Reforma a la ley de glaciares: más de 70 mil inscriptos para la audiencia pública en Diputados
De acuerdo con la modalidad definida por el Gobierno nacional y la presidencia de la Cámara baja, solo 200 participantes podrán exponer en la audiencia.
El volumen de inscriptos para la audiencia pública abrió además un nuevo frente de discusión sobre el alcance real de la participación ciudadana.
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei abrió un debate que desbordó los canales habituales de discusión parlamentaria. Según el registro público de la Cámara de Diputados, más de 70 mil personas se inscribieron para participar de la audiencia pública convocada para analizar el proyecto, una cifra inusual para este tipo de instancias de participación ciudadana.
Miles de inscriptos para debatir la reforma a la Ley de Glaciares en Diputados
La dimensión de la convocatoria quedó sintetizada en una comparación que circula entre quienes promueven la inscripción: la cantidad de anotados equivale, simbólicamente, a llenar un estadio de fútbol. Sin embargo, el número de personas que podrán exponer será muy reducido en relación con el interés que generó el debate.
De acuerdo con la modalidad definida por el Gobierno nacional y la presidencia de la Cámara baja, solo 200 participantes podrán tomar la palabra durante las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo. El resto de los inscriptos deberá limitarse a enviar ponencias por escrito o videos.
Las audiencias se realizarán en el auditorio del anexo de Diputados entre las 10 y las 19. El primer día las exposiciones serán presenciales y el segundo se realizarán de manera virtual, a través de la plataforma Zoom. Cada intervención tendrá una duración máxima de cinco minutos.
La selección de quienes podrán hablar se hará entre los primeros anotados de cada jurisdicción, un criterio que busca garantizar una representación federal, aunque deja afuera a la enorme mayoría de quienes manifestaron interés en participar.
El objetivo de las audiencias
Las audiencias públicas forman parte de los mecanismos previstos por la legislación ambiental para garantizar la participación ciudadana en decisiones que pueden tener impacto sobre recursos naturales o ecosistemas.
En este caso, la convocatoria se enmarca en la normativa ambiental que obliga al Congreso a abrir instancias de consulta antes de avanzar con reformas de este tipo.
La inscripción para participar se abrió el 6 de marzo y permanecerá habilitada hasta el viernes 20.
El oficialismo decidió avanzar con este procedimiento luego de cuestionamientos de la oposición y de advertencias sobre una posible judicialización de la ley si se aprobaba sin cumplir con los mecanismos de participación previstos.
La organización de las audiencias fue impulsada desde la presidencia de la Cámara de Diputados y también respondió a una instrucción de la Casa Rosada, que busca evitar eventuales impugnaciones judiciales una vez sancionada la norma. La inscripción para participar se abrió el 6 de marzo y permanecerá habilitada hasta el viernes 20.
Qué cambios se discuten
La reforma que promueve el Gobierno apunta a modificar aspectos centrales de la ley vigente, especialmente en lo que refiere a la delimitación y protección de los ambientes periglaciares, áreas que rodean a los glaciares y que cumplen un rol clave en la regulación del agua.
Según explicó en diálogo con AIRE, en el programa Santa Siesta, el licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y docente universitario Inti Bonomo, uno de los puntos en discusión es quién debe determinar técnicamente qué zonas quedan alcanzadas por la protección de la ley.
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La reforma que promueve el Gobierno apunta a modificar aspectos centrales de la ley vigente, especialmente en lo que refiere a la delimitación y protección de los ambientes periglaciares.
Gentileza: Hielo&Aventura
“Lo que están intentando hacer es que la decisión que hoy tiene Nación de decir dónde hay un glaciar se transfiera a que cada provincia decida dónde está el glaciar”, sostuvo. El especialista señaló que esa modificación implicaría trasladar una definición técnica que hoy realizan organismos científicos a autoridades políticas provinciales.
“Paradójicamente, mientras dicen que quieren una evaluación técnica, lo que están haciendo es sacarle esa decisión a la gente que más sabe del país sobre glaciares ”, afirmó.
El debate sobre el impacto territorial
Bonomo también planteó que la discusión sobre la protección de glaciares excede a las provincias donde se ubican estos cuerpos de hielo. “Un glaciar de San Juan no solo da agua a San Juan. Los ríos que nacen en el glaciar atraviesan buena parte del territorio argentino y pueden afectar a otras provincias ”, explicó.
La organización de las audiencias fue impulsada desde la presidencia de la Cámara de Diputados y también respondió a una instrucción de la Casa Rosada.
En ese sentido, remarcó que el enfoque federal de la legislación ambiental se basa en la idea de que ciertos recursos naturales tienen impacto más allá de una sola jurisdicción. Por ese motivo, señaló que la normativa nacional establece mecanismos de regulación y protección que trascienden las decisiones locales.
La participación ciudadana y sus límites
El volumen de inscriptos para la audiencia pública abrió además un nuevo frente de discusión sobre el alcance real de la participación ciudadana en este tipo de procesos. Aunque decenas de miles de personas manifestaron su interés en intervenir, el tiempo disponible y la estructura prevista para las audiencias limitarán la cantidad de exposiciones.
Ante ese escenario, quienes no resulten seleccionados podrán enviar presentaciones escritas o grabar videos para dejar asentada su posición en el expediente legislativo. La audiencia pública no es vinculante, pero forma parte del procedimiento institucional previo a que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto de reforma. Su resultado quedará incorporado al debate parlamentario que continuará en las comisiones y eventualmente en el recinto de la Cámara de Diputados.
