La agrupación Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) reclamaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Ecuador, que el Estado argentino sea condenado por la falta de previsión y por no garantizar a las víctimas el acceso a la verdad y la justicia.
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La agrupación que nuclea a familiares y amigos de las víctimas del atentado ocurrido en 1994 y el Cels reclamaron además que el caso pase a la etapa de juicio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según pudo reconstruir Télam.
"En nuestro alegato sostuvimos que el caso estaba para irse a la Corte Interamericana y que es preciso que se condene al Estado por falta de previsión y falta de justicia y de verdad", contó la abogada Paula Litvachky, quien participó de la audiencia en representación del Cels.
"La Comisión es la que tiene que dictar el informe de admisibilidad y fondo. Primero debe hacer el informe en el que decide si condena al Estado por la violación de los derechos alegados. Después decide si lo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", explicó.
La representante del Cels sostuvo en su alegato que la causa Amia se utilizó y manipuló a nivel internacional y que desde un principio hubo una maniobra para instalar una versión oficial del atentado.
"En los últimos años hubo una proactividad importante en foros internacionales con el caso Amia, pero se le dio la espalda a las víctimas. Se mantuvo una investigación cooptada o hegemonizada por las agencias de inteligencia", sostuvo Litvachky en diálogo con Télam.
"El caso Amia es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para proteger aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral" - Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa
La representante del Cels señaló, además, que después de la muerte del fiscal especial de la causa Amia, Alberto Nisman, "la fiscalía empezó a emprolijar un poco la investigación y a descubrir algunas cuestiones, pero esa gestión de la fiscalía se desarmó".
Durante la audiencia dieron su testimonio Diana Malamud y Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, mientras que el alegato por esa organización estuvo en manos del abogado Rodrigo Borda.
Borda inició su exposición señalando que "el caso Amia es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para proteger aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral".
El pedido formulado hoy por Memoria Activa y el Cels responde también al "incumplimiento" del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto 812/05 del por entonces presidente, Néstor Kirchner, cuando se firmó un acuerdo de "solución amistosa" con el Estado, que se comprometía a investigar y sancionar a los responsables. Pero ese acuerdo fue dado de baja en 2009, también durante el gobierno kirchnerista.
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