Inquietos por la fuerte caída de las transferencias nacionales, los 24 gobernadores decidieron redoblar su presión para que el gobierno de Javier Milei abra la billetera y acceda a repartir los recursos que son coparticipables, pero que retiene la Nación.
Los gobernadores se reunieron la semana pasada en la sede del CFI y acordaron reclamar en conjunto ante el gobierno nacional.
La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se encuentra en un momento de particular tensión. Inquietos por la abrupta caída en las transferencias automáticas que reciben por coparticipación, los 24 mandatarios provinciales decidieron redoblar su presión para que el gobierno nacional abra la billetera y acceda a repartir, en una mayor proporción, los recursos que son coparticipables, pero que actualmente retiene la Nación.
Los interlocutores de la Casa Rosada –el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vicejefe de Interior José Rolandi y el secretario de Hacienda Carlos Guberman– se mantienen en sus trece y, por ahora, no dan el brazo a torcer. Saben que cuentan con el respaldo del presidente Javier Milei, quien la semana pasada embistió duro contra los gobernadores porque, a su juicio, no ajustan el gasto en sus provincias.
“Es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo, desde el poder local, algunos buscan boicotear el cambio nacional”, arremetió el jefe de Estado.
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Frente a la intransigencia que muestra el Gobierno, los gobernadores, tanto aliados como opositores, decidieron estrechar filas. Reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el lunes pasado, advirtieron que, si la Casa Rosada no cede, impulsarán sendos proyectos de ley en el Congreso para modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos y así distribuir parte de la recaudación entre todas las provincias.
Los gobernadores insisten en que esos recursos, por ser de origen coparticipable, les corresponden. Señalan, por caso, que el Fondo de ATN –que se nutre del 1% de la masa de coparticipación, el 2% del impuesto a las Ganancias y poco menos del 1% del impuesto a los Bienes Personales– recaudó poco más de $365.000 millones en lo que va del año. Empero, el Gobierno sólo repartió el 25% de este fondo. El año pasado apenas ejecutó el 7%.
Por ahora, la de los gobernadores es solo una advertencia. Todavía no está tomada la decisión de presentar los proyectos de ley e impulsarlos en el Congreso. Si esa fuera la decisión política de los 24 mandatarios, difícilmente el oficialismo pueda detener su aprobación y, eventualmente, resistir el veto presidencial. Sería toda una declaración de guerra a la Casa Rosada.
“Vamos a esperar unos días a la reacción del Gobierno. Esperemos que afloje –adelantó un mandatario provincial, en estricto off the record–. Muchas provincias están con la soga al cuello y los gobernadores opositores más duros quieren avanzar. Pero hay otro grupo de gobernadores, los más dialoguistas con el Gobierno, que son más cautos. Estamos en un año electoral, Milei está arriba en todas las encuestas y no quieren ir al choque”.
Precisamente, el jefe de Estado se monta sobre su buena imagen en el interior del país para desafiar a los gobernadores. “Nosotros podemos hacer cambios profundos en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, señaló.
Y fue más allá: “Sin ir muy lejos, hace un año gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, arremetió.
Los gobernadores desmienten las acusaciones presidenciales y replican que, según datos de la propia Secretaría de Hacienda, el año pasado la presión tributaria de las provincias bajó de 5,1% a 4,8% en porcentaje del PBI, mientras que la de la Nación aumentó de 22,8% a 23%.
Habrá que ver si esta guerra de números se traduce en una guerra legislativa. Por ahora el conflicto está en ciernes a la espera de que la Casa Rosada tenga un gesto de distensión.
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