A más de una semana del anuncio y sin el memorándum con todos los términos del acuerdo, el gobierno enfrenta restricciones externas (una oposición que no asume responsabilidades pasadas ni presentes) e internas (los sectores que no están dispuestos a seguir perdiendo capital simbólico y político). ¿Se puede pagar lo acordado? ¿El FMI financia la estabilización o la derrota del Frente de Todos?
Antes de abordar las metas de inflación, de reservas, fiscal y financiera o monetaria, hagamos algunas consideraciones menos novedosas que la del “no ajuste sin condicionalidades adicionales” y que ya presentamos en notas anteriores. La primera de todas tiene que ver con la obstinación del presidente y sus asesores políticos y comunicacionales (que se relanza para explicar el acuerdo en el marco de la estrategia “amigo el enemigo”) de discriminar entre halcones y palomas, de que el sector opositor con responsabilidades institucionales –luego de la derrota legislativa de 2021, casi todes incluida María Eugenia Vidal– asuma la responsabilidad de un endeudamiento que pretende convertir a la Argentina en un protectorado americano y suscriba las condicionalidades propuestas por el mismo gobierno al que no dejaron gobernar en sus propios términos durante dos años y sueñan derrotar en 2023.
Oposición que disfruta de un indulto político y judicial que acaba de rubricar con otra victoria cultural: según una encuesta de Analogías, un 40% de les argentines cree que la deuda externa la tomó Alberto Fernández y un 20% no sabe a quién atribuírsela. En éstas condiciones, porqué hacerse cargo de nada ni acompañar un acuerdo que podría generar un alto costo político al FDT? Antes de la renuncia de Máximo Kirchner decían que si Cristina no lo apoyaba explícitamente no lo votaban, ahora especulan con el voto favorable de los legisladores kirchneristas como condición previa a cualquier toma de postura. El final vuelve a estar cantado, se trata de que toda la coalición gobernante pague el costo de un arreglo insólitamente relatado (“es malo pero el mejor posible” y “logramos torcerle el brazo al FMI”). Macri, Larreta, Morales, Bullrich, Milei y cualquiera de los potenciales beneficiarios electorales de las complicaciones del acuerdo, saben perfectamente que el acuerdo no despeja ninguna de las deficiencias estructurales que condicionan la política del FDT y que las metas de reducción gasto y las restricciones para financiamiento del déficit fiscal (3,4% del PBI o lo que es igual u$s 14.100 millones sólo para 2022) son muy difíciles de cumplir.
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Otra de las advertencias tenía que ver con la forma de contarles y venderles a sus propios votantes y a la sociedad en general el arreglo de una trampa fenomenal, porque el FMI violó sus propios estatutos a pedido del gobierno de los Estados Unidos para garantizar la victoria de Macri en 2019 y volver a instalarse y condicionar a la Argentina por 12 años o más y ahora se apega a sus reglamentos para asegurar la derrota del FDT en 2023. Sin prenunciar el fracaso del programa de facilidades extendidas ni asegurar que es el mejor arreglo al que se podía arribar en las condiciones de debilidad interna y externa del Frente, descartada la alternativa de un default soberano y el embate para que los 100 compradores identificados por el BCRA devuelvan y paguen ganancias por los u$s 24.679 millones que atesoraron o fugaron (culpables de evasión fiscal + fuga), vamos qué cosas se pidieron durante los casi dos años que duró la negociación y qué cosas realmente cedió el FMI. La lista es concreta y sin manipulaciones, la conclusión es de ustedes.
*En razón de que se comprobó la fuga del 25,5% del mega préstamo el gobierno pidió una quita de capitales por igual o similar monto. La respuesta fue NO.
*Se reclamó ante el FMI y organismos internacionales que –en el marco de una pandemia extraordinaria y que desfondaba la economía de los países a nivel mundial– se realizara una condonación parcial de deuda soberana. La respuesta fue NO.
*Cristina y algunos miembros del peronismo kirchnerista (porque, como decía Néstor, hay que resistir la maniobra de ser tildados de “infiltrados por izquierda”) pedían un plazo de 15 o 20 años para saldar los u$s 44.700 millones realmente recibidos. La respuesta fue 10, es decir NO.
*Esto es de un cinismo para nada técnico: el FMI prestó indebidamente un monto que es 187,5% mayor a la cuota parte de la Argentina. Eso supone que debe cobrar una sobretasa. Mientras el resto de los países paga entre 1 y 1,5% anual, nosotros pagaremos un 4% (u$s 1.400 millones más por año). Se pidió considerar la complicidad del FMI con ésta locura y eliminar sobretasas. La respuesta fue NO.
*Surgió el novedoso canje de deuda por acciones climáticas, instalando el concepto de “deuda ambiental” que el mismísimo presidente planteó en la cumbre de Glasgow. La respuesta fue NO.
*Se pidió arribar al déficit 0 (meta de imposible cumplimiento fáctico y resignando una herramienta legítima de política económica) recién en 2027. La letra conocida del acuerdo fija esa meta para 2025. La respuesta fue NO.
*Se comenzó con la idea de reestructurar la estafa que decidimos asumir, es decir reprogramar vencimientos para reducir la carga que supone para las cuentas públicas (de unos u$s 2.000 millones mensuales en promedio y u$s 20.000 anuales para los próximos dos años). Lo que se obtuvo es finalmente otro préstamo equivalente al monto percibido para afrontar ésos vencimientos y con una revisión trimestral para evaluar las metas fiscales, de emisión monetaria y el desempeño macroeconómico general. Esto asegura FMI en casa por unos 12 años (no sólo los 2 y medio que supone saldar deuda con deuda). La respuesta fue NO.
