El fin de una vieja creencia argentina: la ley del "lobizón" quedó a un paso de desaparecer
La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa del Gobierno nacional que busca derogar más de 70 normas obsoletas en Argentina.
Imagen generada con inteligencia artificial
La Cámara de Diputados le dio media sanción a la denominada “ley hojarasca”, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei para derogar más de 70 normas que considera obsoletas. Entre ellas aparece una de las más singulares de la historia argentina: la ley de padrinazgo presidencial para el séptimo hijo varón o mujer, conocida popularmente como la “ley del lobizón”.
Te podría interesar
Argentina podría despedirse de una de sus leyes más curiosas: el caso del “lobizón”
La iniciativa abrió un nuevo debate político y cultural alrededor de una norma que nació para combatir supersticiones populares, terminó institucionalizada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y que, más de 50 años después, podría quedar definitivamente eliminada.
El proyecto recibió 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones en Diputados, y ahora deberá ser tratado por el Senado.
Una ley nacida para combatir el miedo al “lobizón”
La historia detrás de la norma se remonta a comienzos del siglo XX. En 1907, el entonces presidente José Figueroa Alcorta aceptó convertirse en padrino del séptimo hijo varón de una familia de inmigrantes rusos.
La decisión buscaba enfrentar una creencia muy arraigada en distintas regiones del país: el mito de que el séptimo hijo varón podía convertirse en “lobizón”, una figura legendaria asociada a maldiciones y transformaciones sobrenaturales.
La superstición generaba situaciones de discriminación y temor social, especialmente en zonas rurales. En algunos casos, incluso se registraban abandonos de niños o intentos de ocultar nacimientos.
Con el paso de los años, la práctica presidencial se mantuvo de manera informal hasta que en 1973, durante el tercer gobierno de Perón, el Decreto 848 institucionalizó oficialmente el padrinazgo presidencial para el séptimo hijo varón y también para la séptima hija mujer.
De símbolo cultural a beneficio estatal
En sus primeros años, el padrinazgo tenía un carácter meramente simbólico. El Estado otorgaba una medalla recordatoria y una representación oficial en el bautismo, pero no existían beneficios económicos.
Eso cambió en 1974, cuando el Congreso sancionó la Ley 20.843. La norma amplió el alcance del régimen y estableció becas educativas para quienes fueran apadrinados por el Presidente de la Nación.
A partir de entonces, el Estado garantizó acceso gratuito a estudios primarios, secundarios, universitarios y especiales en establecimientos oficiales, además de asistencia para útiles, libros, alojamiento y alimentación.
Para acceder al beneficio, las familias debían cumplir determinados requisitos: tener siete hijos del mismo sexo vivos, estar legalmente casados y acreditar buena conducta.
Una coincidencia inesperada en el Congreso
El tema también dejó una particularidad política: el oficialismo y sectores opositores coincidieron en el objetivo de eliminar la norma, aunque por motivos distintos.
El diputado socialista Esteban Paulón había presentado en septiembre de 2024 un proyecto para derogar el padrinazgo presidencial, al considerar que se trata de una legislación basada en creencias y concepciones sociales ya superadas.
Esa iniciativa llegó a pasar por comisiones, pero nunca fue tratada en el recinto. Este año volvió a ser presentada.
En paralelo, el Gobierno incorporó el mismo planteo dentro de la “ley hojarasca”, presentada originalmente en octubre de 2024 y reimpulsada nuevamente en marzo de este año.
Qué pasará con quienes ya tienen el beneficio
Uno de los puntos que quedó contemplado en el texto aprobado establece que las personas que actualmente reciben prestaciones derivadas de la Ley 20.843 podrán optar por mantener esos beneficios.
LEER MÁS ► Federico Sturzenegger anunció el proyecto de Ley Hojarasca para derogar leyes obsoletas
El artículo segundo del proyecto señala que quienes ya sean beneficiarios al momento de entrada en vigencia de la eventual derogación podrán continuar percibiendo las prestaciones educativas previstas por el régimen actual. De esa manera, el cambio impactaría sobre futuros casos, pero no eliminaría derechos ya adquiridos.
La “ley hojarasca” y el argumento de las normas “obsoletas”
La derogación de la llamada “ley del lobizón” quedó incorporada dentro del paquete de normas que el Gobierno busca eliminar bajo el argumento de simplificar el Estado y suprimir legislación considerada innecesaria o desactualizada.
La iniciativa forma parte de la denominada “ley hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde el oficialismo sostienen que muchas de esas leyes responden a contextos históricos superados y que mantenerlas vigentes genera burocracia innecesaria.
Sin embargo, la discusión excedió rápidamente lo administrativo y derivó en un debate cultural y político. Algunas voces cuestionaron que dentro del mismo paquete se incluyan normas vinculadas a áreas sensibles, como la producción pública de medicamentos o programas de asistencia social.