La Dra. Strólogo, que leyó el fallo, insistió en que no se pudo probar con la certeza necesaria que las personas acusadas son culpables. “Todos escuchamos la versión de los acusadores de lo que supuestamente sucedió con Paula, versión de los hechos que surgió por el dolor de su ausencia y el clamor social, pero que a la luz de un juicio oral y público fue imposible sostenerlo, argumentarlo y menos probarlo”, argumentó.
Según la hipótesis del fiscal que buscó consolidarse durante el debate, las nueve personas sentadas en el banquillo de los acusados conformaron una “empresa criminal desaparecedora” luego de secuestrar a Paula, obligarla a practicarse un aborto (cursaba un embarazo de seis semanas) contra su voluntad, y hacer desaparecer su cuerpo, que nunca pudo ser hallado.
Los acusados son Gabriel Strumia, amante de Paula y padre del hijo que gestaba; su esposa Roxana Michl; la supuesta abortera Mirta Ruñisky; el chofer de Strumia, Antonio Darío Díaz. Para ellos el fiscal Donato Trotta solicitó la pena de prisión perpetua como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad, aborto sin consentimiento seguido de muerte, en concurso real.
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Además, fueron imputados y enjuiciados los policías de la Unidad Regional XVII Adolfo Puyol, jefe de la Agrupación Cuerpos y vinculado comercialmente a Strumina; Jorge Krentz, a cargo de la Agrupación Unidades Especiales; y los suboficiales Aldo Gómez; Gabriel Godoy y María José Galtelli.
Al comisario Puyol le endilgan los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal y real, y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario en concurso real. Para él, la Fiscalía solicitó 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Respecto al policía, los abogados querellantes solicitaron que se le impute el mismo delito que a los civiles y también se lo condene a prisión perpetua.
Respecto a Krentz, Gómez, Godoy y Galtelli, los acusaron como coautores del mismo delito que a Puyol, pero les endilgaron la sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real. Para ellos solicitaron 16 años de cárcel, y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Las defensas, en tanto, pidieron la absolución de sus defendidos. Durante todo el debate insistieron en la falta de elementos de prueba (principalmente la ausencia del cuerpo de Paula Perassi y de una escena del crimen), y evidencias que los conecten con los delitos que le endilgan. Además cargaron contra los funcionarios judiciales a cargo de los primeros tramos de la investigación.
Amplia convocatoria
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