Sus palabras no son casuales. El propio magistrado promovió una acción judicial que obligó a Vialidad Nacional a reparar el tramo de la Ruta 11 que atraviesa los departamentos General Obligado, Vera y San Javier. La orden fue clara y tiene un plazo: la obra debe ejecutarse antes del vencimiento estipulado por el juzgado de Reconquista.
Tras constatar que algunos sectores no habían sido reparados, Alurralde intimó a Vialidad Nacional, lo que derivó en una ampliación contractual de seis meses para cumplir con los trabajos pendientes. Ahora los arreglos se realizarán entre el kilómetro 665 y el 931, a lo largo de más de 200 kilómetros, con obras ya financiadas y en marcha.
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Alurralde reiteró que realizará un seguimiento de los trabajos.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
“Nosotros extendimos la orden judicial a todo el tramo que corresponde a nuestra jurisdicción. No es un reclamo simbólico: esto tiene que ver con la seguridad real de quienes transitamos todos los días por la ruta”, remarcó el juez. Y subrayó: “No es un favor del Estado, es una obligación mientras la ruta esté bajo su dominio”.
El juez también confirmó que hará un seguimiento personal de los avances. “Nuestra tarea es controlar que se cumpla con la orden. No se trata de una obra de buena voluntad: es una decisión judicial para proteger a la población”, sentenció.
Esta causa judicial, inédita en su tipo para el juzgado de Reconquista, marcó un precedente. A partir de su intervención, otros magistrados federales, como el de Venado Tuerto, iniciaron procesos similares para exigir el mantenimiento de rutas nacionales en sus regiones.
Alurralde insiste en que la degradación vial no es solo un problema de infraestructura. Es una cuestión de vida o muerte: “Una ruta en mal estado puede costar vidas. No podemos esperar a que eso pase para tomar medidas”.