Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que impulsa la producción de cáñamo y derivados no psicoactivos del cannabis con fines industriales y alimenticios.
La planta de cannabis en la República Argentina se sigue abriendo paso, lentamente, para que todos sus usos sean autorizados e impulsados. Mientras que en su aspecto medicinal o terapéutico la marihuana en Argentina ya es social, legal y científicamente aceptada –pese a que todavía hay muchos grises en su aplicación-, aún quedan otros aspectos que en los que los avances siguen siendo una deuda pendiente del Estado. Uno de esos puntos es el uso social (o recreativo) del cannabis.
Sin embargo, el uso o aprovechamiento del cannabis en su aspecto industrial y económico empieza a dar en Santa Fe sus primeros pasos. Es que la semana pasada, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que impulsa la producción de cáñamo y derivados no psicoactivos del cannabis con fines industriales y alimenticios.
Con el objetivo de quitar cualquier mirada estigmatizante de la cuestión, en la iniciativa se resalta que se considera cáñamo y derivados no psicoactivos del cannabis a las semillas, plantas y sus partes (tallos, hojas, sumidades floridas, raíces) de la especie cannabis sativa L., así como sus extractos y productos, que contengan hasta una concentración máxima en componentes psicoactivos del 1%.
Según el proyecto –elaborado y presentado por la diputada del bloque Igualdad, Agustina Donnet- la autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología cuyas funciones son autorizar y controlar la siembra, cultivo, almacenamiento, transporte, industrialización, comercio, importación y exportación de cáñamo y derivados no psicoactivos del cannabis; diseñar e implementar políticas de promoción de la producción de cáñamo y derivados no psicoactivos del cannabis para pequeños y medianos productores hortícolas y rurales, la producción cooperativa, asociativa, familiar, de la economía popular y los pueblos originarios; y coordinar con organismos nacionales y provinciales de control e investigación, como Inta, Inase, Conicet, Universidades Nacionales radicadas en la provincia y laboratorios públicos, el registro y estudio del material genético y las variedades de cannabis con propiedades de interés industrial, médico y científico.
El proyecto busca que la producción de cannabis con fines industriales sea participativa mediante la aplicación de políticas específicas de difusión, asesoramiento técnico, financiamiento y autorización para pequeños y medianos productores hortícolas y rurales y la producción cooperativa, asociativa, familiar, de la economía popular y los pueblos originarios.
Al mismo tiempo, se propone una producción agroecológica y sustentable de cáñamo. Se debe promover la utilización de formas productivas agroecológicas y ambientalmente sustentables, la aplicación de tecnologías apropiadas y la restricción del uso de agroquímicos, el respeto por la diversidad natural y social de los ecosistemas locales, la diversificación de cultivos y la revalorización de prácticas tradicionales.
En los fundamentos del proyecto, la diputada Donnet destaca que “en los últimos años se ha observado una tendencia ascendente en el mercado de cannabis, motorizado por la progresiva pérdida del prejuicio social sobre la planta, y el creciente número de países que habilitan su uso para la salud y regulan su producción”.
En ese sentido, Donnet hace referencia al documento del Consejo para el Cambio Estructural y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación denominado “La cadena de valor del cannabis: Situación y tendencias internacionales, y oportunidades para la Argentina”, publicado en marzo de 2021. Allí se resalta que las oportunidades de expansión para la industria del cannabis en nuestro país no se limitan al mercado medicinal y recreacional. “El cannabis puede ser utilizado con fines industriales y en horticultura, para fabricar diversos derivados (fibras, cosméticos, papel, materiales para la construcción, etc.), así como alimentos, bebidas e infusiones”, sostiene Donnet y agrega que “es esperable que en industrias como alimentos, cosméticos y textiles, se observe una expansión importante del mercado del cáñamo y derivados no psicoactivos del cannabis”.
Donnet sostiene que Estados Unidos “dio un paso sustantivo en esta dirección en 2018 al aprobar una legislación federal que habilita el cultivo de cannabis con menos de 0,3% de contenido de THC. La inminente remoción de obstáculos al acceso al sistema bancario en la legislación del país del norte también ayudaría a un desarrollo más veloz de la industria cannábica a nivel global”.
Según este informe, las oportunidades más inmediatas para la Argentina estarían -además de en el área medicinal- en la industria del cáñamo y una extensa serie de derivados de cannabis con muy bajos contenidos de THC. Existen no solo oportunidades para proyectos productivos, sino también para actividades de investigación y desarrollo, tanto en la etapa primaria, como en mejoras de procesos y nuevos productos.
Puntualmente, sobre la producción hortícola, la diputada sostiene que “esta producción puede ser una alternativa de diversificación y creación de empleos para algunas economías regionales, incluyendo opciones para pequeños productores y cooperativas, y puede también dar lugar a impactos indirectos hacia sectores industriales y de servicios”.
Existen numerosas aplicaciones, más o menos consolidadas desde el punto de vista técnico y de mercado, que incluyen cosméticos, fibras textiles, ropa y calzado, biocombustibles, alimentación animal, materiales de construcción, papel, fertilizantes, partes automotrices y bioplásticos.
