Nueva ley contra el acoso laboral: todo abuso es carnal

Antes de precisar conceptos, presentar estadísticas y analizar el articulado del proyecto, algunas frases reales aportadas por un puñado de trabajadoras, recopiladas durante el derrotero laboral de quien suscribe. Son textuales y contienen palabras que pueden herir la sensibilidad de quienes, hasta ahora, se mantuvieron distraídos ante el sufrimiento cotidiano de madres, esposas, hermanas e hijas:

• “No tiene nada que ver con las tetas y el culo, no importa si sos linda o fea, te acosan porque pueden, porque tienen el poder”.
• “Cada mañana perdía 40 minutos frente al ropero sin saber qué ponerme, cómo esconder el cuerpo, para que no me digan barbaridades”.
• “Fue cada vez peor, de los mensajes a los regalos, de los regalos a encerronas en su oficina. Si se lo decía a mi marido, perdía el trabajo y encima no sabía si me iba a creer. Al final perdí las dos cosas y me sentí una pelotuda por no hacer las cosas a tiempo”.
• “Viajaba a las delegaciones del interior y me quería llevar a toda costa. Me negué permanentemente y terminó ofreciéndome una moto y hasta una casa con tal de que tuviese sexo con él”.
• “Me encerraba a llorar en el baño casi todos los días. El único lugar donde me sentía a salvo. Mis propias compañeras me sugerían que afloje porque así el tipo se descargaba y seguro me dejaba de joder”.
• “Me dijo que le debía el laburo con que le mataba el hambre a mi hija, que él trabajaba todo el día para que sus empleados tuvieran una vida mejor y que una culeada era lo menos que podía hacer para devolverle semejante sacrificio”.

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Durante mucho más de un siglo –por estimar la longevidad de una práctica sin registros representativos ni unificados– la violencia laboral que suele combinar mobbing y acoso sexual para vulnerar la dignidad y la autoestima de millones de mujeres, ha sido y es un padecimiento cotidiano que afecta a una de cada dos trabajadoras desde que se incorporan al mundo laboral; y si consideramos los riesgos laborales desde el mismísimo momento en que una trabajadora sale de su casa rumbo al lugar donde se desempeña (lo que para accidentes laborales o enfermedades como el covid-19 calificarían como in itinere), tenemos que el asedio comienza desde que vestidas, pero desnudas a la mirada lasciva de sus acosadores, salen de sus casas a trabajar y durante el trayecto de vuelta; de casa al trabajo y del trabajo a casa, el acoso es sistemático, sostenido y se naturaliza, encarna como rasgo cultural legitimado por un orden machista, jerárquico y prostituyente (porque si “no hay precio”, habrá extorsión violatoria) que ejerce todo tipo de violencias sobre la salud psíquica y el cuerpo de las mujeres.

Cierto es que los hombres también son pasibles de ser alcanzados por prácticas violentas dentro de su ámbito laboral, pero suelen estar asociadas a destratos discriminatorios, sobrecarga, modificaciones inexplicables o desafectación de tareas o violencia física.

El mayor problema para estimar la gravedad de algo que todos los varones vemos suceder a diario en nuestros entornos laborales es que –como los accidentes y enfermedades ocupacionales reconocidos por ley– está escandalosamente sub-registrado. Sin contar con que las psicopatologías asociadas al estrés por acoso (depresión, ansiedad, amnesias parciales y hasta tendencias suicidas) no están reconocidas como enfermedades del trabajo y encuadran dentro de un grupo de riesgos tabú para el sistema de riesgos laborales: los psicosociales. Esos que se supone que, al igual que la protección legal para casi cualquier agente de exposición ocupacional, dispararían la litigiosidad de un sistema virtualmente “quebrado”, insustentable por el alto volumen de juicios acumulados y que conformarían un pasivo contingente que asfixia a empresas y aseguradoras de riesgos.

Para atender el mito de la judicialización, los abusos de “la Argentina Recalde”, según Teddy Karagozian, hagamos una cuenta simple. Según estadísticas oficiales hay unos 280.000 juicios laborales en curso en nuestro país, es un stock de juicios que viene acumulándose hace años. Si contrastamos esa cifra con los 9.600.000 trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos, tenemos que sólo el 2,91% les hacen juicio a sus patrones, de los cuales apenas un tercio tiene sentencia. Patrones que deberían invertir en prevenir accidentes y enfermedades laborales generando condiciones y medio ambiente de trabajo saludables y –si de evitar juicios por acoso laboral o sexual se trata– implementando protocolos corporativos para prevenir y erradicarlos.

