Mediante una resolución firmada el pasado 3 de mayo, la Justicia Federal señaló que en la provincia de Santa Fe no hubo hechos que puedan ser enmarcados como espionaje ilegal, tal como lo sostiene una investigación que encaran los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Dicha resolución, firmada por el juez federal Reinaldo Rodríguez, no hace lugar a la acción inhibitoria planteada y en consecuencia, declara la incompetencia material del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe para entender en la tramitación. Además, ordena remitir las actuaciones a la Unidad Fiscal dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“No hay elementos –de momento- que den cuenta de la calificación legal seleccionada en relación con la ley nacional de inteligencia”, concluye la resolución.
El juez Rodríguez destacó que “no se puede afirmar que surja de las actuaciones tramitadas ante la justicia ordinaria, la comisión de delitos de competencia de este fuero de excepción, siendo estos delitos ajenos a la afectación de intereses Federales”, y agregó que “este Juzgado es materialmente incompetente, por cuanto no se dan ninguno de los supuestos previstos en el Art. 33 del CPPN para atribuir competencia a este fuero, ni surge -como se dijo ut supra- del relato de los hechos efectuado en la denuncia que se acompaña, la comisión de delitos de competencia de este Fuero de excepción, además de que tampoco se deduce afectación de un interés del Estado Nacional”.
Luego de los allanamientos realizados en las sedes del Ministerio de Seguridad de la provincia – ordenados por los fiscales Jiménez y Hernández- Marcelo Saín se constituyó en la sede la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe y presentó una denuncia por la presunta comisión de una serie de hechos que tendrían repercusión penal bajo el tipo previsto en el artículo 42 de la ley 25.520. El entonces director del Organismo de Investigaciones del MPA, mencionó que se estaban llevando a cabo actuaciones por la probable comisión del delito de espionaje.
Sain planteó la incompetencia por vía de inhibitoria, debido a que correspondía investigar los hechos a los tribunales inferiores de la Nación. Al respecto, el titular de la Fiscalía Federal N° 2, Walter Rodríguez, dispuso comunicar al titular del Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad el inicio de las actuaciones. Luego, el juez Marcelo Bailaque, por entonces juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, se excusó de entender en la causa por haber sido denunciado en el Consejo de la Magistratura, por lo que el expediente fue girado al juzgado de Rodríguez.
El MPA santafesino puso a disposición de la Fiscalía Federal las actuaciones, al tiempo que informó la calificación legal seleccionada y se hizo saber los derechos a los imputados e imputadas de la causa: presunta comisión de los delitos de asociación ilícita en concurso real con malversación dolosa, abuso de autoridad y violación de la ley 25520.
El fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, dictaminó que la inhibitoria pretendida por el denunciante devino abstracta y argumentó que el Colegio de Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción sostuvo que no hay información que permita siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de las conductas que allí se investigan en los términos de la ley de inteligencia nacional.
Además, resalta que los fiscales del Ministerio de la Acusación no han identificado una conducta que en el plano real y con expresa invocación de elementos les permita fundamentar la existencia del injusto y adaptarlo a alguno de los tipos penales recogidos por los artículos 42 al 43 ter de la ley 25.520.
El juez Rodríguez sostuvo que, si bien la denuncia refiere que los hechos tendrían repercusión penal bajo el tipo previsto en el artículo 43 de la ley 25.250, lo cierto es que el fiscal Federal actuante en la presente investigación no encuadra los hechos en dicha figura legal”.
En la misma dirección, el Juez del Colegio de Jueces de segunda instancia de la justicia provincial aseguró en términos abstractos y provisorios que no hay información brindada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que permita afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de las conductas investigadas. También el camarista santafesino, Sebastián Creus, sostuvo que en la investigación no intervinieron agentes del sistema de inteligencia nacional ni se divulgó información que de allí provenga.
“No hay elementos –de momento- que den cuenta de la calificación legal seleccionada en relación con la ley nacional de inteligencia”, concluye la resolución.
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