El jueves 12 de febrero podría tratarse en Diputados la Ley Penal Juvenil, que establece una baja de la edad de imputabilidad.
El oficialismo busca bajar la imputabilidad a 14 años. La decisión fue acordada con los bloques dialoguistas.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el jueves 12 de febrero en la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, informó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves 12 tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
El asesinato de Jeremías Monzón en el sur de Santa Fe a manos de menores de edad generó un sismo en la opinión pública y un estado de conmoción social que estimuló al Gobierno a apretar el acelerador en esta discusión.
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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien tiene bajo su responsabilidad el diseño de la estrategia y la recolección de votos en el Senado, era partidaria de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.
Ese criterio fue dejado de lado: en la discusión con los otros bloques el oficialismo no tenía los números suficientes para imponer la versión más dura del Régimen Penal Juvenil, y en caso de avanzar unilateralmente el proyecto podía desbarrancar, por lo que se prefirió cortar por lo sano y retrotraerse al estado de debate plasmado en el dictamen de mayoría alcanzado antes del recambio parlamentario.
Fuentes parlamentarias del oficialismo y de bloques dialoguistas coincidieron en que, "con este proyecto, los números están".
La única modificación respecto de aquel dictamen del año pasado tiene que ver con que se dejará librado el financiamiento a la reglamentación que establezca la Jefatura de Gabinete, sino que se dejará fijado que los fondos surjan de los convenios firmados por Nación con las provincias para su efectiva implementación del Régimen Penal Juvenil.
“Esto va a permitir firmar convenios entre las provincias con el Estado Nacional para su aplicación”, explicó Ritondo al salir de la reunión con Menem y el resto de los jefes de bloque.
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En cuanto al itinerario de la semana que viene, el primer paso se dará el martes próximo, cuando se deberán conformar las dos comisiones cuya integración está pendiente y que formarán parte del plenario de comisiones para el tratamiento de la ley.
Se trata de las comisiones de Justicia y Familia, Niñez y Juventudes, cuyas autoridades aún no están confirmadas y a esta hora seguían las negociaciones para cubrir dichos cargos.
Al día siguiente, el miércoles 11, el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista buscarán dictaminar en el plenario de comisiones (que tendrá como cabecera Legislación Penal e incluirá a Presupuesto y Hacienda) para llevar la iniciativa al recinto el jueves 12.
El proyecto consensuado establece que no se le podrá imponer al menor de edad una pena de reclusión perpetua y que la pena máxima de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En Unión por la Patria, el principal bloque de oposición, la postura mayoritaria es de rechazo a una iniciativa que consideran “punitivista” y “demagógica” y que pretende solucionar con el Código Penal una problemática que está enraizada en las desigualdades sociales.
Sin embargo, diputados peronistas sueltos como el massista Ramiro Gutiérrez ya se desmarcaron en su momento de la posición mayoritaria del bloque cuando pusieron su firma al dictamen de mayoría del año pasado.
El resto de las comisiones que deberán definir sus autoridades en plazos perentorios son Relaciones Exteriores (para el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea) y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente (cabecera del debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares).
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