Se vienen días intensos en el Congreso. El presidente Javier Milei llevará al recinto iniciativas que busca cristalizar como su sello de gestión y que se empiezan a tratar a partir de la semana próxima.
Las iniciativas que se debatirán en el Congreso son trascendentales por su implicancia.
Las principales iniciativas que el presidente Javier Milei pretende cristalizar como su sello de gestión comenzarán a pasar por el tamiz parlamentario a partir de la semana próxima. El oficialismo está confiado; fortalecido en las encuestas y sin rivales de peso que le hagan sombra, el único obstáculo que enfrenta es, curiosamente, su capacidad de cometer errores no forzados.
Los libertarios han dado muestras sobradas de ello: el último episodio fue la salida de Marco Lavagna del Indec, hecho que puso en tela de juicio la confiabilidad en el índice de inflación.
Las iniciativas que se debatirán en el Congreso son trascendentales por su implicancia. En la agenda más inmediata figuran el proyecto de modernización laboral y los acuerdos que firmó el país con Estados Unidos y la Unión Europea.
Los tres perfilan cambios sustanciales en la estructura económica argentina con modificaciones destinadas a consolidar su apertura y desregulación, de la mano de dos objetivos centrales: preservar la alianza con Donald Trump y sostener la política de desinflación.
El proyecto de modernización laboral se discutirá este miércoles en el Senado, cita a la que el oficialismo concurrirá sin tener —al menos hasta hoy— la mayoría de los votos asegurada para aprobar, sin cambios, todos y cada uno de sus artículos.
El oficialismo admite que introducirá cambios; el interrogante es hasta qué punto estará dispuesto a ceder en su tironeo con los gobernadores, reacios a perder fondos coparticipables con la reducción de impuestos que propone la reforma.
Un dato a aclarar: las rebajas de impuestos que propone el Gobierno apuntan principalmente a las empresas y, en particular, a las de mayor envergadura. No se prevé por ahora un alivio tributario al contribuyente de a pie.
Los gobernadores sostienen que la reducción en el impuesto a las sociedades y la eliminación de los gravámenes internos a los artículos suntuarios que prevé el proyecto les quitará entre $5.000 y $6.000 millones mensuales de coparticipación. Reclaman una compensación por esa eventual pérdida. La Nación, por ahora, no les dio respuesta.
El acuerdo con los Estados Unidos promete dar que hablar. Uno de los puntos que más polémica promete desatar es el referido a los derechos intelectuales. En el acuerdo firmado se establece que el Congreso deberá ratificar expresamente antes de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), del cual participan 100 países.
Este convenio global permite que un laboratorio que patenta su invención en uno de los países firmantes queda protegido en todos. Es posible que los lobbies de los laboratorios locales comiencen a actuar de manera dramática en el Congreso y haya resistencia de algunos bloques en "defensa de la industria nacional".
La protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por 20 años una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.
A manera de compensación, el presidente Trump accedió a firmar el decreto que quintuplica el cupo de importaciones de carne vacuna argentina a los Estados Unidos, elevando el cupo total a 100.000 toneladas. Una buena noticia que, sin embargo, tendrá poca cuerda: solo regirá para 2026.
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