La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja planteado por la defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento por su actuación en una investigación que descubrió una red de desvío de fondos públicos en esa provincia. Se trata de un fallo a favor de la fiscal, quien este lunes, en diálogo con AIRE había señalado que “la persecución tiene una idea que es desmontar un grupo que trabaja seriamente con independencia y seguridad de lo que hace y a conciencia de la investigación de hechos de la corrupción”.
El máximo tribunal de la Nación aseguró que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia atenta contra la garantía de la imputada de defensa en juicio.
El máximo tribunal de la Nación aseguró que la decisión del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia de rechazar por defectos formales una apelación de Goyeneche contra el proceso que podría terminar con su destitución atenta contra la garantía de la imputada de defensa en juicio. Por ese motivo, instó a los jueces locales que tomen la causa y resuelvan la cuestión de fondo planteada por la funcionaria del Ministerio Público.
“Como se advierte, la decisión apelada cierra toda posibilidad –actual o futura- de que la actora pueda plantear judicialmente la alegada irregularidad en la conformación del órgano acusador, agravio que invoca como una afectación del debido proceso constitucional (art. 18)”, argumentó la Corte.
La causa que derivó en la resolución de hoy se originó en un amparo que elevó Goyeneche —quien ocupa el cargo de Procuradora Fiscal Adjunta— con el objeto de impugnar la resolución dictada en el marco del jury.
La fiscal anticorrupción cuestionó en su reclamo ante la Corte Suprema la decisión del Superior Tribunal de su provincia de impedir que los fiscales intervengan en ese proceso, una decisión que provocó que se tuviera que designar a un abogado de la matrícula para acusarla. Gastón Justet fue el letrado Ad Hoc que aceptó el cargo luego de que varios de sus colegas se negaran a cumplir esa función.
El argumento para esa designación fue que todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amílcar García, que también fue denunciado.
El fallo de la Corte Suprema de la Nación es muy duro con el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos: “La respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas y, en consecuencia, no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.
Por ese motivo, en línea con el dictamen previo del procurador general de la Nación, la Corte Nacional resolvió hacer lugar a la queja interpuesta por la fiscal y declaró “procedente el recurso extraordinario”, además de revocar la sentencia inicial apelada.
De esta manera, el proceso vuelve al tribunal de origen “a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia con arreglo a lo expresado en este pronunciamiento”, concluye la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Yo estoy a un paso de ser destituida”
Este lunes en AIRE confesó que existen muchas posibilidades para que sea destituida de su cargo en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos.
“Yo estoy a un paso de ser destituida”, dijo al respecto la funcionaria judicial en una entrevista realizada por el conductor Luis Mino en el programa Ahora Vengo. "Desde el momento en que me suspendieron el año pasado y me sacaron de la causa contra Urribarri, está la decisión tomada de destituirme y la están llevando adelante. Están convencidos de que llegarán a ese resultado”, destacó.
Goyeneche reconoció que se siente perseguida políticamente por investigar la mayor causa de corrupción de la provincia y precisó: “La persecución tiene una idea que es desmontar un grupo que trabaja seriamente con independencia y seguridad de lo que hace y a conciencia de la investigación de hechos de la corrupción. La idea es que nosotros nos vayamos, que me vaya yo, que se vaya el Procurador general, a quien ya le han pedido el jury desde que empezó esta causa (contratos truchos) para que aparezcan un nuevo procurador y un fiscal anticorrupción. De hecho, ya mandaron un nuevo proyecto de ley de Fiscalía Anticorrupción y así cambiar eso. Con esas nuevas personas podrían tomar las causas que están en trámite y dárselas a un fiscal elegido o uno nuevo simplemente”.
Supuesto mal desempeño
Cecilia Goyeneche fue suspendida el 30 de noviembre del año pasado, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso por supuesto mal desempeño en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana.
En ese expediente, elevado a juicio, se determinó que hubo un desvío de USD 52,5 millones de las arcas del Estado, que se concretó mediante el cobro irregular de esos beneficios por medio de tarjetas de débito.
A la fiscal anticorrupción se la acusa por no haberse excusado, pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.
Pese a que hace 10 días, antes del inicio del jury, la Corte Suprema pidió el expediente, no se detuvo el proceso contra Goyeneche. Es así que, desde el lunes, la fiscal cuya investigación permitió, entre otras cosas, la condena del ex gobernador Sergio Urribarri, está sentada en el banquillo de los acusados y podría terminar fuera de su cargo y con una causa penal.
En concreto, la fiscal había presentado un amparo denunciando las irregularidades en el jury. En enero, la jueza de feria Elena Albornoz, aceptó el amparo y consideró válidos los cuestionamientos de Goyeneche. Pero luego el STJ revocó esa decisión. La fiscal presentó, entonces, un recurso extraordinario contra esa decisión, que también fue denegado. Por eso optó por la queja para llegar a la Corte.
Pero el máximo tribunal entendió que la decisión de rechazar el amparo por cuestiones formales era arbitraria y dispuso que la causa vuelva al Superior Tribunal de Provincia para que resuelva la cuestión de fondo planteada.
El fallo completo de la Corte Suprema
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