El Gobierno nacional y Santa Fe coinciden en avanzar sobre los abogados vinculados a bandas criminales
Las Jornadas de los Ministerios Públicos Fiscales dejaron coincidencias entre funcionarios del Gobierno nacional y Santa Fe sobre el crimen organizado.
El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales dejaron en Rosario una coincidencia entre funcionarios del Gobierno nacional y Santa Fe sobre el próximo desafío en la lucha contra el crimen organizado: avanzar sobre el entramado económico de las organizaciones criminales y sobre los profesionales que, según plantearon, les brindan asistencia.
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El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, coincidieron en señalar al lavado de activos como uno de los objetivos de la próxima etapa. En sus intervenciones durante las jornadas, ambos también hicieron referencia a abogados y otros profesionales que, de acuerdo con sus planteos, asesoran a las estructuras delictivas.
La discusión se produjo en el marco de la trigésimo octava edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que finalizaron este jueves en Rosario. La actividad fue organizada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.
Participaron procuradores y fiscales generales, fiscales y funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscales de todo el país, además de especialistas de Argentina, Estados Unidos, Italia y Chile. Durante las dos jornadas se abordaron, entre otros temas, organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica y cibercrimen.
El punto de coincidencia entre Pullaro y Monteoliva
Pullaro planteó durante la apertura que, después de la reducción de los niveles de violencia en Rosario y la provincia, el Estado debe avanzar sobre la estructura de las organizaciones criminales.
En ese marco, reclamó investigar el lavado de activos y apuntó específicamente contra “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”.
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El gobernador aclaró luego que sus cuestionamientos no estaban dirigidos al derecho de defensa. La precisión surgió después de que la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario cuestionara públicamente sus declaraciones y advirtiera sobre los riesgos de la injerencia del poder político sobre la Justicia.
La ministra Monteoliva, por su parte, también ubicó el lavado de activos y el seguimiento de las estructuras económicas entre los desafíos que quedan por delante. Al referirse a la situación de Rosario, sostuvo que la reducción de la violencia no significa que el problema esté resuelto.
“No es que aquí ganamos ninguna batalla”, afirmó, y planteó como objetivo impedir que la ciudad vuelva a los niveles de violencia registrados años atrás. En ese contexto, reclamó avanzar sobre el lavado de activos y sobre profesionales que, según afirmó, asesoran a las organizaciones criminales.
Así, funcionarios de Nación y Santa Fe plantearon que la lucha contra las organizaciones criminales debe avanzar sobre sus estructuras económicas y sobre quienes les brindan soporte profesional.
El cruce con los abogados penalistas
Las declaraciones de Pullaro habían generado una respuesta de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. La entidad rechazó y repudió las manifestaciones del gobernador y sostuvo que el rol del abogado defensor es velar por el respeto de las garantías constitucionales de las personas sometidas a un proceso penal.
“Si el señor gobernador tiene conocimiento de actos ilícitos cometidos por profesionales del derecho, en ejercicio del rol de abogado defensor, es obligación, en su carácter de funcionario público, de formular inmediatamente la denuncia penal por estos hechos ilícitos”, expresó la asociación.
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También planteó que las injerencias del poder político sobre la Justicia pueden afectar la independencia de poderes y el ejercicio de la profesión.
La entidad aclaró que no pretendía obstaculizar las políticas de seguridad o penitenciarias, pero reclamó a las autoridades respetar los estándares constitucionales e internacionales de un Estado de Derecho. Además, pidió que la prudencia y la cautela prevalezcan en los discursos de funcionarios políticos y judiciales.
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Pullaro respondió durante las jornadas que su planteo no apuntaba contra los abogados que ejercen el derecho de defensa, sino contra quienes, según su descripción, forman parte de las organizaciones criminales. “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando, tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No le hablamos al derecho a la defensa; le hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”, cruzó el mandatario.
