Por decisión del Gobierno de la Provincia, también se terminó el vínculo con el estudio jurídico que durante años asesoró al Ente Portuario de esta capital.
El viejo edificio de la usina de la EPE en terrenos del Puerto de Santa Fe, terminó siendo el detonante del desplazamiento del director del Ente Administrador.
La salida de Daniel Cura de la Presidencia del Ente Administrador Puerto de Santa Fe no fue un hecho repentino, sino que se trató del desenlace de un proceso iniciado en febrero de este año y que desembocó en la decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, de ordenar un recambio de autoridades en el órgano encargado de conducir el Puerto de Santa Fe.
El martes de esta semana, asumió formalmente la titularidad del Ente el ahora exconcejal de Santa Fe, Leandro González, quien recorrió las instalaciones portuarias junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y otras autoridades gubernamentales, en una clara muestra de apoyo a la gestión que recién se inicia.
Distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que, el principio del fin de la presidencia de Daniel Cura, se dio el miércoles 26 de febrero pasado, cuando el Ente firmó con una empresa privada un convenio por el que se concesionaba el edificio de la vieja usina de la EPE, ubicado en la cabecera del Dique 2, con el objetivo de que fuera restaurado para desarrollar en el lugar un nuevo espacio cultural y de explotación comercial gastronómica.
A principios de marzo, la firma de este acuerdo se hizo pública a través de un diario de Santa Fe, donde incluso se llegaron a mostrar imágenes de cómo quedaría este histórico edificio luego de su restauración y explotación comercial.
Según pudo reconstruir AIRE a través de diversas fuentes, esta publicación fue el inicio del proceso que derivó en el apartamiento de Daniel Cura.
Desde el 1 de julio de 2008, el viejo edificio de la EPE se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Provincia. Pero durante 2024, el Ente inició gestiones con este Ministerio para retomar el control de la vieja usina en terrenos del puerto.
El traspaso del inmueble, de Cultura al Ente Administrador, se terminó produciendo en junio de 2024, a través de un Acta Acuerdo firmada entre Daniel Cura, como titular del Ente, y la ministra de Cultura, Susana Rueda.
El 27 de agosto de ese año, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el Decreto 1.429, por el que se aprobó el Acta Acuerdo rubricada por Cura y Rueda dos meses antes.
En este escenario, el proceso continuó. Y el 2 de octubre de 2024, desde el Ente se invitó a las empresas interesadas a participar de un "llamado de ofertas para proyectos de inversión en el Puerto de Santa Fe". La invitación tenía una fecha perentoria: el 29 de noviembre de ese mismo año.
Pocos días después, el 18 de diciembre, se informó a la empresa adjudicataria que su proyecto había sido seleccionado por el Ente en una reunión de Directorio realizada un día antes. La propuesta apuntaba a una primera inversión de 870.000 dólares, y a una segunda etapa de 1.655.000 dólares.
En definitiva, funcionarios de algunas áreas del Gobierno y de la Municipalidad de Santa Fe estaban al tanto de la intención de avanzar con una concesión del viejo edificio de la EPE en manos privadas.
Si bien existía un Decreto del gobernador, autorizando el traspaso de la vieja usina desde el Ministerio de Cultura al Ente Portuario, fuentes consultadas por AIRE aseguran que el proyecto y el acuerdo con una firma privada nunca se presentaron de manera formal ante el Ministerio de la Producción, ni llegó a los máximos niveles de decisión gubernamental.
El Ente Autárquico Puerto de Santa Fe cuenta con un director —elegido por el gobernador de la Provincia— y con una Comisión Directiva, integrada por representantes de la Municipalidad de Santa Fe, empresas de transporte marítimo, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe, terminales portuarias, la Asociación de Usuarios del Puerto de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.
Luego de que se difundiera periodísticamente y se anunciara la concreción del proyecto de espacio cultural y gastronómico, el gobernador en persona solicitó información sobre lo que estaba sucediendo, detalles sobre este acuerdo entre el Ente portuario y un privado, cómo se había llevado adelante el convenio, desde dónde surgió la idea y quiénes habían participado activamente de la decisión.
Uno de los reparos desde el Gobierno fue que no existiera un llamado a licitación para avanzar en la explotación privada de este edificio público. De todos modos, existe documentación que avala que el 2 de octubre de 2024, desde el Ente se invitó a las empresas interesadas a participar de un "llamado de ofertas para proyectos de inversión en el Puerto de Santa Fe".
Todo indica que la idea de aprovechar el inmueble abandonado, transformarlo en un espacio cultural y ponerlo en manos de privados, surgió incluso en la anterior gestión de gobierno en la provincia, aunque nunca se había avanzado en este sentido.
Finalmente, en febrero de 2025 se concretó el acuerdo. Cuando Pullaro supo lo que estaba sucediendo y ordenó dejar sin efecto el convenio, los representantes del Ente se reunieron con directivos de la empresa adjudicataria, y adujeron que el viejo edificio de la usina de la EPE no está en condiciones de ser restaurado.
La empresa aceptó el pedido de frenar el proceso, aunque solicitó un resarcimiento económico por los gastos generados en la realización del proyecto ejecutivo de lo que iba a ser un espacio cultural y gastronómico.
Otro hecho que llamó la atención del Gobierno fue que, desde hacía décadas, el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe contara con servicios jurídicos externos.
En otras palabras, se pagaba a un estudio de abogados, en este caso al estudio Orio y Asociados, para que brindara servicios legales al Puerto, una entidad pública que -aseguran desde el Gobierno- puede ser asistida por los equipos jurídicos de la Provincia. Incluso, por Fiscalía de Estado.
La decisión del Gobierno de la Provincia en este punto fue que se diera de baja el vínculo contractual entre dicho estudio jurídico y el Ente Portuario.
La tercerización del servicio de asesoría jurídica en el Puerto de Santa Fe no es un hecho aislado: en la EPE, se pagaba por servicios jurídicos externos, en ese caso a un estudio de abogados radicado en la ciudad de Rafaela.
Este vínculo también se interrumpió por decisión del Gobierno y, desde entonces, la EPE cuenta con la asistencia legal del Estado santafesino.
Por el momento, no se sabe cuál será el futuro del edificio de la vieja usina ubicada en el Puerto de Santa Fe. Mientras perteneció a la órbita del Ministerio de Cultura, no se tomaron decisiones para darle algún uso.
Lo que sí se sabe, es que este viejo edificio, derruido y abandonado en medio de una zona de alto valor inmobiliario, fue el detonante de desplazamiento de Daniel Cura como director del Ente Portuario de la ciudad de Santa Fe.
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