Para afinar la puntería, los mayores depositarios de esta suerte de “odio social persistente” –en una sociedad tramada por el racismo ideológico– son los cargos de la alta jerarquía y lo que denominaremos personal administrativo estable y de atención al público, que desde la década del 90 (cuando el menemismo cultural instaló con fuerza inédita esto del sector privado virtuoso y eficaz contra un Estado corrupto, caro e ineficiente) es sintéticamente estigmatizado por Flora y González, dos personajes interpretados por Antonio Gasalla y Norma Pons, cholulas, groseras, vestidas con el “pésimo gusto que se pueden permitir dos ratas de burocracia”, maltratadoras seriales y que el capo cómico tomó de una serie de avisos televisivos de la dictadura militar, donde se hizo escuela desarmando el Estado en dos dimensiones simultáneas: vendiendo sus empresas, achicándolo y desapareciendo trabajadores por sus ideas políticas y destruyendo su prestigio.
Y es justo y hasta objetivo decir que este puñado de prejuicios y amenazas de poda (habiendo ya señalado la fijación “estadocida” del peronismo en sus variantes menemista y neomenemistas), suelen estar en boca de macristas, radicales (salvemos a Santoro, Moreau y otros cuatro) y esa reciente formación neofascista que se presentará a elecciones como libertarios y que irán subiendo su precio de alquiler en el Frente Antiperonista, dependiendo de cuán ajustado sea el balotaje. En su recorrida por la costa, más precisamente en Cariló (adonde el turismo obrero no ingresa ni salpica), Javier Milei acaba de presentar su Plan Motosierra para achicar el Estado, que supone podar 12 áreas con casi todo lo que tienen adentro, es decir trabajadores y trabajadoras. Porque para la ultraderecha vernácula, “mejor que prometer es amenazar”: ya no hacen campaña con la revolución de la alegría ni habrá un spot como el de Mauricia Macri hablándole “a los votantes de Daniel (Scioli)” para sumarlos a la Argentina que todos soñamos.
¿Datos? Arrugan la ropa, pero moderan la sarasa
Analicemos cifras concretas y contrastadas, aportadas por la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía nacional, el INDEC y el gobierno de la provincia de Santa Fe y difundidas por la Red Federal de Políticas Públicas, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación y el gobierno de Santa Fe.
La composición del empleo en la Argentina: hay 10.076.900 asalariados registrados, de los cuales el 48% son privados, el 26% empleados públicos, el 19% monotributistas (los que más han crecido en los últimos tres años y que representan un 30% del empleo estatal precario), el 4% autónomos y el 3% de casas particulares. Los estatales representan unos 3.373.000 trabajadores dependientes del gobierno nacional (20%) y de provincias y municipios (80%) y representan el 8% de la población total, por debajo de la media del 10% de los 38 países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según CIPPEC la evolución del empleo en estos tres niveles, tomando una serie histórica muy amplia, fue realmente dispar.
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Solo mención de algunas de las variables que explican esta evolución: las crisis económicas que promovieron el incremento de la cobertura social estatal con la consecuente ampliación del plantel de agentes, la descentralización de los servicios educativos, de salud y de previsión social durante el menemismo y el valor del empleo público como sostén del empleo en provincias con escasos recursos naturales y de recaudación tributaria. Y hablando de provincias, presentamos una serie más corta de la evolución del empleo estatal en Santa Fe, pero en miles de personas.
Otra cuestión a considerar es que la mayor parte del gasto público en Argentina está relacionado con la provisión de bienes y servicios esenciales (educación, salud, seguridad), que explican un 60% de los empleos estatales. En lenguaje técnico aquí lo que hay es una “rigidez funcional” inelástica a la desmalezadora de Juntos por el Cambio y a la motosierra de Milei; en términos humanos y del mejor capitalismo liberal, ese que reclaman el Papa y el populismo reformista, lo que hay es un piso de derechos que el mercado no garantiza y el Estado debe asegurar para todo el que habite suelo argentino, sí: bolivianos y paraguayos también.
Pero presentemos una serie menos extensa y en miles de personas para el empleo público en Santa Fe, desde la cifra que dejó Jorge Obeid en su segundo mandato (2003-2007) hasta el año 2022, último estadísticamente consolidado.
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Antes de que los antiestatistas pongan el enésimo grito en el cielo, diremos que no compartimos la obsesión neoliberal y libertaria por la cantidad, ni siquiera contrastada contra Gasto Público Consolidado o PBI. La estructura del Estado suele crecer con la población que atiende, con la complejidad de los problemas que decide resolver, con el proyecto político que define un modelo de gestión que requiere más o menos estructuras y agentes (clave) y porqué no y en menor medida por la “agencia de colocaciones” del partido o frente de turno.
Preferimos poner en el centro del debate las intenciones del proyecto, la profesionalización del personal y por cierto que la calidad de los servicios que presta. Dicho esto, hay que decir que en 16 años el empleo público se incrementó notablemente durante las tres gestiones del Frente Progresista (particularmente durante el gobierno de Antonio Bonfatti), que le dejó a Omar Perotti una planta con 31.401 trabajadores más que lo que había recibido de Jorge Obeid. El más austero en la creación de cargos de planta y temporarios fue Miguel Lifschitz, pero dejó más de 1.500 precarizados (mayoritariamente en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Cultura) que el actual gobierno está regularizando paulatinamente. Otro dato relevante –por cuestionado– es el plantel de personal político, que al final del gobierno de Lifschitz ascendía a 806 (más del doble que los que tenía Obeid en su último mandato) y que el actual gobierno redujo en un 50% en los primeros tres años de mandato.
Pero si además establecemos la relación empleo público con el total de habitantes, la provincia de Santa Fe presenta 39 por cada 1000, muy debajo de la media nacional (69) y solo superada por Córdoba. Haciendo la cuenta con los datos actualizados del empleo público y el Censo 2022, la cantidad desciende a 30.
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Si introducimos otros datos, como por ejemplo la pérdida de poder adquisitivo de los estatales medida por el SINEP (Sistema Nacional del Empleo Público) fue del 34% en términos reales, durante los últimos cinco años; 31 puntos durante el macrismo y tres puntos con el Frente de Todos, que pudo aminorar drásticamente la caída.
Ni muchos, ni caros, ni improductivos. El recorte indispensable para disponer de más recursos para más y mejores obras de infraestructura, hospitales, escuelas y fortalecer la seguridad social, no está en el achique o poda del empleo estatal o la insignificante y marketinera propuesta de bajar los sueldos de los funcionarios (un gesto, ninguna solución), sino en el combate fallido contra la evasión tributaria –primeros en la región y cuartos nivel mundial– y la fuga de capitales que, según el INDEC y actualizada a setiembre 2022, ascendía a 359.259 millones de dólares.
