Tras la destitución por parte de la Legislatura de Marcelo Sain de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA, los senadores del Bloque Lealtad y los diputados provinciales del Bloque Justicialista emitieron un comunicado en el cual advierten que la decisión “ocasionará graves perjuicios económicos” a la provincia ya que ahora Sain estará en condiciones de recurrir a los tribunales superiores.
En sesión conjunta, diputados y senadores aprobaron por amplia mayoría (50 a 12) la remoción de Marcelo Sain de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA.
Además, los senadores y diputados del justicialismo señalaron que la destitución del exministro de Seguridad –y ahora exdirector del Organismo de Investigaciones– “pone de manifiesto la intención del Poder Legislativo de avanzar sobre los límites del Poder Judicial”.
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El comunicado lleva las firmas de los seis senadores alineados con la Casa Gris (Alcides Calvo, Ricardo Kaufmann, Cristina Berra, Marcos Castelló, Marcelo Lewandoski y Eduardo Rosconi) y de cuatro diputados del oficialismo (Leandro Busatto, Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Ricardo Olivera).
No adhirieron al comunicado los seis senadores del Bloque Juan Domingo Perón (liderado por Armando Traferri, quien mantiene un largo enfrentamiento con Sain) y tampoco los diputados oficialismos Oscar “Cachi” Martínez, Paola Bravo y Luis Rubeo.
“La destitución no sólo pone de manifiesto la intención de un poder, en este caso el Legislativo, de avanzar sobre los límites de otro poder, el Judicial, sino que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos, ante el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de recurrir una decisión, que a todas luces se toma ignorando la ley, ante tribunales superiores”, señalaron en el comunicado.
“Entendemos que la ley Nº 14.016 (incompatibilidades de funcionarios del MPA) constituye un claro ejemplo de “desviación de poder”, ya que su única finalidad fue remover al director del Organismo de Investigación. Desvirtúa la labor legislativa al utilizar su potestad constitucional de dictar normas de carácter general sólo para afectar a una persona”, agregaron los legisladores del PJ.
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Por último, sostuvieron que “la acusación que se hace sobre él (Sain), suponiendo que efectivamente haya ocurrido el ejercicio de “actividad política” por la publicación de algunos tuits, no puede de ningún modo implicar la máxima sanción que prevé el ordenamiento jurídico: la remoción del organismo e inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años. La falta de razonabilidad de la pena es evidente”.
“Un proceso arbitrario”
Para la diputada Matilde Bruera, la destitución de Sain forma parte de “un proceso arbitrario de persecución política y de abuso de poder”. La legisladora del PJ agregó, en alusión a los integrantes de los bloques opositores que promovieron la remoción de Sain: “Hay guardianes de la ley que impiden el acceso a la ley, incluso en este Palacio Legislativo. Han quebrado el estado de derecho”.
Este jueves, en sesión conjunta, diputados y senadores aprobaron por amplia mayoría (50 a 12) el dictamen remitido por la Comisión Bicameral de Acuerdos, encargada de llevar a cabo el procedimiento disciplinario contra Sain por proselitismo, acción que le está prohibida por ser funcionario del Poder Judicial. De esa manera, Sain fue destituido de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA, al que había accedido por concurso en 2018.
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