Después de semanas de negociaciones, el oficialismo ingresó formalmente este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de biocombustibles para reemplazar el régimen que creó la ley 26093 de 2006 y que vence el próximo 12 de mayo.
El proyecto de ley “otorga seguridad jurídica hasta 2030 con la posibilidad de una prórroga de 5 más”, según indicaron desde el bloque del Frente de Todos. Fija los cortes obligatorios de los combustibles líquidos en 5% de biodiésel para el caso del gasoil, y de 12% de bioetanol para las naftas (en este caso, asegura 6% bioetanol de caña de azúcar y 6% bioetanol de maíz). A su vez, el corte obligatorio podría reducirse al 3 por decisión de la Autoridad de Aplicación “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor”.
Ratifica el criterio que los diputados oficialistas vinieron expresando: el abastecimiento del biodiésel para el corte obligatorio de los combustibles fósiles en el mercado interno debe ser exclusivo para las empresas que no exportan. Si esa condición queda en pie en la ley definitiva, quedarán marginadas del mercado interno las empresas exportadoras de biocombustibles o de algunos de sus insumos (soja, maíz, aceite y derivados). En la práctica queda afuera del negocio las grandes firmas nacionales y extranjeras que componen el complejo agroexportador.
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La explicación es que el régimen de apoyo fiscal al sector debe sostener a las empresas pymes del mercado interno y no a las grandes, que acceden a vender en el mercado externo y cuentan con otro respaldo y posibilidades de financiamiento. Se argumenta que ese beneficio tuvo lógica en una primera etapa que había que desarrollar el sector, pero que después de 15 años no tiene sentido darles el mismo tratamiento que a una pyme.
Este punto está atravesado por miradas contrapuestas. Los gobiernos peronistas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hasta ahora mantienen la idea de prorrogar la ley actual que habilita participar del cupo obligatorio a industrias de todas las escalas y favorece a las grandes agroexportadoras.
Otro párrafo que alimentará el debate parlamentario es el que reserva el abastecimiento del cupo de biodiésel por el tiempo que esté vigente la nueva ley (en principio 2035) a las empresas que ya están funcionando “no pudiendo incorporarse nuevas empresas en el mercado hasta tanto no se agote la capacidad instalada de aquellas”.
El argumento oficial es que “cuida a las empresas de escalas pequeñas y potencia la capacidad instalada que brindaron la leyes 26093 y 26.344”. Quienes no comparten esta mirada sostienen que limitará la inversión en nuevas plantas y que incentiva la inversión sin riesgo para los jugadores actuales del mercado.
El proyecto lleva la firma de 14 diputados oficialistas, entre ellos los santafesinos Marcos Cleri –fue uno de los que negociadores de la letra del proyecto– Germán Martínez, Alejandra Obeid. Es la confirmación de que el proyecto de prórroga de la ley 26093 por tres años que tiene media sanción del Senado no cuenta con el respaldo del kirchnerismo en la Cámara baja. De hecho, si bien Máximo Kirchner no firmó el proyecto tuvo activa participación en las negociaciones, además que a fines del año pasado no cayó bien que los senadores “cortaran solos”.
“Es una propuesta integral, para dar respuesta al sector y acompañar un modelo de desarrollo nacional”, dijo el diputado kirchnerista Marcos Cleri, respecto del proyecto de ley. “Este proyecto fue construido con mucho diálogo para buscar un consenso entre los legisladores de las distintas provincias productoras de biocombustibles; y para contar con el acompañamiento de las cámaras empresarias y de productores del sector, como las de azúcar a nivel nacional, la de maíz de Córdoba y Carsfe, de nuestra provincia. Es necesario avanzar en una nueva etapa en el marco regulatorio”, resaltó.
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La idea del oficialismo es sumar votos más allá del bloque del Frente de Todos, donde se afirma que no hay fisuras en este tema. Cabe recordar que de conseguir media sanción, pasará a tratamiento en el Senado, donde tiene media sanción la prórroga de la ley aún vigente. Será clave en esa instancia la postura de la vicepresidenta de la Nación. La activa participación de su hijo en el proyecto de la Cámara baja y el sugestivo silencio en las últimas semanas de senadores y senadoras que le responden directamente podría ser un indicio.
Otros puntos destacados del proyecto ingresado ayer es que los biocombustibles seguirán sin estar gravados por los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que sí pagan los de origen fósil. Crea también una comisión de seguimiento con la presencia de las provincias productoras.
Y propone un régimen de sustitución de importaciones de combustibles fósiles de acuerdo a la necesidad del mercado. Es decir que si el país no produce suficiente gasoil se lo reemplace con biodiesel, por ejemplo.
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