*Se solicitó un período de gracia sin desembolsos de cuatro años. Se obtuvo un préstamo para afrontar vencimientos que exime de utilizar reservas en moneda dura para afrontarlos, pero por dos años y medio. Es decir que la respuesta fue NO.
*Sergio Chodos en nombre de Martín Guzmán le arrancó al FMI una concesión heterodoxa: asumir que la inflación es multicausal y puede ser abordada con distintas herramientas sin maniatar el financiamiento en pesos de la política social y económica. Pero sin embargo se plantea una reducción brutal de esos “autopréstamos”: en 2021 se pudo estimular el crecimiento con una emisión equivalente al 3,7% del PBI y ya éste año debería reducirse al 1%.
Demasiados NO en el listado de lo que finalmente debería ser rubricado por el Congreso (sin posibilidad de alterar ninguno de los puntos, se acepta o rechaza en bloque), como para asegurar que ganamos la pulseada con el FMI. Es cierto que se despejó un default inminente, convirtiéndolo en un default diferido (a partir de 2027 sino antes, la deuda va a ser absolutamente impagable) y que es posible que se pueda estabilizar una macro que le permita al FDT llegar mejor posicionado al 2023.
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Sin embargo habría que recordar que con un déficit primario del 3% del PBI (0,8 décimas por encima del que exige el FMI para éste año y 1,1 superior al del 2023) y un nivel de emisión casi tres veces superior al que exige el FMI para éste año y un punto por encima del que exige para 2023, el gobierno nacional perdió las elecciones legislativas.
Y sobre la inédita no exigencia en los papeles de reformas laborales o jubilatorias, habría que decir que Ilan Goldfjan, el encargado del FMI para América Latina acaba de publicar un artículo en la web del organismo en el que pide esas reformas para reimpulsar la recuperación de América Latina. Estarán éstas consideraciones en el memorándum de entendimiento?
¿Cómo se supone que sostenga los indudables niveles de crecimiento económico que exhibe en los últimos 6 meses (que incluyen la recuperación de 170.000 puestos de trabajo registrados, el 90% de lo perdido durante la pandemia) teniendo que producir un recorte fiscal de u$s 4.200 millones de dólares para 2022 y de u$s 16.800 millones para el año en que va a jugarse sus chances electorales en ejecutivas?
Antes de ver el perfil de vencimientos pactados hasta 2034, veamos las alternativas para financiarse que tiene el gobierno en los próximos dos y decisivos años.
Necesidades y financiamiento
El cuadro elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (el mismo que decía que en economía “si no se entiende, es porque te están robando”), presenta las necesidades financiamiento del déficit primario (la diferencia entre los gastos corrientes del Estado y lo recaudado por impuestos) e intereses de deuda reestructurada con los privados según lo pactado con el FMI. Así vemos que en 2022 y para financiar 4,1 puntos del PBI de déficit sólo podremos contar con un 1% de emisión monetaria, un 0,9% de créditos con otros organismos internacionales (BID, Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento) que equivalen a unos u$s 5.000 millones y deberá salir a endeudarse a tasas de entre el 9 y el 13% al mercado privado, muy superior a la que se financiaría sin restricciones para hacerlo a través del BCRA y en pesos. Pero en 2023 se agrava la situación, porque ya no habrá desembolsos de otros organismos financieros internacionales y el Estado deberá salir al mercado (a los mismos bancos, aseguradoras de riesgos o fondos de inversión que Hernán Lacunza les defaulteó la deuda en pesos) a conseguir casi 3 puntos del PBI para financiar el déficit previsto y exigido por el Fondo.
Y esto sin contar con el hecho –ya anunciado la Reserva Federal estadounidense– de que para 2022 se espera una suba del 0,9% de la tasa de referencia para tomar deuda y una caída eventual de los precios de las materias primas, dos variables que afectarán tanto las metas fiscales del programa acordado con el FMI como las metas de reservas (por la caída de los montos recaudados vía retenciones, que además el gobierno ya acordó no aumentar para granos y carnes hasta 2024). Es decir que resignamos herramientas para regular el comportamiento de variables externas ajenas a la voluntad del gobierno y los equilibrios previstos se tornan demasiado frágiles.
Perfil de vencimientos
En éste segundo cuadro tenemos gráficamente representado el peso de los vencimientos de la deuda tomada por Macri (en amarillo) y la que tomaría Alberto Fernández (en azul). Más allá de las 10 revisiones trimestrales (durante los 30 meses de desembolsos) previstas, se puede ver claramente que tendremos oficinas locales –seguramente no en la sede del BCRA como durante el gobierno de De la Rúa- del FMI por 12 años cuanto menos. Que resignamos herramientas de intervención económica y asumimos la totalidad de una estafa que implica un largo cogobierno con el FMI. Pero además –y según el cuadro- con un peso sensiblemente menor del 2024 en adelante, un favor incalculable para una derecha que ya está volviendo (acaba de ganar por 8 puntos sin contar a Milei o Espert, a 2 de los 45 requeridos por la CN para liquidarlo en primera vuelta) y gozará del beneficio de no haberse hecho cargo ni política ni jurídicamente de nada, todo al costo de un gobierno maniatado y que con cada decisión y particularmente con éste acuerdo compromete el capital político y simbólico de su socia principal, Cristina. La que amonesta públicamente y escribe cartas pero no puede –por convicciones y por el lugar que ocupa en el la herramienta electoral que forjó- hacer lo mismo que hizo Máximo, desestimar cargos para intentar proteger la autoridad política y la historia de un peronismo que desendeuda, que enamora cuando enfrenta a los poderes concentrados y que arregla los problemas financieros que hereda, pero sin comprometer el sueño de una patria libre, justa y soberana.
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