Legisladores del PJ impulsan una ley en Santa Fe para restablecer la obligatoriedad de los serenos de buques, ante el impacto de un DNU nacional.
El bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Santa Fe presentó un proyecto de ley que busca restablecer la obligatoriedad del servicio de serenos de buques en los puertos de la provincia.
El bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Santa Fe presentó un proyecto de ley que busca restablecer la obligatoriedad del servicio de serenos de buques en los puertos de la provincia, tras la entrada en vigencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que eliminó esa exigencia en todo el país y la dejó como optativa.
La medida nacional, dispuesta a través del DNU que modificó el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, generó una fuerte reacción en el cordón industrial santafesino —especialmente en San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes— donde los gremios y sectores productivos alertan sobre los efectos negativos en la seguridad portuaria, el control de cargas y el empleo de los trabajadores que prestaban esa función.
La iniciativa legislativa de los diputados peronistas –impulsada en marzo del 2025- plantea que todas las embarcaciones comerciales o industriales de gran porte que se encuentren amarradas en puertos públicos o privados bajo jurisdicción santafesina vuelvan a ser obligadas a contar con serenos de buque durante las 24 horas. El texto propone que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, en coordinación con los entes portuarios correspondientes.
Los fundamentos hacen hincapié en que esta figura constituye un control preventivo esencial para la seguridad portuaria, tanto para la vigilancia de cargas como para la detección de ingreso de mercaderías ilegales, delitos vinculados al narcotráfico y la prevención de incidentes ambientales, funciones que —según gremios y operadores— quedaron debilitadas tras la desregulación nacional.
El proyecto también subraya el impacto directo que tuvo el DNU en el empleo de los serenos: hasta enero de 2026, la normativa vigente exigía que todas las embarcaciones mantuvieran al menos dos serenos por buque, las 24 horas, lo que generaba trabajo estable para una parte significativa de la fuerza laboral portuaria. Con la optatividad de la contratación, muchas empresas —especialmente armadores extranjeros— dejaron de contratar el servicio para reducir costos.
Desde el Sindicato de Serenos de Buques, su delegado regional explicó que entre enero y febrero de 2026 casi todos los trabajadores quedaron sin empleo ni ingresos, pese a que la prestación no representa costo alguno para el Estado, pues los salarios eran abonados por las agencias marítimas en representación de los armadores.
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Además del impacto laboral, el gremio advierte que la desaparición de este control directo a bordo dejó zonas “liberadas” en un corredor fluvial clave, con riesgos potenciales para la fiscalización de cargas y el combate al contrabando y el narcotráfico. Mencionan, por ejemplo, hallazgos de estupefacientes en buques sin presencia de serenos y denuncias vinculadas a intentos de arrojar residuos contaminantes al río Paraná, lo que pone en evidencia un rol dual de este servicio en materia de seguridad humana y ambiental.
El proyecto peronista en Santa Fe también toma en cuenta las posturas adoptadas por otras provincias. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un dictamen del Ministerio de Trabajo local consideró inaplicable la optatividad del DNU en jurisdicción bonaerense y restableció la obligatoriedad de los serenos en sus puertos, con argumentos basados en la protección del trabajo y la seguridad operativa.
En Santa Fe, por su parte, el gobierno provincial analiza el alcance del DNU con una perspectiva técnica y jurídica, preocupándose por que cualquier adecuación normativa no afecte derechos laborales ni las funciones de control estatal, pero destacando la necesidad de mantener un esquema de vigilancia adecuado dadas las exigencias del tráfico fluvial y la operatoria de la Hidrovía Paraná-Paraguay, eje logístico fundamental para las exportaciones argentinas.
El proyecto ahora ingresa en el debate legislativo, en un contexto donde interactúan reclamos gremiales, inquietudes de operadores portuarios, análisis técnicos provinciales y el impacto de una política nacional que modificó reglas de larga data en materia de seguridad portuaria. Los peronistas advierten que restituir la obligatoriedad del servicio no solo apunta a reforzar el control y la seguridad, sino también a proteger el empleo y la integralidad operativa de los puertos santafesinos, ante los desafíos que plantea la desregulación.
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