La designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia incluye un proceso que combina decisiones del Ejecutivo, control legislativo y participación ciudadana.
La designación de nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe atraviesa un procedimiento reglado que combina decisiones del Poder Ejecutivo, control legislativo y participación ciudadana.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La designación de nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe atraviesa un procedimiento reglado que combina decisiones del Poder Ejecutivo, control legislativo y participación ciudadana. El proceso, que se activa ante las vacantes previstas para 2026, está definido por la reforma constitucional provincial y contempla instancias públicas obligatorias.
El gobernador Maximiliano Pullaro formalizó en diciembre de 2025 la propuesta de tres candidatos para ocupar los cargos que quedarán vacantes en el máximo tribunal. Los nombres —Aldo Mario Alurralde, Diego Luis Maciel y Jorgelina Mabel Genghini— fueron incorporados a un decreto que puso en marcha el cronograma de evaluación de antecedentes y abrió el período de observaciones públicas.
Durante esa primera etapa, que se extendió hasta comienzos de enero de 2026, se habilitó la presentación de adhesiones, impugnaciones u objeciones por parte de ciudadanos, organizaciones e instituciones. Concluido ese plazo, el Ejecutivo remitió los pliegos a la Legislatura, donde comienza la fase decisiva del procedimiento.
A partir del ingreso formal de los pliegos, la Legislatura dispone de un plazo máximo de 45 días para resolver. Así lo establece la Constitución reformada en 2025, que eliminó el mecanismo de aprobación automática por el mero transcurso del tiempo (sanción ficta) y exige una definición expresa mediante votación.
Uno de los puntos centrales del cronograma será la realización de una audiencia pública obligatoria. Esta instancia, prevista por ley, permite que los postulantes expongan su trayectoria, respondan preguntas y que la ciudadanía pueda expresar opiniones a favor o en contra de cada candidatura.
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La presidenta de la Comisión Bicameral de Acuerdos, la diputada Lionella Cattalini, destacó que la audiencia pública se convirtió en una pieza clave del nuevo esquema institucional. Tras esa instancia, la comisión debe emitir un dictamen que se eleva a la Asamblea Legislativa, ámbito en el que se define la aprobación o el rechazo de cada pliego por mayoría simple.
Los candidatos propuestos presentan perfiles diversos y responden a criterios de representación territorial y profesional:
Las designaciones obedecen a que tres jueces actuales de la Corte Suprema –Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez– anunciaron que se retirarán de sus cargos antes de finales de 2026.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la nómina busca reflejar un equilibrio entre experiencia jurisdiccional, conocimiento del funcionamiento del Estado y diversidad territorial dentro de la provincia.
Una vez cumplidas todas las instancias previstas —incluida la audiencia pública—, la Asamblea Legislativa deberá expedirse sobre cada uno de los pliegos en votación nominal. El resultado de ese trámite definirá quiénes reemplazarán a los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, cuya salida se concretará durante 2026.
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