurrido semejante amenaza contra la institucionalidad. Fueron días pavorosos y de celosos controles en los Tribunales rosarinos, con custodias y agentes de seguridad en cada piso de la manzana judicial ubicada en Balcarce y Pellegrini. El Ministerio de Seguridad asignó custodias personales, y consignas en viviendas de los jueces y fiscales involucrados en la causa.

En ese momento Treves dejó de ser el misterioso testigo encubierto. Es que junto al policía Germán Almirón, un suboficial de la división Judiciales, de 32 años, detenido por facilitar la fuga de Juan Domingo Ramírez (sicario de Los Monos) fueron los que planearon desde adentro de la cárcel asesinar a los funcionarios judiciales.

Dicen que se sintieron traicionados. Pero nunca quedó claro por qué o por quienes. Lo cierto es que en esa en las escuchas hablan de atentar contra Vienna, a quien se refieren como “Arroz con salchicha”, “Pancho”, “Salchichón” o “El viejo”. Y a Camporini lo llaman “Bocón”. Hablan de direcciones y movimientos, y de “enganchar” el auto de Vienna “cuando sale del tiburcio”. “Hasta que no maten un juez o un fiscal en Santa Fe todo va a seguir igual”, exclama Almirón a su interlocutor Treves. 

En noviembre de 2018 cuando cumplió los dos tercios de la pena, sus defensores Mariano Scaglia y Hernán Tasada solicitaron las salidas transitorias. En una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto, los letrados dijeron que el Servicio Penitenciario (SP) había computado mal las penas.  

Leer también: El peligro de que las causas por enriquecimiento contra jefes policiales pasen al cementerio judicial

“Hubo una mala interpretación” dijeron los abogados. Es que para el SP Ojudo purgaba una condena unificada a 16 años, impuesta por el juez Edgardo Fertitta en mayo de 2017 en el que se lo condenó a 11 años de prisión como partícipe necesario del crimen de Serra, más 5 años por narcotráfico. Por eso debía ingresar el período de prueba más adelante.

Sin embargo la Cámara Penal alteró esa sentencia en diciembre de 2018 y la rebajó a 9 años por entender que fue un partícipe secundario en el crimen de Serra. Esa decisión no habría sido informada al SP. Igualmente, Prunotto mantuvo su postura y denegó el beneficio. En ese acto los defensores solicitaron por escrito que Treves ingrese al programa de progresivdad (observación, tratamiento y prueba) requerido como paso anterior a las salidas transitorias, y apelaron la resolución.

El 8 de mayo se volvió a discutir la situación del reo ante la jueza Prunotto. La magistrada insistió que el interno, pese tener cumplidos los plazos legales y contar con una conducta y concepto ejemplares (es peluquero y corta el cabello a sus compañeros de pabellón), aún no completa los requisitos para salir en libertad condicional. Es que el gabinete de profesionales que lo evaluó elevó un diagnóstico “desfavorable” sobre sus chances de reinserción.

Según esos informes que la defensa rebate, Treves aún no se hace cargo de su participación en el homicidio de Serra, cuyo padre estuvo presente en la audiencia. La jueza le cedió la palabra al hombre quien recordó que Treves había tenido una pelea con su hijo en un boliche y cuestionó que aún no hayan encontrado al homicida (nunca se supo quien había gatillado), ya que a Treves le asignaron el rol de haberlo trasladarlo en su auto.

Por su parte Scaglia, volvió a reclamar que le otorguen las salidas bajo el argumento de su conducta ejemplar, porque tiene “arraigo, contención familiar. Explicó que tiene un camión y que podría trabajar como transportista.

Pero el fiscal Matías Ocaris se opuso. Señaló que recién el 25 de enero pasado ingresó al programa de prueba y evaluación, e insistió con la idea de que el reo “minimiza los hechos” por los que fue condenado. Recordó que en una entrevista Treves dijo que “no conocía a Serra” y que se limitó a llevar en su auto al homicida, a quien tampoco conocía. Los informes señalan que “no se posiciona de manera responsable frente a esos actos”, recalcó Ocariz.

Leer también: Agosto terminó con un dólar por arriba de los $62 y un riesgo país de más de 2.500

Según la defensa, el Servicio Penitenciario tardó en incorporar a Treves a la última etapa de prueba antes de elaborar los informes.  La jueza finalmente consideró que, si bien Treves cumple con algunos requisitos, los peritos del Organismo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional dictaron informes “desfavorables” en cuanto a sus posibilidades de reinserción porque no se hace cargo del hecho: “No manifiesta una implicancia subjetiva” ni “se posiciona de manera responsable en relación al homicidio”, consideró, y por lo tanto rechazó el pedido.

Esa resolución fue motivo de apelación. El miércoles pasado se discutió la controversia ante el juez de la Cámara Penal Carlos Carbone. En la audiencia se pudo ver a Treves relajado, y a varios de sus familiares en la sala. El magistrado escuchó a las partes que volcaron los mismas argumentos vertidos en las instancias anteriores. Al finalizar el acto, Scaglia cuestionó al SP porque mostró los mismos informes de diciembre pasado. 

“En mayo el juez había requirió de forma urgente los informes penitenciarios. Pero cortaron y pegaron el escrito de diciembre para presentarlo ahora ante Carbone, se quedaron con una evaluación vieja. Además nunca lo ingresaron al programa de reinserción, no lo entrevistaron ni lo sometieron a tratamiento psicológico. Tiene conducta ejemplar”, se quejó el abogado ante una consulta de Aire Digital.

Scaglia entiende que sobre su cliente pesa ese antecedente subjetivo del plan que buscaba lastimar a Vienna y a Camporini. “Eso quedó en un acto preparatorio, nunca se concretó. Además, la causa fue archivada”, recalcó el letrado. Efectivamente, la carpeta judicial que se sustanció para determinar responsabilidades penales frente al inquietante plan, fue archivada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Lo concreto es que ahora el juez Carbone tiene en sus manos la decisión (se conocerá la próxima semana) sobre la situación procesal de Ojudo. El hombre está técnicamente avalado para solicitar el beneficio de la salidas transitorias hasta obtener la libertad, como cualquier otro reo, y su conducta ejemplar lo ampara. A ello se contraponen los informes del SP, cuestionados por la defensa por desactualizados, pero que hablan de un preso que no internaliza su conducta delictiva. 

Sin embargo, frente a esos elementos formales volcados en la causa emerge el insoslayable antecedente: el complot entre Treves y el policía Almirón para matar al juez Vienna y al fiscal Camporini. Pero nunca se lo investigó por ese hecho, tampoco se lo acusó. Ese plan, la ola de homicidios, la corrupción policial y las endebles políticas en material de seguridad del momento dejaron una marca en la vida institucional de la provincia.

Dejá tu comentario