En la última jornada de las audiencias en el juicio oral por contaminación contra la ex Petroquímica Bermúdez, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery –quienes llevaron adelante la investigación judicial– consideraron que el cierre del proceso tiene que ser considerado “nulo e ilegal” y dejaron en evidencia que hubo una decisión política de favorecer a la empresa.
Desde la ex Petroquímica Bermúdez argumentaron que no debe reabrirse el caso porque no se produjo daño ambiental comprobable.
Por su parte, el representante legal de la ex Petroquímica Bermúdez argumentó que no debe reabrirse el caso porque no se produjo daño ambiental comprobable y además, “esto es, ni más ni menos que un planteo de revisión de cosas juzgadas”, indicó.
La causa se cerró en 2019, el último año de gestión socialista en el gobierno de la provincia, y de acuerdo a los testimonios que se volcaron en las audiencias, fue por orden del exfiscal regional Patricio Serjal. La decisión tomada fue trasladada por el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, al por entonces juez interviniente Juan José Tutau.
Por este caso, se encuentran imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, Serjal y el ex fiscal Gustavo Luzzini, quien se desempeñó como secretario de Estado adjunto en el gobierno de Miguel Lifschitz.
De acuerdo a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery –quienes desarrollaron la investigación en sede tribunalicia–, Serjal y Luzzini actuaron de esa manera para favorecer los intereses del dueño de la empresa, el empresario Sergio Taselli. “El Estado no puede archivar una causa de esta forma”, dijo Schiappa Pietra.
El propio Serjal admitió en el testimonio que prestó en el tribunal el viernes pasado, que él ordenó el cierre de la causa, pero agregó un dato hasta ese momento desconocido: aseguró que el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, siempre estuvo informado del desarrollo de la causa y que compartió la decisión.
Baclini quedó en una situación incómoda no sólo por ese testimonio, sino porque los imputados eran sus propios subordinados.
En un plazo de cinco días se conocerá la decisión del tribunal. La trascendencia social del caso y el peso político de los testigos que desfilaron por las audiencias, hacen que se trate de una causa emblemática. “Es un contexto de 21 hectáreas contaminadas”, insistió Schiappa Pietra. “Es un caso de contaminación ambiental que no podrá repararse”, sentenció.
Durante estas audiencias prestaron testimonio Baclini; el ex fiscal de Estado Pablo Saccone; el secretario de Medio Ambiente en la gestión del Frente Progresista, César Mackler; el juez Tutau; el fiscal Ledesma y el propio Serjal, entre otros.
Leer más ► Imputan a Tasselli y Serjal por sobornos en un caso de contaminación ambiental en Capitán Bermúdez
La ex Petroquímica Bermúdez fue denunciada por “contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos”. Se cree que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la ex Petroquímica Bermúdez no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ecológico que estaba produciendo. Para los delitos de esta naturaleza las penas oscilan entre tres y diez años; si por causa de esos delitos se produce una muerte, pueden llegar a 25 años.
En su alegato final, Schiappa Pietra sostuvo que “hay mucho en juego en estas audiencias. Es un caso para que la gente se esclarezca sobre cómo los funcionarios públicos defienden sus derechos, y cómo se paran frente a los empresarios. Y también cómo lo hace el Poder Judicial, desde su lugar de resguardo de los derechos y garantías de las personas”. Al mismo tiempo, deslizó críticos argumentos sobre el accionar de Saccone: “El fiscal de Estado dijo que la denuncia había sido hecha para presionar. Pero tenía un decreto del gobernador para avanzar sobre un delito”. Para cerrar de manera elocuente: “Esa es la manera en la que defendieron los derechos de los santafesinos”.
En 2015, el gobierno de Lifschitz detectó que la ex Petroquímica Bermúdez incumplía los parámetros de protección medioambiental. Por esa razón, se ordenó el inicio de una causa penal. Saccone dijo en su testimonio que el objetivo final era la reparación del daño a través de la adopción de medidas de contención del daño y no la prosecución de la causa penal.
Saccone y Mackler admitieron en sus respectivos testimonios que se firmaron distintos convenios con la empresa, pero que finalmente los mismos “no se cumplían o se cumplían a medias”. Es decir, no hubo ni causa penal ni reparación del daño ambiental.
“Los funcionarios quisieron sacarse el problema de encima”, sostuvo Edery. “La empresa nunca cumplió nada; el predio de la ex Petroquímica es un lugar contaminado”, agregó.
Schiappa Pietra señaló que Luzzini –en ese momento fiscal de Estado adjunto- “decidió que no debía perseguirse penalmente un acto por el cual se contaminaron las napas y afectó la boca de toma de agua de Bermúdez”. También aseguró que cuando se le transmitió la orden de cerrar la causa al juez Tutau, se le ocultó información. A lo que Edery agregó que “no se indagó sobre un escape de gas cloro en el que se habían desmayado veinte nenas de una escuela” (Nuestra Señora de los Milagros). Y a la gente del lugar tampoco se le preguntó cómo estaba” concluyó el fiscal.
Te puede interesar
Dejá tu comentario