Cualquier decisión que implique la posibilidad de ejercer coacción sobre las personas requiere la intervención de la Legislatura.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Luego de que Patricia Bullrich –ministra de Seguridad de la Nación– le ofreciera a Juan Pablo Poletti –intendente de Santa Fe– capacitaciones sobre el uso de pistolas tipo Taser dirigidas a personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), se abrió una fuerte polémica que no sólo está relacionada a la implementación de esta herramienta, que en la actualidad sólo es utilizada por algunos agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La controversia gira en torno al personal de la GSI y el hecho de que puedan portar algún tipo de arma y ejercer la coacción física legítima. De esa cuestión, se desliga otra: es la Legislatura provincial la que debe debatir el tema.
Mariano Bär, abogado constitucionalista que firmó como secretario legislativo del Concejo Municipal la ordenanza que regula los alcances de la GSI, dialogó con AIRE y fue claro: "El eje de la discusión no son las Taser porque antes de discutir el tipo de arma, hay que discutir si puede o no puede tener armas un cuerpo municipal".
"En todo caso, hay discutir qué clase de cuerpo municipal debería ser para poder tener armas; y hay que tener en cuenta el hecho de que puedan portar las armas y poder ejercer coacción física sobre las personas", adelantó el especialista.
"En la ordenanza actual, el objetivo que tiene la GSI es resguardar los bienes de la Municipalidad, es decir, cuidar los paseos, las estatuas, los monumentos y los edificios municipales", explicó Bär y agregó: "No deja de ser un organismo público, pero con la característica de que no hay ninguna diferencia entre el empleado de la GSI y el empleado administrativo de la Municipalidad".
Por eso –especificó– la GSI no deja de ser jurídicamente un organismo administrativo de la Municipalidad aunque tenga trabajo en territorio. En ese punto, es donde encontramos la primera traba que tiene el Ejecutivo para poder avanzar en el Concejo Municipal.
"La ley provincial (N° 7.395) prohíbe que cualquier organismo administrativo pueda darle al personal armamento para uso público o pueda autorizarlos a ejercer coacción física sobre las personas", señaló el abogado.
De esta manera, encontramos que la discusión se debe dar en la Legislatura. "Más allá de esta prohibición, la policía no es un órgano administrativo, sino que los que son policías adquieren un estado que se llama estado policial. Es un régimen totalmente distinto al administrativo, que requiere una serie de prerrogativas y deberes, y por eso la Legislatura los autoriza a ejercer coacción física sobre las personas, con o sin armas", apuntó.
La segunda discusión que –si se avanza sobre la decisión de las pistolas Taser– debe abordar la Legislatura provincial es sobre la posibilidad del uso de armas.
"En primer lugar, hay que resolver si las Taser son o no son armas. Más allá de lo conceptual, las Taser no dejan de ser un material controlado y la importación te la tiene que autorizar la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)", indicó Bär.
Y advirtió: "Sería una discusión sobre la posibilidad del uso de un determinado tipo de arma por parte de empleados de la Municipalidad. Puede pasar que la Legislatura te autorice la coacción física, pero no con cosas que se puedan considerar armas".
Con todos estos detalles, "salvo que se modifique la ley provincial y se permita que órganos administrativos como la GSI puedan ejercer coacción física sobre las personas, ya se hablaría de una Policía Municipal", apunto el abogado.
Ante la consulta sobre la diferencia entre una Policía Municipal y la GSI, Bar postuló: "Es una cosa muy distinta y lo que debería discutir la Legislatura es la competencia de la Policía Municipal, qué es lo que puede perseguir. Porque puede ser que no se les permita tareas persecutorias y solamente los dejen (por ley) hacer tareas preventivas y ejercer coacción física o reprimir el delito cuando esté ocurriendo en el momento".
"La discusión es la posibilidad de ejercer coacción física sobre las personas, si un empleado municipal te puede poner la mano encima o te puede dar la voz de alto. Esa es la primera discusión y después la del tipo de arma", cerró el especialista.
La concejala Jorgelina Mudallel no descartó en una entrevista con AIRE, la posibilidad de que la discusión conlleve a la creación de una nueva fuerza: "Si el debate es la utilización de tecnología y de armas electrónicas, también tiene que haber un antecedente sobre las fuerzas que tienen la posibilidad de intervenir a partir del uso de la fuerza, el rol del Estado y de ahí pensarlo para la creación de una Policía Municipal porque la GSI que tenemos no tiene la autorización ni siquiera de la intervención".
Por su parte, la actual presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina remarcó que el uso de las Taser "es un debate que hasta ahora no se ha dado en el Concejo Municipal de Santa Fe, pero que se puede conversar y debatir".
Y advirtió: "Va más allá de la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas porque ya sería que tengan otro tipo de competencias. Es un debate que, si se da, va a llevar su tiempo y profundización porque tiene que ver con cuestiones de tipo presupuestaria y ahí si de la legislación provincial".
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