Además, envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para ampliar la información sobre las salidas del país del funcionario y su entorno, con el objetivo de reconstruir sus viajes al exterior.
En paralelo, el fiscal citó a declarar al exfutbolista Hugo Morales, quien fue dueño previo del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que Adorni adquirió el año pasado, aunque la propiedad data de 1996.
LEER MÁS ► Donald Trump amenaza: dice que Irán podría ser eliminado en una sola noche y “podría” ser el martes
Sospechas por propiedades y nivel de vida
La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, apunta a determinar si el jefe de Gabinete mantiene un nivel de vida superior al declarado, con propiedades no informadas y viajes al Caribe bajo la lupa.
Según la investigación, el inmueble donde reside actualmente habría sido adquirido por un valor inferior al de mercado y mediante una hipoteca no bancaria, lo que generó sospechas.
En ese sentido, Pollicita requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires el detalle completo de los bienes analizados, incluyendo titulares, transferencias, escrituras e hipotecas.
Viajes al Caribe y entorno cercano a Manuel Adorni
El fiscal también puso el foco en los viajes de Adorni, especialmente una presunta visita a Aruba junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
Se pidió información sobre planes de vuelo, escalas, rutas y horarios, así como datos a las aerolíneas para determinar quién contrató y pagó los traslados.
La investigación se extiende a personas cercanas al funcionario, entre ellas el periodista Marcelo Grandío, quien habría viajado con él a Punta del Este durante el Carnaval, además de otros acompañantes mencionados en la causa.
Hipotecas bajo la lupa
Otro eje de la investigación está vinculado a una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y al departamento de la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires.
Este miércoles deberá declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración de ambos inmuebles.
Las sospechas se profundizaron luego de que trascendiera que dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, habrían otorgado una hipoteca no bancaria por más de 200.000 dólares, equivalente al 87% del valor de la propiedad. Sin embargo, ambas afirmaron no conocer al funcionario, lo que incrementó las dudas sobre la operación.
