Según el Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial, para el 31 de diciembre de 2026 todas las rutas nacionales deberán contar con vías automáticas canalizadas con barreras y/o con sistemas de cobro “free flow”, es decir, sin detención ni cabinas tradicionales.
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Para el 31 de diciembre del 2026 todas las cabinas de peaje tendrán que tener incorporado el TelePase.
La medida modifica el artículo 20 del Decreto 196/2025 y otorga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la responsabilidad de definir el cronograma de implementación, con la facultad de extender los plazos en casos excepcionales, de acuerdo con las características de cada tramo o estación de peaje.
El Gobierno justificó el cambio señalando que la modernización del sistema de cobro es clave para garantizar un tránsito “más fluido y seguro”, además de mejorar la sustentabilidad económica de las concesiones viales. El objetivo oficial es avanzar hacia un uso generalizado del dispositivo TelePASE, para combatir la evasión y asegurar la previsibilidad en la recaudación.
“Resulta prioritario avanzar con una política institucional que promueva y consolide el uso del TelePASE como herramienta base”, destacó Vialidad Nacional en los considerandos.
Peajes: qué cambia con el nuevo decreto
Con esta modificación, el Ejecutivo dejó sin efecto el esquema anterior, que establecía avances progresivos para 2025, 2026 y 2027, y estableció una fecha unificada para las rutas concesionadas: diciembre de 2026. A partir de entonces, deberán operar con alguna de estas modalidades:
- Vías automáticas canalizadas con barrera (lectura del TelePASE y apertura automática).
- Vías free flow, sin barreras, con detección de dominio y cobro posterior.
El sistema “free flow” ya se utiliza de forma parcial en algunos accesos metropolitanos, pero su avance ha generado debates entre usuarios por multas automáticas y falta de señalización en ciertos tramos.
La decisión del Gobierno Nacional se enmarca en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. y en las futuras licitaciones de los corredores nacionales previstas bajo la Ley 17.520 de concesiones por peaje.
El Gobierno insistió en que la participación privada será “esencial” para la construcción, ampliación y mantenimiento de la red, y que la modernización del sistema de cobros será una condición clave en los nuevos contratos.