El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi realizó allanamientos en las oficinas de Fabián “Conu” Rodríguez, el segundo de la AFIP y expresidente de la agencia de noticias Télam, en el marco de la investigación sobre el presunto espionaje ilegal a jueces y fiscales.
Fabián "Conu" Rodríguez, el operador mediático camporista que quedó vinculado a causas de espionaje.
Por solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado secuestró celulares, documentos y computadoras de la empresa de antecedentes comerciales Sudamericana y otros domicilios de Rodríguez, quien es un dirigente vinculado a La Cámpora y cercano a Cristina Kirchner.
La acción judicial tiene como objetivo obtener más pruebas sobre los vínculos entre Ariel Zanchetta, el expolicía de la federal que está detenido por espionaje ilegal, y Fabián “Conu” Rodríguez.
Además, el fiscal busca indagar sobre la empresa Sudamericana, desde donde se obtenían informes de antecedentes de jueces, fiscales y opositores.
Se espera que el magistrado continúe con otros allanamientos, luego de haber levantado el secreto de sumario en la causa.
Hasta el momento, no se realizaron allanamientos en las oficinas de Rodolfo Tailhade en la Cámara de Diputados debido a los fueros que tiene como legislador.
Espionaje ilegal
La causa por el espionaje a los jueces se inició con dos objetivos:
1. Buscan esclarecer las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. En el expediente hay más perjudicados, como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.
2. Apuntan a saber por qué hackearon al mismo tiempo a dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.
Según detalla Infobae, la investigación también llevó a la detención de Zanchetta, quien se dice periodista. Es que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además, investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, y foco de los impulsores del juicio político a la Corte. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa al sostener: “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad, sino de un obrar criminal”.
3. El contenido del teléfono de Zanchetta disparó entonces una tercera causa anexa: la que investiga lo que apareció en sus dispositivos y revelan los detalles de una actividad de recolección de información, incluso de bases clandestinas, que apuntó contra políticos y dirigentes opositores. Y allí incluían detalles sobre su intimidad (opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales) y también sobre su entorno.
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