La fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, es investigada por su desempeño en el denominado "Caso Oldani".
La fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, debía presentarse este miércoles ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe para realizar su descargo frente a las acusaciones que existen en su contra por su desempeño en el denominado "Caso Oldani", homicidio cometido el 11 de febrero de 2020 en pleno centro de esta capital.
Sin embargo, la fiscal presentó un escrito durante la jornada de ayer en el que adelantó que hoy no asistiría a la convocatoria y en el que, además, pidió el apartamiento del diputado provincial Leandro Busatto como acusador en este proceso.
El pedido fue rechazado por los integrantes de la comisión y, según adelantaron fuentes legislativas, se espera que vuelvan a citar a la fiscal para la semana que viene. En caso de que no asista o no presente un escrito con sus alegatos, el proceso que investiga su desempeño en este caso seguirá adelante.
En su momento, Ferraro negó todos y cada uno de los cargos y rechazó el pedido de destitución planteado por el diputado Leandro Busatto, en el marco del proceso disciplinario iniciado en la Legislatura.
En ese momento, la fiscal sostuvo que se la está acusando dos veces por los mismos hechos, ya que antes de que la Comisión de Acuerdos avanzara en este proceso, ya se había iniciado una investigación por parte de la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación.
Mientras esto sucede en los carriles legislativos, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó a Cristina Ferraro por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, ya que la noche del homicidio y con la presencia de la fiscal en la galería donde funcionaban las oficinas de Oldani Turismo, familiares del empresario retiraron dinero -y tal vez documentación- que se encontraba en la escena del crimen.
En estos momentos, familiares de Oldani están entre los procesados por la Justicia federal la supuesta existencia de una "cueva financiera" que habría funcionado en ese mismo lugar.
La primera investigación sobre la conducta de Ferraro se inició el 16 de julio de 2020, por iniciativa del fiscal regional Carlos Arietti. En marzo de 2021, la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, presentó la formulación de cargos y solicitó una sanción de suspensión por 60 días sin goce de sueldo para la fiscal. Ahora, desde la Legislatura, el diputado Busatto pide la destitución de Ferraro.
Se espera que en las próximas semanas la Comisión de Acuerdos emita un dictamen sobre el caso de Ferraro. Si la encuentran responsables de los hechos que se le atribuyen, la Legislatura está en condiciones de aplicarle una suspensión de hasta seis meses en sus funciones o, directamente, removerla del cargo que ocupa en el MPA.
La decisión final dependerá de la Asamblea Legislativa -conformada por los diputados y senadores de la Provincia de Santa Fe- y se espera que se produzca, a más tardar, a mediados de noviembre próximo.
Ferraro reconoce que, durante la noche del crimen, desaparecieron los dólares -se calcula en algo más de 1 millón- y los pesos -se estiman en algo más de 3 millones- que había en las oficinas de Oldani Turismo.
Tal como informara AIRE, familiares del empresario y una abogada que trabajaba para el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ingresaron con bolsos y cajas vacías, y abandonaron las oficinas poco después con bolsos y cajas llenas. Se estima que allí llevaban el dinero que poco antes había sido fotografiado por la policía.
La fiscal argumenta que en un primer momento llegó al lugar de los hechos para investigar un homicidio -y no la supuesta existencia de una cueva financiera- y que, en todo caso, el hecho de que se hubiesen llevado el dinero nunca impidió que se supiera de la existencia de los dólares y pesos en el lugar, porque ya habían sido fotografiados por personal policial.
Además de las fotos, hubo funcionarios que observaron la presencia del dinero, testigos y filmaciones tomadas por cámaras de seguridad, remarca Ferraro para explicar por qué la desaparición de los billetes no implica una complicación a la hora de investigar el posible funcionamiento de una "cueva financiera" en el lugar.
Incluso, Ferraro plantea que, pocos días después, la jefa de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, y el fiscal regional, Carlos Arietti, supieron de la existencia del dinero desaparecido, pero tampoco lo consideraron un elemento crucial para las investigaciones.
En su defensa, la fiscal advierte que no era ella la encargada de administrar los ingresos a las oficinas, sino que esas decisiones corresponden a la policía a cargo del control. En este sentido, remarca que tampoco se plasmó en las actas de procedimiento el ingreso de familiares de Oldani a la empresa aquella noche. Menos aún, que Ferraro los haya autorizado a hacerlo.
Te puede interesar
