A través de las redes sociales, distintos sectores del kirchnerismo convocaron a una movilización para el 1° de febrero contra la Corte Suprema de Justicia. La manifestación es alentada bajo la consigna #1FMarchamosALaCorte. La marcha está convocada para las 18 en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno nacional no participará en forma explícita en la marcha contra los jueces de la Corte.
Quien aparece al frente de la movilización es el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, padre de Alejo, quien llevó adelante la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio. Además, estará el dirigente social y exfuncionario kirchnerista Luis D’Elía. Otro que tendrá un rol protagónico es Pablo Moyano, segundo del gremio de Camioneros e integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT).
El Gobierno nacional no participará en forma explícita.
A la vez, un grupo de más de 120 abogados impulsa en estas horas una marcha para apoyar a los jueces de la Corte, acompañados por puntuales referentes de la oposición.
Bajo el lema de “Defender la Justicia”, la manifestación fue convocada para el próximo jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ha viralizado en redes sociales bajo la etiqueta #3F.
Los que impulsan la movida publicaron un comunicado en el cual hacen mención a “una embestida judicial por parte del oficialismo en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Rechazo de la oposición
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, rechazó la marcha del oficialismo y dijo que "es un atentado al principio básico de una República democrática y su división de poderes".
El diputado Mario Negri, de la UCR, señaló: "Solo falta que el Presidente y la Vice se sumen para terminar de sincerar que la marcha del 1 de febrero tiene carácter destituyente contra la Corte Suprema. Primero fue el viceministro de Justicia, luego el ministro de Seguridad, ahora la interventora de la AFI. Son repudiables".
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