El edificio, ubicado en Austria 2601, había sido recientemente cerrado por el Gobierno de Javier Milei. La toma comenzó el sábado por la tarde, cuando unas 50 personas ingresaron al lugar a través del café temático “Un café con Perón”. Según la Policía Federal, los manifestantes violentaron una puerta, colgaron banderas desde los balcones y retuvieron a agentes en el interior.
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“No tengo una imputación específica. Fue una permanencia pacífica para reclamar el derecho a la memoria histórica y frenar el avasallamiento dictatorial del gobierno de Milei, particularmente de Patricia Bullrich, que es una mujer muy perversa”, declaró Grabois tras recuperar la libertad.
También denunció las condiciones en las que estuvo detenido: “Las oficinas están llenas de ratas, no hay calefacción, todo es manual, con computadoras del año 84. Cuando sea presidente, eso lo voy a cambiar para ayudar al personal de seguridad”, afirmó.
Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró el operativo policial y sostuvo que se trató de una “usurpación violenta”. Por su parte, el jefe de la PFA, Luis Rolle, informó que hubo daños materiales, cuatro policías heridos y que los agentes habrían sido retenidos “contra su voluntad”.
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Tras pasar 12 horas detenido, liberaron a Juan Grabois
Durante la noche del sábado, una multitud se reunió frente a la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Riachuelo, para exigir la liberación de los detenidos. Participaron los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Horacio Pietragalla, el senador Federico Fagioli, y legisladores como Leandro Santoro y Juan Manuel Valdez. También asistieron los periodistas Alejandro Bercovich y Ángela Lerena.
El Partido Justicialista Nacional repudió el accionar del Gobierno y sostuvo que la detención de Grabois fue “ilegal y sin orden judicial”. “Fueron detenidos por defender el patrimonio de los peronistas”, afirmaron en un comunicado.
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El Instituto Perón fue cerrado oficialmente el 7 de mayo, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció su disolución por representar una “carga presupuestaria injustificada”. Según el Ministerio de Capital Humano, contaba con 20 empleados y un gasto anual superior a los 400 millones de pesos, sin registrar investigaciones activas.
