La “primavera” que goza el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, podría acabar antes de lo que esperaba. El “fuego amigo” kirchnerista comenzó, tibiamente por ahora, a marcarle límites.
Cristina Kirchner junto a Sergio Massa, poco antes de su asunción como ministro de Economía.
Empezó con un tuit de Cristina Kirchner, quien aprovechó los nuevos datos de pobreza e indigencia para reflotar una bandera del kirchnerismo duro: la intervención estatal en los precios de los alimentos.
Le siguió un discurso de su hijo Máximo, en el que lamentó que el Gobierno haya puesto al país “de rodillas” ante las cerealeras al habilitar un “dólar soja” para que los productores liquiden sus granos.
La saga continuaría con el debate del proyecto de ley de presupuesto 2023 que presentó Massa en la Cámara de Diputados: de manera soterrada, por ahora, no son pocas las voces kirchneristas que se quejan por el ajuste del gasto contemplado en la llamada ley de leyes.
Una paz precaria: niegan conflictos internos entre Massa y los Kirchner
Desde la cartera de Hacienda como también en las usinas kirchneristas relativizan las versiones que dan cuenta de conflictos internos y aseguran que la relación entre Massa y los Kirchner se mantiene sin cortocircuitos y en contacto permanente. Sin embargo, lo cierto es que hay movimientos subterráneos en el kirchnerismo que podrían alterar esta paz precaria.
En efecto, el jueves pasado, el Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, volvió a presionar por el bono para los sectores vulnerables. Al anunciar la instrumentación del llamado “dólar soja”, Massa se había comprometido a disponer de parte de esos fondos recaudados (el total llegó a US$ 8.123 millones) para reforzar la seguridad alimentaria.
“Nos preocupa que estando ya en octubre no haya pasado aún. Debería ocurrir en lo inmediato, no queremos pensar que se piense prorrogar y rever la medida a la que se comprometieron”, planteó el oficialista Itaí Hagman, uno de los tres diputados que responden a Grabois. Hagman dejó trascender que condicionará su aprobación del presupuesto 2023 a que el Ministerio de Economía cristalice su promesa.
Vuelve el debate por la ley de Ingreso Complementario
En paralelo, la senadora ultrakirchnerista Juliana Di Tullio tiene previsto avanzar en los próximos días con la ley de Ingreso Complementario, un proyecto que prevé un piso de ingresos universal equivalente a la canasta básica alimentaria.
Se trata de una iniciativa que apunta contra los esfuerzos del Ministerio de Economía de bajar el déficit fiscal y respetar las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, la sola mención del FMI altera los ánimos del sector oficialista que representa a los movimientos sociales. “Si es un presupuesto de ajuste, se va a discutir fuertemente”, anticipó Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. “Basta de ajuste a los trabajadores, el presupuesto tiene que generar trabajo y apuntar a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados”.
Juntos por el Cambio acompañará el proyecto de presupuesto 2023
Más allá de las presiones dentro del propio espacio oficialista, lo cierto es que por ahora la aprobación del presupuesto 2023 estaría garantizada: como sucedió con el acuerdo con el FMI, Juntos por el Cambio demostró su buena predisposición para votar la iniciativa si el oficialismo se aviene a algunos cambios.
“Sergio (Massa) nos está haciendo el trabajo sucio de ajustar el gasto público antes de que nosotros lleguemos al gobierno el año próximo”, deslizaban en el principal espacio opositor. En Juntos por el Cambio no quieren repetir el escándalo del año pasado cuando, en la Cámara de Diputados de la Nación, se rechazó el proyecto de presupuesto para 2022.
“Será un año electoral y el presupuesto, aunque luego el Gobierno reasigne partidas de manera discrecional, constituye una hoja de ruta, un límite”, enfatizan los opositores.
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