Martín Guzmán: “El FMI le financió la campaña a Macri, el pueblo argentino está pagando esa campaña con menos oportunidades de empleo y con más inflación”.
Después de la poderosa versión de “Cerca de la revolución” que ofreció Charly García en el Auditorio del Centro Cultural Kirchner, en el mismo escenario, pero sin pilchas ni mohines de rockstar, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, deslizó que puede no haber arreglo con el FMI. “Si éstas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a crecer…”.
Hace algún tiempo, consultado sobre la discusión en torno de los derechos del Estado nacional (que es el mayor acreedor de Vicentin el principal aportante de campaña de Cambiemos después del FMI) a reclamar los 300 millones de dólares que le debe la agroexportadora, el economista y doctor en ciencias sociales Alejandro Horowicz sostenía: “Si un banco te presta a vos para comprar un auto o una máquina y usás la guita para otra cosa, eso se llama estafa, por lo tanto la idea de idea de discutir sobre el derecho o no de la acreencia con un estafador serial y sistemático, es una discusión de jesuitas hijos de puta, a favor del propietario pero no de la propiedad privada”.
Bajo la atenta mirada del director de la revista Crisis Mario Santucho, junto a Andrés Arauz (ex ministro de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador) y Yanis Varoufakis (ex ministro de Finanzas de Grecia), el ministro Guzmán coincidió sobre la noción de estafa de Horowicz cuando dijo que “el FMI le financió la campaña a Macri, el pueblo argentino está pagando esa campaña con menos oportunidades de empleo y con más inflación”.
Así como el Estado, a través del Banco Nación, le dio un préstamo a Vicentin muy por encima de las condiciones previstas en sus estatutos, que fue tomado para prefinanciar exportaciones y ampliar su capacidad operativa pero que finalmente fue fugado a través una estructura offshore, resulta que por indicación directa del ex presidente norteamericano Donald Trump y su secretario del Tesoro (que consideraban a Macri una pieza clave en el tablero geopolítico digitado por los EEUU en América Latina), el FMI le concedió a Cambiemos el mayor préstamo en la historia del Fondo, en condiciones delirantes y extorsivas de repago, violando el artículo VI de su estatuto –además de la violación interna y republicana de la Constitución Nacional y la Ley de Procedimientos Administrativos– y que fue utilizado para posibilitar la fuga de capitales especulativos y costear el despilfarro con que el gobierno pretendía retener la presidencia, entre sus principales destinos.
En síntesis, dos estafas contra el pueblo argentino perpetradas por un gobierno con legitimidad de origen (fue electo por voto directo y secreto) pero que violó las condiciones normativas que regulaban los préstamos concedidos; en el caso de Vicentin, un arreglo entre estafadores que ahora pretende ser saldado con una quita del 75% del capital adeudado y a 20 años. En el caso del FMI, aunque la estafa al pueblo argentino es admitida por un ex funcionario de Trump y el propio FMI, no hay quita de capital posible ni plazo más allá de 10 años, de hecho por éstas horas y en un gesto de endurecimiento clásico –la ficción del “Fondo bueno– se “estiran” a 4 o 5 años como máximo, reeditando las condiciones originales de imposible cumplimiento fáctico y con el fin exclusivo de condicionar.
A esta altura está claro que las deudas se honran y las estafas también. El 1° de marzo el presidente de la Nación Alberto Fernández anunciaba lo que luego se concretó en tres etapas (auditoria de la SIGEN y el BCRA, denuncia ante la Oficina Anticorrupción y constitución de la Procuración del Tesoro como querellante para investigar “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”. La denuncia hacía pie en una presentación por el director del Banco Nación Claudio Lozano, contra Macri, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris (entre otros) y recayó en el Juzgado Federal N° 5 que conduce María Eugenia Capuchetti.
Pocas noticias se tienen del avance de la causa en la que consta un informe técnico elaborado por el BCRA que prueba que el 25% de los 44 mil millones de dólares efectivamente desembolsados se utilizaron para financiar la formación de activos externos. Cualquier lector atento y con una calculadora común en la mano, sin ínfulas troskas ni partidario de la dictadura del proletariado, podría suponer que el Estado estaría en condiciones de cuestionar el pago de, al menos, 11 mil millones de dólares, apelando a una de las reglas del estatuto del FMI: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida continua considerable de capital”.
La Argentina podría exigir una quita del 25% del capital efectivamente recibido por Cambiemos en nombre del pueblo argentino, a la vez que condenar el accionar delictivo de los funcionarios que violaron leyes para hipotecar el presente y futuro de millones, pero no. Lo que se está discutiendo son las condiciones de pago; lo que está en el aire es la pregunta de Cristina Kirchner acerca de quiénes van a cargar con el peso de esta deuda (que no apunta a la oposición sino al propio Frente de Todos), pero se va a abonar hasta el último dólar y allí no hay casi nadie –excepto un puñado de funcionarios y organizaciones– que saque los pies del plato.
