Desde el 29 de diciembre de 2023 comenzó a regir la Ley de Microtráfico de drogas en Santa Fe. ¿Qué cambió durante el año de aplicación de esta norma?
Los derribos o clausuras de búnkeres se realizaron en nueve ciudades de la provincia de Santa Fe durante el último año.
Casi 9.500 denuncias o datos sobre posible microtráfico de drogas, alrededor de 4.000 hombres y 1.700 mujeres investigadas en toda la provincia, cerca de 500 allanamientos, 844 audiencias y más de 100 condenados.
A eso se suman 42 derribos o inactivaciones de búnkeres de venta de drogas -según el Ministerio de Seguridad de la Provincia-, no solo en grandes ciudades como Rosario o Santa Fe, sino también en localidades como Frontera, Villa Constitución, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Puerto San Martín, Fray Luis Beltrán y Pueblo Esther.
Estos son, a grandes rasgos, los números oficiales que arrojan las estadísticas del Ministerio Público de la Acusación cuando se cumple un año y diez días de la aplicación de la ley de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes en Santa Fe, más conocida como Ley de Microtráfico.
El último jueves, en la ciudad de Frontera (departamento Castellanos), se destruyó un búnker de venta de drogas. En los próximos días, otro será derribado y un tercero será clausurado en la misma localidad, por orden de la Justicia.
¿Qué cambió durante este último año?, ¿acaso una ley pudo generar en tan corto plazo estas consecuencias?
No existe solo una respuesta que alcance a contestar a estos interrogantes, sino que se trata de una conjunción de factores.
Entre otros, el hecho de que las fuerzas de seguridad y las fiscalías provinciales contaban, desde antes de la aplicación de la nueva ley, con un conocimiento del terreno que también contribuyó a acelerar los resultados.
De esta manera lo expresó el fiscal Franco Carbone, integrante del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General del MPA: "Desde 2014, nosotros ya teníamos el diagnóstico de la situación y durante casi una década generamos insumo de información para que investigara la Justicia Federal, pero no podíamos avanzar más allá porque no contábamos con una ley que nos respaldara".
- ¿Qué significa tener un diagnóstico de la situación?
- Desde hacía casi una década veníamos advirtiendo que cuando investigábamos casos de asociaciones ilícitas, balaceras u homicidios, en realidad había vínculos con el narcotráfico.
A modo de ejemplo, las disputas territoriales o la violencia de las barras bravas de Colón o Newell's, se producen con el narcotráfico como telón de fondo.
La barra de Newell's estuvo diez años regenteada por el narco "Guille" Cantero. De hecho, esta semana lo imputamos como jefe de esta organización. Quienes ocupan los 'paravalanchas' son los mismos que durante la semana venden droga en los barrios.
Antes, llegábamos a un punto y debíamos pasar el caso a la Justicia Federal para que ellos continuaran, pero nosotros ya conocíamos a fondo el contexto.
Desde 2014 en adelante -cuando se creó el MPA y comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe- el 60% de los homicidios en la provincia se producía por delitos por delitos comunes y el 40% se relacionaba con la criminalidad organizada.
En aquel momento, el porcentaje de esclarecimiento de los casos oscilaba en el 60%.
Sin embargo, en los últimos años la relación comenzó a invertirse, el 65% de los asesinatos comenzó a estar vinculado con la criminalidad organizada y el nivel de esclarecimiento bajó ostensiblemente.
"Comenzamos a ver que nuestros homicidios -los investigados a nivel provincial- comenzaron a estar vinculados con delitos complejos, investigados por la Justicia Federal", remarcó Carbone.
"Por este motivo -agregó-, veníamos pidiendo a gritos la posibilidad de absorber esta competencia para poder avanzar con las investigaciones".
Antes de la aplicación de la nueva ley, la Justicia provincial investigaba, por ejemplo, a una banda por delitos como usurpaciones o balaceras. Pero, en realidad, las balaceras y las usurpaciones se producían para contar con lugares desde donde para el narcomenudeo.
"Nos quedaba una pata afuera", resaltó Carbone. "Nosotros conocemos el contexto, la lógica y cómo fueron mutando esas bandas", insistió.
La aplicación de la nueva ley también significó un cambio de paradigma para los fiscales del MPA, ya que hasta el momento no existen unidades especializadas en este tipo de delitos en cada una de las Fiscalías Regionales.
Por ahora, los mismos fiscales que existían absorbieron estas investigaciones de microtráfico, lo que representó "el 70% de la carga de trabajo que se encontraba en manos de la Justicia Federal".
Según la nueva ley, la persecución penal del microtráfico por parte de los fiscales provinciales se enfoca prioritariamente a los siguientes supuestos:
- ¿En qué circunstancias una investigación debe pasar a manos de la Justicia federal?
- Existe una mesa de coordinación, con intercambio de información entre el MPA y el Ministerio Público Fiscal. Tratamos de evitar conflictos de competencia y la verdad es que durante todo este año fuimos complementarios, sin pisarnos en las investigaciones.
Incluso, a los allanamientos solemos ir juntos y, de acuerdo al resultado, se decide quiénes continúan con la causa.
Hablamos de microtráfico cuando aparece droga fraccionada en dosis listas para el consumidor o que pueda redundar en una compraventa en un barrio determinado.
Cuando esto aparece, nosotros consultamos con la Justicia federal para saber si ellos tienen el caso en el radar asociado con algún proveedor.
Así decidimos si nosotros los imputamos por microtráfico, o si continúan ellos con los datos que nosotros fuimos encontrando.
- ¿En qué casos se decide que es necesario derribar una construcción?
- En primer lugar, debemos recabar suficiente evidencia como para comprobar la actividad y presentarla ante un juez.
Además es fundamental realizar un mapeo no solo del comercio de drogas, sino también de la violencia lesiva asociada con ese lugar.
Debe darse también una situación de urgencia, como nos sucedió recientemente en la ciudad de Frontera, donde la policía fue recibida a los tiros; o en Villa Manuelita, una zona de Rosario, donde fuimos a allanar y a los tres días estaban vendiendo drogas de nuevo en el mismo lugar.
El objetivo central de estas medidas es restablecer la normalidad en el barrio o en la zona. No es fácil para los vecinos convivir con estas situaciones y con la violencia que generan, sabiendo que si un niño sale a la calle puede recibir una bala en cualquier momento.
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