miércoles 15 de junio de 2022
Política | Causa Sain | Marcelo Sain | Espionaje ilegal

Caso Sain: por qué la acusación por espionaje tambalea en la Justicia provincial y en la federal

Un camarista provincial, un juez federal y un fiscal federal, coinciden en que no existen elementos para sostener que el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, violara la Ley Nacional de Inteligencia. ¿Qué otros delitos pudieron haberse cometido?, ¿qué harán los fiscales que insisten en la acusación?

Espionaje ilegal + Ministerio de Seguridad de Santa Fe + Marcelo Sain. Desde el preciso momento en que dos fiscales del MPA - Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández- allanaron el Ministerio de Seguridad de la Provincia el 26 de noviembre de 2021, estos tres términos comenzaron a repetirse hasta el cansancio, un fenómeno alimentado por el absoluto hermetismo con el que esta causa se manejó durante casi cuatro meses.

Pero, además, fueron estos fiscales quienes a fines de marzo pàsado dijeron que Sain y su equipo están siendo investigados, entre otros posibles delitos, por la supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia.

Durante aquella agitada jornada de noviembre del año pasado, personal del MPA secuestró documentación física y digital en las sedes del Ministerio de Rosario y Santa Fe, en busca de elementos que prueben la violación de la Ley Nacional de Inteligencia a partir de la existencia de un supuesto esquema de trabajo organizado por Sain, con el objetivo de realizar tareas espionaje ilegal con intereses políticos sobre personas y empresas.

jimenez hernandez.jpg
Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández investigan a Marcelo Sain y a sus colaboradores por diversos delitos. Entre ellos, haber violado la Ley Nacional de Inteligencia.

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández investigan a Marcelo Sain y a sus colaboradores por diversos delitos. Entre ellos, haber violado la Ley Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, casi seis meses después de que se realizaran los allanamientos, no parecen haber surgido hasta el momento elementos que sostengan dicha acusación. Tanto es así, que un camarista de la Justicia provincial, un fiscal federal y un juez federal, arribaron a conclusiones similares y advirtieron que los fiscales Jiménez y Hernández no presentaron hasta ahora pruebas que sustenten la comisión de este tipo de delito.

El 30 de marzo último, el camarista santafesino Sebastián Creus emitió un fallo en el que ordenó a los fiscales que pusieran a disposición de las partes las evidencias recogidas hasta ese momento. En aquel fallo, este juez planteó al menos tres conceptos básicos que marcan su mirada sobre esta causa:

- Existen los elementos suficientes como para iniciar una investigación penal.

- Los fiscales no presentaron, hasta el momento, pruebas que sostengan la posible violación de la Ley Nacional de Inteligencia.

- Esto no descarta que se pudieran haber cometido otros delitos, lo que deberá ser probado en su momento por los investigadores.

En su escrito, Creus explica que el inicio de "una investigación penal preparatoria se justifica legalmente frente a hechos con apariencia de delito, lo que supone un nivel de verificación mínima y provisorio sobre los términos objetivos de los hechos".

Caso espionaje Sain005.jpeg
El camarista santafesino, Sebastián Creus, advierte que entre los elementos presentados por los fiscales no aparecen pruebas que sostengan la acusación del delito de espionaje ilegal contra Marcelo Sain y sus colaboradores.

El camarista santafesino, Sebastián Creus, advierte que entre los elementos presentados por los fiscales no aparecen pruebas que sostengan la acusación del delito de espionaje ilegal contra Marcelo Sain y sus colaboradores.

Sin embargo, el camarista advierte que, al menos hasta el momento,"no hay información brindada" por los fiscales "que permita afirmar siquiera con algo de suficiencia" la violación a la Ley Nacional de Inteligencia.

Incluso, Creus les recuerda a los fiscales que, según esta ley, solo pueden ser acusados de cometer ilícitos en materia de inteligencia "aquellos funcionarios que permanentemente o transitoriamente cumplen funciones en algunas de las entidades vinculadas con el sistema de inteligencia nacional". Esto significa que un ministro o funcionario de Santa Fe -funciones que cumplían Sain y sus colaboradores- no puede ser acusado de violar dicha ley o de incurrir en espionaje, porque no opera dentro del sistema de inteligencia.

Eventualmente -insiste-, si se hubiesen violado las leyes de inteligencia nacional, debería cuestionarse que la causa esté en manos de la Justicia de Santa Fe, ya que se trataría de un delito federal.