Se diluye la pregunta acerca de por qué –si había argumentos para establecer una posición de fuerza legitimada– se siguieron pagando los vencimientos de intereses. El próximo vence el 22 de diciembre y sería afrontado con DEGs y letras del Tesoro suscritas por el BCRA por 1.800 millones de dólares. Eso y la aplicación para bajar el déficit fiscal a 1,3% del PBI durante el primer semestre del año (impactado por una suba del 68% de los ingresos fiscales interanuales) es parte de una estrategia que no sensibilizó al FMI y parece haber activado una nueva fase en el marco de las negociaciones.
Ya en franca pospandemia, con la variante Delta controlada por la eficacia y la cobertura de los planes de vacunación y el asedio del gobierno de los EEUU a la “maquilladora de informes técnicos” Kristalina Giorgieva, la fábula del FMI conmovido por una catástrofe excepcional y capaz de conmover a los más ricos, se disolvió por completo. El borrador del acuerdo que resistía la vicepresidenta, pero muchos integrantes del gobierno nacional hubiesen firmado hace un par de meses –y que incluso en esos “amables” términos resultaba impagable–, ya no tiene validez. El FMI volvió a hacer lo que único que realmente hace desde su creación: asfixiar económicamente países en desarrollo para condicionar su soberanía política y asegurar el plan de expansión geopolítica de los EEUU. Ahora el estatuto y las formas históricas adquieren inviolabilidad repentina y, al igual que Juntos por el Cambio, sobre el pasado reciente alegan amnesia o psicosis: ni quita de capital, ni quita de sobretasas, ni 4 o 5 años de gracia, ni 10 de plazo para completar pagos.
Para colmo, acaba de recibir sus credenciales para asumir como embajador de los EEUU en Argentina un halcón republicano como Marc Stanley, el lobista del gobierno y las corporaciones americanas de turno, que acaba de declarar que “la deuda de Argentina con el FMI es enorme, el problema es que la responsabilidad de los líderes argentinos es elaborar un plan macro para devolverla y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno”. ¿Habla de Alberto, de Sergio Massa y de Cristina? ¿Qué sería un plan macro y con qué impacto en la micro? ¿Pronto viene uno? ¿Cuál? ¿Conserva secretos mejor de lo que el termo verde que lleva su nombre conserva el agua caliente?
Todo esto, además del espíritu de Charly García flotando en la Ballena del CCK (que el ministro destacó antes de comenzar su disertación) y la presión ejercida por el kirchnerismo para no firmar cualquier cosa, bien pudo impulsar el cambio de discurso del ministro de Economía, aunque él asegure que siempre pensó y declaró en los mismos términos.
“El acuerdo no está cerrado, ¿quieren saber de qué lado del conflicto de intereses estructural está cada quien en la Argentina? Miren a quién apuran en el acuerdo con el FMI, apuran al gobierno en vez de al FMI para que baje sobrecargos y acepte el programa nuestro (...) Dejen de hablar de las internas del Frente de Todos, estamos todos del mismo lado dentro de ese conflicto de intereses, del lado de gobernar para la gente”, aseguró el ministro ante la pregunta acerca de si lo único que está en debate es la oportunidad de dar a conocer el acuerdo.
Pero lo más resonante, y que provocó no pocos pedidos de explicación por parte de operadores internos, funcionarios norteamericanos y acreedores externos estrechamente relacionados con Sergio Massa y Juan Manzur, fue la frase "¿se puede decir que no? Sí, se puede decir que no, porque no va a haber nada, pero para el futuro del pueblo argentino con una alianza (sic) incorrecta, también se puede lograr un sí que funcione", para luego sí caer en el consabido pedido de corresponsabilidad a los que se beneficiaron con la estafa y la promovieron: "El siguiente paso es colectivo, no sólo del gobierno; los factores de poder también son responsables ante el pueblo".
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Guzmán no es un experto en roscas y tejidos finos, pero no parece muy difícil entender que si la idea es plantarse para cuestionar los términos del FMI, ésos poderes fácticos no te van a acompañar porque fueron corresponsables o beneficiarios directos de una maniobra con la que están de acuerdo incluso hoy; y que si la convocatoria es a suscribir en los términos coloniales de siempre -que ellos comparten- tampoco te van a acompañar, para que sea el gobierno el único que pague los costos políticos y a la postre electorales de un mal acuerdo. Entonces, a quién le habla Martín Guzmán? El monto y los vencimientos de los préstamos acordados por la actual oposición con el FMI, fueron diseñados para forzar un stand by con las reformas estructurales convencionalmente exigidas: reforma fiscal, laboral y previsional). Si la idea es exponerlos al modo "los invitamos a resolver el gran problema nacional que generaron y no acudieron", si hay un dispositivo de escrache mediático preparado para capitalizarlo, es admisible. Pero sino... cuánto duraría la Era de la Ingenuidad?
El hecho es que por primera vez, el principal negociador, casi el Ministro de Deuda, asegura que está la decisión de prolongar la disputa en beneficio del país e incluso que -a esto lo dice el que suscribe- un default podría ser preferible a un mal acuerdo. ¿Cerca de la revolución? Lejos de eso, pero a tono con el horizonte utópico de la época: cerca de la reactivación.
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