miércoles 26 de enero de 2022
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Impulsan una ley de adicciones en la provincia de Santa Fe

La ley de adicciones es una norma urgente para los sectores más vulnerados. Propone un trabajo enfocado desde la perspectiva de reducción de daños, es decir, desde un acompañamiento que respete la voluntad del usuario.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se encuentra debatiendo, aún en comisiones, un proyecto de ley de adicciones que busca regular el abordaje de los consumos problemáticos de drogas. Dicho abordaje se haría con una perspectiva integral y de derechos humanos.

Se trata de una norma necesaria para un amplio sector de la sociedad, y urgente para los sectores más vulnerados, y que fue elaborada por la diputada Agustina Donnet, del bloque Igualdad.

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El proyecto propone un trabajo enfocado desde la perspectiva de reducción de daños, es decir, desde un acompañamiento que respete la voluntad del usuario.

El texto de la iniciativa sostiene que “en la actualidad, el Estado sigue estigmatizando los problemas de consumo. Incluso las campañas de prevención de los últimos años reproducen una perspectiva moralista y prejuiciosa”.

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adicciones

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Mientras tanto, profesionales y organizaciones que denuncian maltratos y encierro en instituciones de rehabilitación vienen solicitando una regulación que respete la integridad de las personas usuarias. En el mismo sentido, gran parte de la juventud demanda información para tomar decisiones de consumo responsables.

De acuerdo a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas nacional (Sedronar), son cada vez más los jóvenes interesados en acceder a alguna droga ilegal, quienes por lo general deben hacerlo en mercados poco confiables y peligrosos.

Según la propuesta, las instituciones de gobierno nacionales provinciales y municipales “siguen reproduciendo una visión prohibicionista y abstencionista, marcada por la Ley de Drogas sancionada en 1989. Este paradigma resulta poco eficaz en la práctica porque avala la aplicación forzosa de tratamientos que resultan una condena para quienes deben sobrellevarlo”.

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“Si bien la ley de Salud Mental prohíbe desde 2010 toda terapia sin el consentimiento del paciente, muchas instituciones en Santa Fe habilitadas (y subsidiadas por el Estado) para el tratamiento de adicciones funcionan como lugares de encierro, algunos de ellos habiendo merecido denuncias por abandono, mala atención o violaciones de derechos fundamentales”, agrega el proyecto.

Trabajar desde la reducción de daños

El proyecto de ley del bloque Igualdad fue trabajado en conjunto con las asociaciones que abordan el tema desde el activismo y la actualización académica. Tales aportes son necesarios la construcción de un diagnóstico que incluya la participación activa de la persona usuaria, así como su familia o contexto de contención y un equipo interdisciplinario.

“Dicho abordaje contempla que los consumos problemáticos no siempre son adicciones, y que el mero consumo de sustancias no sirve para explicar un problema de adicción si no se atiende además el entorno y la subjetividad de cada persona”, se resalta en el proyecto de ley y se añade que “se plantea la conformación de una Autoridad de Aplicación que pueda realizar un trabajo interdisciplinario entre las áreas de psicología, trabajo social, medicina, actividad física, terapia ocupacional y abogacía. También solicita que se garantice la coordinación entre los ministerios de Salud, Seguridad, Educación, Justicia, Trabajo, así como con los diferentes territorios y niveles del Estado”.

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La perspectiva de Reducción de Daños se trata de una estrategia sanitaria para ampliar la cobertura de forma integral y basada en derechos humanos. En este sentido la norma “debe respetar la autonomía de las personas usuarias garantizando sus derechos, evitando la estigmatización y la criminalización, previniendo daños asociados al consumo, promoviendo actitudes de consumo responsables, y priorizando los tratamientos ambulatorios, incorporando vínculos personales de confianza y al medio donde se desarrolla la persona, considerando la internación como un recurso excepcional y extremo”.

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Asimismo, se plantea “la necesidad de una Educación Integral en Consumos Problemáticos, basada en evidencias y no en prejuicios” que abarque todos los niveles educativos, brindando a las y los jóvenes información confiable que les permita tomar de forma autónoma decisiones responsables de consumo para una vida saludable.

Otros aspectos novedosos del proyecto incluyen la creación de un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la tenencia y consumo de sustancias prohibidas que ponga un freno a la criminalización de usuarios; un servicio de análisis de sustancias -legales o ilegales- a los fines de garantizar el derecho a la información, y la asistencia sanitaria e informativa en fiestas y eventos masivos, acorde a la perspectiva de reducción de daños.

Actualmente, el proyecto de la diputada Donnet se está discutiendo en la Comisión de Salud.