La Provincia de Santa Fe invierte $29.000 millones en subsidios a las escuelas privadas y algo más de $12.000 millones en planes sociales.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El debate sobre los planes sociales, su función y el costo para los contribuyentes, permite echar luz sobre el tamaño y calidad de otros subsidios del Estado, algunos ciertamente más visibles que otros. Un instrumento práctico para extraer información en este aspecto es el presupuesto 2022, básicamente porque se trata del cálculo de gastos e ingresos a desplegar durante este año.
La semana pasada, en la mesa de “Ahora Vengo”, el programa que conduce Luis Mino en AIRE, tres dirigentes clave aportaron datos sustanciosos sobre el tema: el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri; la referente del Movimiento de Organizaciones Barriales (MOB), Ana Ingaramo; y el coordinador de Los Sin Techo, José Luis Ambrosino. En esta nota se intentará continuar por ese camino.
Según el presupuesto de este año, aprobado recientemente -luego de mucha discusión- por la Legislatura santafesina, el gasto total será de $ 850.445.400.000, de los cuales $ 16.787.797.000 estarán destinados al Ministerio de Desarrollo Social. Primer dato: la cartera “planera” no llega a pesar ni el 2% de la inversión pública global, incluido el pago de salarios de su planta de personal.
Si se afina un poco el lápiz, se advierte que dentro del presupuesto de ese ministerio, el rubro “Transferencias” contempla $ 12.495.703.000. Aquí están incluidos los “planes” provinciales. Aunque no sólo eso, claro: la secretaría de Deportes, por caso, depende de esa cartera. Pero sirve como referencia.
Las comparaciones, si bien odiosas, son reveladoras. La previsión del gasto público en 2022 para Billetera Santa Fe, el exitoso programa de fomento al consumo utilizado ampliamente por la clase media, es de $ 12.000 millones. Es decir, prácticamente lo mismo que “los planes”. Si se hace el mismo ejercicio con el Boleto Educativo Gratuito, al que ya accedieron más de 200 mil estudiantes, docentes y no docentes de todos los extractos socioeconómicos, se observa como resultado que las ayudas sociales no alcanzan siquiera a duplicar lo calculado para el subsidio educativo, que es de $7.125 millones.
Más impactante aún resulta el paralelismo con la magnitud de los aportes estatales a la educación privada: $29.868.552.000, siempre de acuerdo al presupuesto 2022. Si bien allí están incluidos los salarios del personal del área gubernamental que gestiona esta materia, la abrumadora mayoría de los fondos van a parar a los establecimientos educativos particulares.
Es casi el doble que la totalidad de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social y poco menos que el triple del rubro Transferencias de esa cartera, o sea “los planes”. Representa el quinto del monto global del Ministerio de Educación, que es el de mayor volumen presupuestario.
No es una situación nueva. Son fenómenos estructurales, extremadamente difíciles de resolver, en el caso de que se tuviera la voluntad. Hay cifras que son gráficas para explicar esta complejidad: según datos oficiales a los que accedió AIRE, el 63% de los colegios católicos tienen el 100% de la plantilla docente subsidiada, el 36% captura del Estado el 80% de la inversión en personal y el 9% recibe entre el 40% y el 60% de esa erogación. No hay ningún establecimiento de la Iglesia que reciba cero pesos.
Hay planes y planes.
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