Vale destacar que variedades de cannabis con muy bajos componentes psicoactivos pueden usarse para elaborar alimentos, bebidas e infusiones. Las semillas (con nula o indetectable presencia de CBD y THC) se pueden transformar en aceites para aplicaciones en la industria de alimentos y productos de belleza. A su vez, el grano de cannabis tiene un 30 a 35% de aceites con alta proporción de ácidos grasos esenciales, lo cual le da potencial para penetrar en el mercado de aceites de mesa solo o combinado con aceite de oliva. También las harinas remanentes de la extracción de aceites tienen alto contenido de proteínas, carbohidratos y fibras. En el campo de las bebidas, su inclusión tanto en las alcohólicas como en las no alcohólicas es una posibilidad de negocios que ya está en exploración por gigantes de la industria global.
La producción del cannabis puede ser, en general, realizada en exterior (outdoor), en invernaderos (greenhouse) y en interior (indoor).
En la producción exterior la planta crece en el campo y es alimentada por la luz solar; las condiciones de su desarrollo quedan sujetas a las características agronómicas del suelo, sumadas a los fenómenos climáticos que ocurran durante el proceso. Este tipo de técnica de producción demanda una inversión en infraestructura sensiblemente menor que las otras alternativas. Aunque la mayor variabilidad en el desarrollo de los cannabinoides y una producción más heterogénea a nivel molecular la hace menos adecuada cuando la producción es para fines medicinales, la producción outdoor es habitualmente la adecuada para los fines industriales mencionados.
Según los estudios citados, se requieren entre 10 y 17 trabajadores por hectárea bajo la modalidad outdoor. Si bien la etapa de cosecha es la de mayor requerimiento de trabajadores, el proceso de crecimiento también es acompañado por trabajos diarios que deben realizarse para el cuidado de la planta. (Rubiano Moreno, 2019; PWC, 2019).
Desde el punto de vista ambiental, cabe destacar que el cáñamo presenta huella de carbono negativa, tiene bajo impacto ambiental, es remediadora de suelos, y permite su rotación con otros cultivos.
Desde la perspectiva legal, los umbrales que distinguen cannabis psicoactivo de no psicoactivo cambian de país a país; en Colombia y Uruguay, por ejemplo, dicho umbral es del 1% de contenido de THC. En tanto, para la definición de cáñamo para uso industrial y hortícola se suelen tomar valores menores a 0,3% en Estados Unidos y Canadá y 0,2% en la Unión Europea.
Los controles sobre esta planta se reforzaron a nivel internacional a partir de la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961, que incluyó al cannabis en la Lista I y IV, donde se agrupan sustancias muy adictivas que se supone tienen escaso o nulo valor terapéutico. En nuestro país, el cannabis estaba incluido en la primera versión de la Farmacopea Argentina, habilitando su uso medicinal, pero fue removido luego de que el país adhiriera en 1963 a esta Convención de Estupefacientes. Desde entonces, estas sustancias quedaron sujetas a una serie de estrictos controles que limitaron su producción, comercio y uso.
La Convención siempre autorizó de manera explícita el cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas; sin embargo, en los hechos, su producción se reprimió en la mayor parte del mundo. Por esta razón, si bien para legalizar los mercados de cannabis medicinal los países deben establecer medidas de control, implementar un sistema de licencias y supervisar la cadena de producción y distribución, en el caso del cannabis para fines industriales los convenios no requieren la creación de estos sistemas especiales.
Según manifestó la Dra. Victoria Baca Paunero, Defensora Oficial Criminal y Correccional en la Provincia de Buenos Aires, Especialista en Políticas de Drogas; pese a que esto estaba claro cuando Argentina suscribió a estos tratados, lo que se hizo en materia de drogas fue una política de criminalización y persecución, no solamente contra los usuarios y productores, sino directamente contra la planta; de forma tan absurda que incluyó las partes que no tienen efectos psicoactivos o en salud, como puede ser el caso del cáñamo, cuyo cultivo en Argentina fue igualmente perseguido, y como es el caso de las semillas.
Al día de hoy, la Provincia de Santa Fe tiene muchas razones para avanzar con un marco normativo propio para esta industria.
En 2021 el INTA realizó un censo hortícola en nuestra provincia: más de mil productores frutihortícolas cultivan cerca de 29 mil hectáreas y dan mano de obra directa e indirecta a más de 70 mil personas. Históricamente, la provincia fue exportadora de hortalizas hacia otras provincias, principalmente a los mercados del sur; y cuenta con una producción muy diversificada que abastece a más de 4 millones de consumidores.
Sobre la propuesta presentada en la Legislatura santafesina, la legisladora destacó que “el Estado provincial debe asumir en este tema un rol prioritario de regulación y fiscalización, dadas las características descriptas de este sector, que por su estatus legal requiere de un control estricto que evite los cultivos psicoactivos ocultos, el desvío de la producción a la cadena clandestina, y el abuso de actores monopólicos”.
Y agregó: “debe promover la autorización, las inversiones y el acceso a insumos en los sectores hortícolas de pequeña y mediana escala, teniendo en cuenta las economías regionales y la vinculación de proximidad que puede tener la gestión provincial”.
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