Y si de cifras se trata o de que la rentabilidad empresaria se va a ir “por la canaleta de las denuncias por acoso autopercibido”, hay que consignar que según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL–Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) asegura que sólo se denuncian el 8% de los casos de acoso sexual en el trabajo y que prácticamente no existen falsas denuncias. Los abusadores suelen ser predominantemente superiores jerárquicos, CEOS, Directores, Gerentes, Jefes de Departamento, Coordinadores, Secretarios Generales y autoridades de partidos y orgas que bien pueden ser hasta nacionales y populares. Las pibas –muchas de ellas principal sostén de sus hogares– pagan con su salud el costo del agobio, sufren mucho y denuncian poco.

Ni comités mixtos, ni trabajadores con HIV, ni mujeres empoderadas

La designación Daniel Funes de Rioja al frente de la UIA, un abogado que no distingue un tornillo de una tuerca pero con vasta trayectoria defendiendo cámaras empresarias contra toda legislación garantista y que hoy impulsa la flexibilización laboral que el FMI exige como una de las condicionalidades para acordar la refinanciación del préstamo a Cambiemos que pagaremos todes, fue una de las señales más contundentes del establishment a la obstinación acuerdista del gobierno nacional.

Como representante de las patronales, en la OIT se manifestó contrario a toda recomendación de prevenir y sancionar el acoso laboral, es un crítico indudable de la Convención 190 del organismo internacional ratificada por nuestro país y ya le hizo saber a Claudio Moroni su desagrado por el proyecto de ley que se amasa en el Ministerio de Trabajo nacional. En el directorio de UIA estiman que un moderado como Moroni, afín a otro moderado consensualista como Alberto Fernández, sólo puede molestarlos dos veces consecutivas (la primera fue con el proyecto de Ley de Comités Mixtos de Salud y Seguridad) influenciado por la necesidad del gobierno de fidelizar a su electorado más progresista, básicamente kirchnerista, y se van a jugar a condicionar fuertemente los votos en ambas cámaras si toma estado parlamentario o bien evitar que se reglamenten los artículos fundamentales, como hicieron con la Ley de Teletrabajo.

Digresión importante: hay asociaciones empresariales con representación en UIA, como FISFE, que tienen posturas divergentes con Funes de Rioja. Tanto Guillermo Moretti como Walter Andreozzi son dirigente con posturas más dialoguistas y razonables, incluso impulsores de los Comités Mixtos por empresas.

Las objeciones empiezan con el artículo 1, donde se especifica que la ley regirá para los sectores públicos y privados y que podrán hacer uso de sus beneficios todes les trabajadores sin importar su condición contractual, los postulantes a un empleo e incluso quienes hayan extinguido su relación laboral. En una ampliación necesaria e inaceptable para la máxima cámara empresaria del país, la protección a les trabajadores se extiende a la modalidad de teletrabajo y a las comunicaciones producidas por todo medio y fuera del horario laboral. Esta última definición es importante pero también resulta altamente probable que sea prenda de negociación con el lobby negacionista.

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En la UIA consideran que los proyectos de comités mixtos y el de erradicación del acoso son innecesarios y generan ruidos molestos con el gobierno.

En el artículo 2 se definen los alcances de los conceptos de violencia y acoso laboral y se equiparan las intimidaciones físicas o con acceso carnal con las psicológicas. Todo abuso es carnal, grave y merece sanción, las palabras también hacen cosas, lamen, tocan y humillan y se consideran agravantes las situaciones de abuso que exploten la vulnerabilidad de las víctimas (la subordinación jerárquica es una condición de debilidad que preexiste a todas las demás).

El artículo 8 hace solidariamente responsable al empleador de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima cuando no hubiese tomado cartas en el asunto habiendo sido notificado de las situaciones de abuso y el siguiente lo obliga a crear un servicio de contención y orientación para las víctimas, que seguramente deberá afinarse y reglamentarse teniendo en cuenta el tamaño de la unidad empresaria o comercial, pero que no debería obstruir la posibilidad de reclamo judicial de les damnificades, incluso tratándose de una micro PyME.

Y lo que hasta el momento es el artículo 11 dispone la creación de un Observatorio Nacional contra el Acoso y la Violencia Laboral, en un intento de centralizar estadísticas escamoteadas, dispersas y cuyo ocultamiento no sólo invisibilizan a millones de víctimas sino que complican las posibilidades de generar políticas públicas en la escala que son necesarias.

Hijos sanos del patriarcado

Hace algún tiempo, Malena Pichot definió de manera inmejorable a los abusadores que eran disculpados por sus organizaciones e incluso por muchas mujeres. La parafraseamos en el cierre y decimos que “el hombre que acosa o que viola no es un enfermo mental aislado, no debe ser comparado con un paria o una víctima de pulsiones hormonales irrefrenables. El hombre violador no es un hijo enfermo e inimputable del mundo, es un hijo sano del patriarcado ”.

Millones compañeras necesitan un ambiente de trabajo libre de violencias y acoso, necesitan que éste proyecto sea ley. Hagamos que suceda.