Imputabilidad de adolescentes desde los 14 años: el rol de los adultos y el desafío para Santa Fe
La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe analizó los cambios y advirtió sobre el rol de las familias ante el nuevo régimen penal juvenil.
Imputabilidad desde los 14 años: prevención, responsabilidad y el rol de los adultos en Santa Fe.
Desde las 0 del sábado 5 de septiembre entró en vigencia en Argentina el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que modifica el régimen de imputabilidad y establece que los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser responsabilizados penalmente si cometen un delito. En Santa Fe, el cambio nacional llega sobre una estructura que, según explicó Juan Cruz Giménez, defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, ya venía atravesando un proceso de transformación desde hace años.
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Imputabilidad desde los 14 años: qué deberán hacer los adultos responsables en Santa Fe
La provincia no tenía jurisdicción para modificar la edad a partir de la cual una persona podía ser responsabilizada penalmente, pero sí avanzó en la modificación del sistema que interviene cuando un adolescente entra en conflicto con la ley.
Para Giménez, la diferencia entre lo ocurrido en Santa Fe y el proceso nacional es significativa. Mientras que a nivel nacional la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil llegó después de décadas de debate inconcluso, la provincia ya había comenzado a abandonar el viejo régimen tutelar y avanzar hacia un sistema adversarial.
“Es cierto que el decreto ley de 1980 había marcado que en el régimen penal juvenil la Argentina venía con una deuda de la democracia en fijar los lineamientos de un régimen penal juvenil de acuerdo al orden democrático”, señaló el defensor durante una entrevista en AIRE, en el programa Una Tarde a la Vez.
El debate nacional, sostuvo, terminó desarrollándose “tarde en un contexto complejo de dolor”, y mencionó entre esos casos el crimen de Jeremías Monzón, además de otros hechos que tuvieron un fuerte impacto sobre las familias de las víctimas.
La discusión sobre la edad de imputabilidad, sin embargo, no había encontrado hasta ahora una definición legislativa nacional. Giménez recordó que hubo “más de 20 proyectos” que perdieron estado parlamentario a lo largo de los años y consideró que la sociedad también se modificó desde la década de 1980.
“Claramente que esa sociedad de los años 80 se modificó estructuralmente, sociológicamente, económicamente y también la política criminal”, planteó.
El adulto también forma parte del proceso
Para Giménez, la entrada en vigencia del régimen no implica que el Estado pase a ocuparse del adolescente y que los adultos responsables queden al margen.
Por el contrario, considera que madres, padres, tutores y otros integrantes del entorno deben asumir un papel activo durante todo el proceso.
“El otro gran involucrado es el adulto. Que sigue siendo civilmente responsable, que sigue siendo el tutor de ese niño o adolescente y que no puede desligarse de ningún modo de la responsabilidad que tiene el adulto sobre ese adolescente”, afirmó.
La advertencia adquiere especial relevancia porque, según señaló, muchos de los adolescentes que llegan a distintas áreas del Estado ya tuvieron anteriormente medidas de protección, cuidado o intervención.
“En muchos de estos casos que hemos observado, tristemente, falta muchas veces el adulto”, sostuvo.
El planteo de la Defensoría es que el sistema no debería limitarse a intervenir cuando el delito ya ocurrió. También debería permitir detectar situaciones anteriores y trabajar sobre ellas.
“Ese adolescente viene teniendo constantemente medidas de protección, medidas de cuidado, medidas de intervención que no terminan en una revisión de su conducta, sino que terminan en cuando un caso ya adquiere una dimensión fuera de sí”, explicó Giménez.
La mirada, entonces, apunta a que el proceso penal juvenil no quede aislado de las circunstancias familiares, educativas y sociales que atraviesan a cada adolescente.
Prevenir antes de que el conflicto llegue a un delito
La prevención aparece como uno de los ejes que Jiménez considera fundamentales frente al nuevo escenario. La Defensoría trabaja junto con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación en acciones de formación destinadas a docentes, adolescentes y centros de estudiantes.
“Creo que hay dos cuestiones, una es prevenir, formar, capacitar”, resumió el defensor.
El objetivo también pasa por informar a los propios adolescentes acerca de las consecuencias que pueden tener determinadas conductas. Giménez sostuvo que muchos todavía no conocen qué significa la entrada en vigencia de la nueva ley.
“Primero, el adolescente tiene que tener la información precisa de lo que viene. Esto es no asustarse, pero ser responsable de una cantidad de situaciones que para el adolescente podrían ser menores y que tiene su correlato en el nuevo proceso penal juvenil adolescente”, planteó.
La cuestión adquiere una dimensión particular en situaciones que pueden ser consideradas por los propios adolescentes como una broma o una conducta sin consecuencias.
Giménez puso como ejemplo las amenazas realizadas en ámbitos escolares y sostuvo que el nuevo régimen debería generar un cambio en la forma de pensar determinadas acciones.
“Hoy, claramente con el nuevo régimen penal juvenil, antes de hacer la broma, yo lo pensaría”, afirmó. La razón, explicó, es que las consecuencias no recaerían solamente sobre quien realiza la conducta.
“Eso va a recaer sobre el grupo familiar, sobre el adulto y ni hablar que va a tener consecuencias sobre el adolescente”, sostuvo.
