Sergio Massa está decidido a cumplir con los mandatos del FMI, entre ellos la reducción del déficit fiscal.
El acuerdo que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada exhibe luces y sombras. Si bien el gobierno logró acordar una reducción en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 por el efecto de la sequía sobre las exportaciones, el organismo internacional exigió que se mantuviera sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año.
Esto significa que el recorte del gasto público va a continuar en 2023, lo que significará todo un desafío al oficialismo en este año electoral. Massa, decidido a cumplir a priori con los mandatos del FMI, arrancó el año con una fuerte poda en distintas partidas. Las “víctimas” del recorte fueron, durante este primer bimestre, las provincias –que recibieron menos transferencias discrecionales– y la obra pública, a las que se agregan algunas prestaciones sociales como asignaciones familiares y jubilaciones.
En términos globales, el gasto primario tuvo una contracción, en estos dos primeros meses del año, del 9,4% real interanual; así lo consigna la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso (OPC) en su último informe de ejecución presupuestaria. Massa aplicó el ajuste por dos sectores más “flexibles” a ser recortados (no conforman los “gastos rígidos” del presupuesto): las transferencias que la Nación gira a las provincias por fuera de la coparticipación y la obra pública, dos rubros que los gobiernos de turno suelen manejar discrecionalmente.
En lo que se refiere a las transferencias discrecionales, la Nación les rebanó a las provincias el 38,3% en términos reales respecto del mismo bimestre del año pasado. A esto se suma que, según un informe del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF), en febrero las provincias tuvieron una caída del 2,5% real de las transferencias nacionales automáticas que la Nación les gira por coparticipación.
Son malas noticias para los gobernadores que, hasta ahora, se vienen ufanando de la buena salud que gozan sus economías; al cierre de 2022, por caso, presentaron en conjunto un superávit financiero consolidado de aproximadamente un 1% de PIB. De allí la decisión de Massa de cerrarles por ahora el grifo de transferencias discrecionales, urgido por la necesidad de cumplir con la meta pactada con el FMI de achicar a 1,9% del PBI el déficit primario.
Sin embargo, los gobernadores enfrentan la urgencia de revalidar sus títulos en sus respectivos territorios; la mayoría de ellos convocó a elecciones desdobladas de las nacionales durante el primer semestre del año. Para peor, la Nación también viene cortando el flujo de recursos para la obra pública que, además de dinamizar la actividad económica en sus provincias, suele ser utilizada como bandera electoral. Según el informe de la OPC, durante el primer bimestre el gasto de capital se recortó en un 37,4% interanual en términos reales, tendencia que se remonta desde el año pasado.
La poda tampoco tuvo piedad de algunas partidas sociales. La más afectada fue la de asignaciones familiares (-31,8% real año contra año); según explica la OPC, esto obedece a que los beneficios han tenido aumentos por debajo de la inflación. Lo mismo sucede con las jubilaciones y pensiones, que experimentaron una caída del 2% real: la razón responde a que la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad que instauró el Gobierno se ubicó por debajo de la inflación (72,5% vs 100,7%).
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Por contrapartida, uno de los rubros que experimentaron una importante suba en este primer bimestre fueron los intereses de la deuda: un 34,8% más en términos reales que igual bimestre de 2022. Según explica la OPC, esto obedece a mayores pagos de intereses por préstamos del FMI y de títulos en moneda nacional y extranjera emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda de setiembre de 2020. Está visto que Massa, más allá de las diatribas de Cristina Kirchner contra el FMI, no tiene intención alguna de desmarcarse del sendero acordado con el organismo internacional.
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