En este escenario, el fallo de Sebastián Creus plantea una frase de impacto jurídico y también político: "La utilización publicitaria de términos como "espionaje", en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración".

De todos modos, en estas instancias Creus no descarta que se hubiesen cometido otros delitos, vinculados básicamente con el posible mal desempeño de los deberes de funcionarios públicos. El camarista provincial no profundiza en este sentido, ya que su fallo apuntó a resolver el pedido de los abogados defensores de que se facilite el acceso a la totalidad de las pruebas.

Si no hay espionaje, ¿qué otros delitos se pudieron cometer?

Si bien el juez Creus advierte que no observa indicios de violación a la Ley de Inteligencia, ante las evidencias de que Sain e integrantes de su equipo de colaboradores rastrearon información sobre personas y empresas, el magistrado deja abierta la posibilidad de que se hubiesen cometido otros posibles delitos.

marcelo sain2.jpg
El fallo del juez Sebastián Creus deja abierta la posibilidad de que se investiguen otros delitos que pudieron haber cometido Marcelo Sain y sus colaboradores, vinculados con los deberes de los funcionarios públicos.

El fallo del juez Sebastián Creus deja abierta la posibilidad de que se investiguen otros delitos que pudieron haber cometido Marcelo Sain y sus colaboradores, vinculados con los deberes de los funcionarios públicos.

En este sentido, destaca cuatro artículos del Código Penal:

- Artículo 153 bis: "Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros".

- Artículo 157 bis: "Será reprimido con la pena de prisión de un 1 mes a 2 años el que a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; el que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; el que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años.

- Art. 248: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

- Art. 249: Será reprimido con multa e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".

Para la Justicia federal, tampoco hubo espionaje

Pero no solo un camarista de la Justicia provincial plantea que no existen hasta ahora elementos para sostener la acusación de espionaje ilegal sobre Sain y sus colaboradores.

Poco después de los allanamientos de noviembre del año pasado, Sain se presentó ante la Justicia federal para plantear que, si efectivamente se lo acusaba de violar la Ley de Inteligencia, el caso no podía ser investigado por la Justicia de Santa Fe, por ser de competencia federal.

El primero en responder a este planteo fue el fiscal federal, Walter Rodríguez.

Este fiscal consideró que el pedido de Sain resultaba abstracto y no tenía sentido alguno solicitar la causa a la Justicia provincial, tomando como base las definiciones del fallo del camarista Sebastián Creus. Esta Fiscalía federal nunca pudo tener acceso a los elementos recogidos por los fiscales provinciales como para evaluar el peso de las pruebas, por lo que la decisión de no reclamar el caso se fundamentó básicamente en la posición del juez provincial.

El pasado 3 de mayo, el juez federal Reinaldo Rodríguez también rechazó la posibilidad de reclamar la causa sobre presunto espionaje a la Justicia de Santa Fe. Según explicó el magistrado a AIRE, el principal argumento de su postura radica en que solo pueden ser acusados de violar la Ley Nacional de Inteligencia aquellos funcionarios que se desempeñen dentro de estas áreas en el plano federal, pero no se les puede atribuir este delitos a ministros o funcionarios de las provincias. En este punto, la mirada del juez federal Reinaldo Rodríguez resulta coincidente con la del camarista de la Provincia, Sebastián Creus.

reinaldo rodriguez juez federal.jpg
El juez federal, Reinaldo Rodríguez, advierte que un funcionario provincial no puede ser acusado de violar la Ley Nacional de Inteligencia.

El juez federal, Reinaldo Rodríguez, advierte que un funcionario provincial no puede ser acusado de violar la Ley Nacional de Inteligencia.

Frente a este panorama, AIRE consultó al abogado defensor de Marcelo Sain, el Dr. Hernán Martínez, sobre cuáles serán los siguientes pasos en esta causa.

"Los propios fiscales deberían archivar el caso, pero seguramente esto no va a suceder. Por cómo actuaron hasta ahora, los fiscales van a tratar de avanzar, pero no sabemos de qué manera. Al no saberlo, no sabemos qué haremos nosotros. En otras palabras, estamos esperando el próximo movimiento de los fiscales para actuar en consecuencia", afirmó.

Marcelo Sain dejó de ser ministro de Seguridad de Santa Fe el 19 de marzo de 2021. El 4 de noviembre de ese mismo año, la Legislatura lo echó del cargo que ocupaba como director del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Dejá tu comentario