Aunque el anuncio aparenta ser una mala noticia para Traferri, no lo es, sino todo lo contrario. Él fue quien insistió al MPA para que lo convocaran. No se sabe aún de qué delito lo van a imputar, pero su defensa considera que quedará atrás la figura de “miembro de una asociación ilícita” que plantearon en la investigación inicial, que llevaron adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
¿Por qué la defensa del senador cree esto? Por una simple razón: los dos funcionarios del MPA que pusieron contra las cuerdas al legislador peronista no estarán en la audiencia que se llevará adelante el 8 y 9 de octubre próximo. Fueron apartados de la causa. Schiappa Pietra quedó como “asesor”, pero no estará en el recinto. Edery, después de cumplir la suspensión que le aplicaron por tener un trato irregular con testigos del caso, quedó abocado a casos de inseguridad vial.
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Los fiscales que imputarán a Traferri serán José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. Se cumplió lo que el imputado había pedido, algo inédito. ¿En qué causa un acusado puede pedir que aparten a quienes lo investigaron? El argumento de la defensa de Traferri es que no hay ningún elemento que lo una a la asociación ilícita. Pueden existir otro tipo de delitos, ejemplificaron cerca del legislador, como supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, dádivas, entre otros, que están convencidos de que podrán derribar.
Traferri, Peiti y el juego online oficial
Desde un principio, Traferri argumentó que la causa, en la que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti declaró que pagó 250.000 dólares para apoyar al peronismo en la campaña electoral de 2019, fue armada por Marcelo Saín, quien fue ministro de Seguridad y estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones del MPA.
Dijo además que Schiappa Pietra y Edery eran una especie de brazo judicial de Saín. Afirmó que cuando estos dos funcionarios fueran corridos de la causa, él se iba a presentar, que fue lo que ocurrirá el 8 y 9 de octubre. Peiti confirmó en diálogo con este periodista que pagó esa suma y que su objetivo era que el gobierno de Omar Perotti le diera una modalidad de juego electrónico legal, algo que nunca ocurrió.
Juicio a Alvarado. Los fiscales del caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los fiscales que investigaron al senador Armando Traferri y luego fueron apartados del caso.
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Peiti, a la par, pagaba sobornos a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Este último admitió su culpabilidad y firmó un juicio abreviado. Aportaba unos 5.000 dólares por mes para que, si aparecía una causa en su contra, le avisaran. Necesitaba estar “limpio” para quedarse con el juego online oficial. Además, le entregó a Los Monos salas de juego clandestinas en concepto de las extorsiones que recibía de la banda criminal. Los Cantero le exigían 500.000 dólares y un canon de 30.000 dólares por mes. Esto contó Peiti en la justicia y también lo confirmó en una entrevista que mantuvo con este periodista y el colega Hernán Lascano en un bar en Fisherton.
La Justicia de Santa Fe no investiga casos de corrupción
En octubre de 2023, el Senado retiró los fueros del senador de San Lorenzo. Lo hizo a pedido suyo porque sabía que sus “enemigos” en el MPA iban a ser corridos de la causa. Estas maniobras dejan al descubierto algo que excede su inocencia o culpabilidad, si no que exhiben la precariedad institucional que cruje cuando un fiscal investiga más allá de tabulación impuesta por el poder.
Es difícil que con estos antecedentes un fiscal se anime de acá en más a abrir una investigación contra un legislador, un funcionario político o un empresario de peso. Lo más probable es que termine sin su cargo.
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Desde el entorno de Traferri aseguran que la causa del juego ilegal fue armada por Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt/ AIRE Digital
Santa Fe es una provincia donde la Justicia provincial no investiga casos de corrupción. También porque nadie los denuncia. Ni siquiera el propio periodismo. ¿Nunca hubo corrupción en esta provincia? Por lo menos no hay antecedentes de investigaciones que comprometan a referentes de peso. La garantía tácita que reaparece ante cada cambio de mando es que nadie va a investigar nada.
Esta causa, que tuvo una dimensión quizá exagerada, apuntaba a hurgar en ese entramado que está ausente en los expedientes que con este tipo de protagonistas.
Hay algo que surge de esta causa y que no provocó sorpresa. Peiti dijo que pagó 250.000 dólares para apoyar la campaña del PJ, que llevó a Omar Perotti a la gobernación. El exmandatario niega haber recibido ese dinero. Pero el “empresario” mantiene su postura de que ese monto sirvió para solventar la campaña. Nadie investigó tampoco si existió una financiación con fondos que provenían de ilícitos de la campaña electoral de 2019.