Después de pedir que vuelva la colimba, ahora la diputada provincial Amalia Granata presentó un proyecto para crear en Santa Fe el Servicio Cívico Obligatorio.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLa diputada santafesina Amalia Granata ingresó en la Legislatura un proyecto de ley en el que propone crear un Servicio Cívico Obligatorio para jóvenes sin distinción de sexo o género, de entre 18 y 20 años de edad, con domicilio o residencia permanente en la provincia y que no acrediten estar estudiando o tener un trabajo. Duraría 12 meses y sería de lunes a viernes.
La finalidad del proyecto es fomentar habilidades relativas a la disciplina y auto-disciplina; hábitos personales responsables en cuestiones de higiene personal; cuidado del cuerpo y la salud; como también proveer a la formación en el respeto de las normas comunitarias, sociales y cumplimiento de las leyes vigentes en la comunidad.
Además busca fomentar "el respeto por los derechos individuales, los derechos humanos, la convivencia pacífica y democrática de los individuos, grupos y actores sociales, y de estos para con las autoridades gubernamentales". También estimular la participación y continuación de estudios superiores, terciarios y universitarios y fortalecer las capacidades individuales y grupales que faciliten el acceso al mundo laboral, así como a adquirir aquellas vinculadas a oficios, talleres, artes, la cultura y el deporte de alto rendimiento. Por último, tiene como finalidad "prevenir y disuadir el consumo de estupefacientes y sustancias problemáticas".
El proyecto indica que cada ingresante permanecería como interno en las instalaciones que la ley prevé para el cumplimiento del Servicio, de lunes a viernes, con salidas durante el fin de semana. Y que la autoridad de aplicación regularía las salidas y autorizaciones permitidas para celebración de festividades y acontecimientos personales.
Otro punto importante es que durante la vigencia del programa, se le proveería al "interno" de alimentación, vestimenta, elementos de higiene, estudio y los necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos para cada caso particular.
De sancionarse la ley, el servicio tendría una duración de 12 meses corridos, aunque si durante la vigencia del programa el joven acreditare relación laboral o el inicio de estudios, ya no tendría obligación de asistir. Además, admite la participación voluntaria de jóvenes, cualquiera sea su sexo o género, entre los 20 y 21 años.
La iniciativa de Granata surgió a raíz de un viaje que realizó a Israel, donde la “colimba” es obligatoria tanto para hombres como para mujeres. “Encaminaría la conducta de los jóvenes en el país”, dijo Granata la semana pasada al periodista Jonatan Viale y tomó como ejemplo la excelencia educativa de ese país. “Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso”, insistió la diputada.
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Por otra parte, indica que los jóvenes afectados que "no cumplieran con su obligación", serán sancionados con multas económicas, imposibilidad de acceso a cargos electivos comunales, municipales y provinciales, prohibición de presentación a concursos y/o designación en cargos públicos de comunas, municipios y del Estado provincial, y con la pérdida de beneficios fiscales y asignaciones económicas del Estado provincial.
En los fundamentos, Granata asegura que "los jóvenes adultos en la argentina se encuentran, en gran medida, desamparados y desahuciados, por una serie de motivos de diversa índole: resulta cada vez más difícil acceder a un empleo bien remunerado que permita a cada individuo procurarse su sustento propio, las habilidades profesionales y de oficios escasean en este segmento de la población, las actividades ilícitas –principalmente el narcotráfico proveen de aparentes 'soluciones' económicas 'fáciles y al alcance de la mano'". En este sentido afirma que "se han perdido los referentes positivos para la juventud y el sentimiento de responsabilidad y disciplina, así como el sentido de comunidad".
Respecto de la obligatoriedad, la diputada afirmó que es porque "aquella persona que se encuentra quizás desanimada, conflictuada o carente de proyectos, muy probablemente no vaya a voluntariamente enrolarse en este tipo de programas, con lo que se tornaría ilusorio en la práctica y no podría trascender de las fronteras de aquellos que ya, activamente, buscan soluciones o alternativas a su realidad personal".
Por último, propone usufructuarse la infraestructura de las fuerzas de seguridad interior de la Nación (Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) y las Fuerzas Armadas que se encuentren en territorio provincial. Además señala que podrá también la provincia hacer uso de las instalaciones del ISeP y de otros terrenos y edificios del dominio público que no estén afectados a otra función específica a la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto de Amalia Granata
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