La Justicia validó 1.519 acreedores en el concurso de SanCor, prorrogó la coadministración y habilitó una cuenta inembargable para sostener la operatoria.
La Justicia federal avanzó en una instancia clave del concurso preventivo de SanCor al dictar las sentencias de verificación de créditos.
La Justicia federal avanzó en una instancia clave del concurso preventivo de SanCor al dictar las sentencias de verificación de créditos, en las que se analizaron 1.519 presentaciones de acreedores que reclaman deudas a la histórica cooperativa santafesina.
El informe, dado a conocer por el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, confirma que el proceso concursal ingresa en una etapa decisiva, con un pasivo que asciende a miles de millones de pesos y decenas de millones de dólares, tras el reconocimiento de créditos de proveedores, entidades financieras, organismos públicos, trabajadores y profesionales.
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Según el detalle judicial, entre los acreedores verificados se encuentran actores de peso en el sistema financiero —incluidos fondos internacionales—, así como organismos fiscales nacionales, provinciales y municipales. También se contabilizaron más de mil presentaciones de trabajadores, aunque la mayoría ya había sido incorporada al pasivo mediante el mecanismo de pronto pago.
En paralelo, el tribunal declaró inadmisibles 59 pedidos por falta de presentación formal, lo que implica que esos acreedores no podrán participar del proceso concursal al no haber cumplido con los requisitos básicos de verificación.
Junto con las sentencias de verificación, el juez dispuso la prórroga de la coadministración judicial de la empresa hasta el 30 de junio de 2026. La medida busca reforzar el control sobre la gestión ante un escenario crítico, marcado por una deuda postconcursal que supera los $6.300 millones y crece a razón de unos $3.000 millones mensuales.
En ese marco, también se detectaron irregularidades como retenciones impositivas y previsionales no depositadas, además del incumplimiento en la presentación del balance correspondiente al ejercicio cerrado en junio de 2025.
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Otra resolución relevante fue la habilitación de una cuenta bancaria inembargable, destinada a garantizar el funcionamiento cotidiano de la cooperativa. La cuenta, abierta en una entidad financiera provincial, estará protegida de embargos individuales, y cualquier medida cautelar deberá ser autorizada por el juez del concurso.
Tras esta instancia, la sindicatura deberá elaborar el informe general previsto por la ley concursal, en un plazo de 30 días desde la última sentencia verificatoria. Ese documento será clave para determinar la situación patrimonial de la empresa y avanzar hacia una eventual propuesta de acuerdo con los acreedores.
Además, los acreedores cuentan con un plazo de cinco días hábiles para solicitar aclaraciones sobre las resoluciones judiciales, lo que podría abrir nuevas discusiones en torno a los montos y condiciones de los créditos reconocidos.
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En un contexto de fuerte deterioro financiero, las decisiones adoptadas por la Justicia buscan preservar la continuidad operativa de SanCor mientras se encamina una negociación que será determinante para su futuro.
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