En particular, en Argentina, hoy no existe una legislación específica que regule el consumo de cannabis. El tema fue absorbido de hecho por el llamado fallo Arriola, cuando en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. En el país la adicción a sustancias ilícitas creció de forma exponencial, como indicó un informe del INDEC, que señala que tres de cada diez personas afirman que en sus barrios hay un grave problema de consumo de drogas. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, el 13,8% de las personas entre los 16 y 75 años consumieron marihuana dentro de los últimos 12 meses del momento en que fue consultado por los encuestadores del Indec y de la Sedronar.
En Uruguay, que lleva una década con la regulación del mercado legal de cannabis, la situación no parece ser muy distinta, según una encuesta que realizó El Observador, junto con la Unidad de Métodos y Análisis de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Casi dos de cada tres personas (64%) cree que el consumo de drogas aumentó algo o mucho desde que se aplica la ley que regula el mercado. Los que creen que ayudó a disminuir el consumo representan el 2%.
Solo el 2% de las personas que utilizan cannabis también consumen cocaína, según una encuesta
“La percepción no siempre es lo que sucede: puede que ahora sea más visible, o que la vecina note la facilidad del acceso en la fila de una farmacia. Pero, en este caso, la opinión pública es coincidente con lo demostrado por el Observatorio Uruguayo de Drogas: hubo un incremento del consumo declarado”, señalaron los periodistas Tomer Urwicz y Diego Cayota, que realizaron el informe.
Sin embargo, el trabajo, en el que fueron encuestadas 5.000 personas mayores de edad, advirtió que la mayoría de los uruguayos –un 47%- se mostró a favor de la legalización del cannabis, aunque el 38% de los encuestados opinó que funciona mal.
Ante la pregunta sobre cuál es la principal opción para disminuir el narcotráfico y el consumo hay dos grandes bloques con diferentes énfasis. Cuatro de cada diez señalaron que hay que aumentar la mano dura y otros cuatro consideraron que es necesario incrementar la prevención y educación. Solo el 16% se mostró proclive a que el camino de la regulación es el mejor para atacar al narcotráfico. Y el 1% se volcó a favor de continuar con las políticas actuales.
Uruguay enfrenta desde hace una década un crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico. Aunque con diferencias, el camino parece similar –por características urbanas parecidas entre Rosario y Montevideo- al que emprendió la ciudad santafesina, que hasta 2023 fue el conglomerado más violento de la Argentina.
Según datos oficiales, en Uruguay se cometieron en ese año 382 asesinatos, de los cuales 210 se concentraron en la capital oriental. En este primer semestre las cifras registran una leve baja del 5,8%. Esto llevó a que en diciembre pasado la oficina de Drogas de Naciones Unidas, señalara que “Uruguay es uno de los países con mayor proporción de homicidios cometidos por el crimen organizado”.
La tasa de homicidios en Uruguay es actualmente de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, más del doble de la de Argentina, y la mitad que la tenía de Rosario en 2023, cuando se cometieron 258 asesinatos. Otro rasgo llamativo que emergió en los últimos años fue la aparición del narco Sebastián Marset, que se autoproclama líder del Primer Comando Uruguayo. Como publicó Aire de Santa Fe, el llamado narco de las mil caras, que actualmente está prófugo, con pedido de captura internacional de cinco países, fue quien desató un escándalo y puso en aprietos al actual gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando la Cancillería le otorgó un pasaporte oficial al narco, que le dio la posibilidad de fugarse de Dubai en 2021.
La apertura de la legalización a otras drogas
Otro de los puntos que abordó este estudio fue la posibilidad de que el Estado avance en la regulación de otras sustancias prohibidas, como las llamadas drogas sintéticas, que se usan, en su mayoría, para un consumo recreativo. En medio de la campaña electoral en Uruguay, de cara a las elecciones del 27 de octubre, el Frente Amplio planteó en su plataforma electoral la posibilidad de “promover a nivel regional e internacional, la revisión de políticas de drogas a efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos”.
El primer mercado que está en esa agenda, según dijo el expresidente de la Junta Nacional de Drogas e integrante de la unidad temática del Frente Amplio que discutió el tema, Diego Olivera es el de los psicodélicos (hongos, LSD, MDMA, etc). “Tiene que ser en un camino similar al de la marihuana. Se puede avanzar con los hongos sobre todo con fines terapéuticos”, apuntó Olivera.
Drogas de diseño.jpg
La investigación comenzó a raíz de los datos aportados por un informante que indicó que el investigado comercializaba drogas de diseño como pastillas de éxtasis y cristal bajo la modalidad de delivery y en fiestas electrónicas.
La encuesta coordinada por Urwicz y Cayota aportó un resultado contrario a esta postura. Dos de cada tres encuestados aseguró estar en desacuerdo con la regulación de este tipo de drogas. Solo el 24% mostró una opinión favorable. Algo similar ocurrió en la opinión de los uruguayos con el resto de las drogas hoy “ilegales”, como cocaína, éxtasis, heroína y pasta base. En el caso de la pasta base (paco en Argentina) el rechazo fue más amplio al llegar al 86% de los encuestados.
Otro punto interesa del estudio fue dimensionar las posturas de los distintos sectores sociales consultados. Por ejemplo, en el caso del cannabis, el mayor apoyo a su regulación es entre las personas que tienen educación terciaria completa. Seis de cada diez están de acuerdo o muy de acuerdo con regular este mercado. Ese respaldo desciende a medida que son menos los años de estudios. Entre los que solo tienen educación primaria completa el respaldo cae a un 39%.
Lo mismo sucedió con el mercado de las drogas psicodélicas (y con casi todas las drogas) pero en todos los niveles educativos el respaldo es menor. Solo el 29% de los que tienen educación terciaria completa respalda una regulación mientras que el 59% lo rechaza.