Los detalles del caso fueron ventilados en una audiencia realizada en la sala 2 de tribunales ante el juez Nicolás Falkenberg. El magistrado dispuso la libertad de la imputada Carolina Carmona mientras se intenta identificar a los autores de las comunicaciones desde la cárcel.
La mujer, quien tiene a su pareja y a sus dos hermanos presos en Batán, era quien recibía el dinero producto de las extorsiones, y mantenía comunicaciones telefónicas con el número desde el que se hacían las llamadas y mensajes a la víctima.
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La mujer fue trasladada desde Miramar para ser imputada
Extorsión y hostigamiento al suicidio
En noviembre de 2024, un empleado de una curtiduría en Esperanza, llamó a la policía porque una persona había querido quitarse la vida en el predio. Los uniformados lograron reanimar al hombre, y fue trasladado al hospital Cullen. Antes de atentar contra su vida, el joven le había enviado un mensaje a su pareja pidiéndole perdón, diciéndole que la amaba y que llamara a la policía.
Finalmente, la víctima falleció el 17 de febrero, tras haber estado dos meses y medio internado en terapia intensiva en diferentes nosocomios. Entonces, la pareja y la madre del hombre se presentaron ante la justicia y entregaron el teléfono celular del hombre.
Las mujeres aludieron que, cuando encendían el teléfono, seguía recibiendo llamadas de diferentes números. Así se pudo advertir una conversación de Whatsapp del 6 de noviembre de 2024, en la que se le exigía dinero y en la que la víctima respondía que no tenía más, y que se iba a matar.
Los investigadores lograron reconstruir que el hombre había sido contactado desde un perfil de Facebook con la imagen de una joven mujer, quien le había solicitado una foto íntima. Cuando el hombre envió la imagen, inmediatamente recibió un Whatsapp de una persona que se presentaba como funcionario de la Justicia, y que le decía que esa foto había sido enviada a una menor de edad.
En las comunicaciones siguientes, los extorsionadores se presentaban como funcionarios públicos y le exigían dinero para no dar a conocer la causa. Así, la víctima hizo un depósito de 500 mil pesos.
Sin embargo, las comunicaciones siguieron: aludieron a un fiscal de Mar del Plata que iba a ordenar su detención y el allanamiento de su domicilio. Entonces, la víctima realizó dos depósitos más, por 300 mil y 200 mil pesos.
Ese dinero era transferido a una billetera virtual a nombre de una tercera persona, pero vinculada con el teléfono celular de Carmona, y desde allí remitida a la cuenta de otra billetera virtual a su nombre.
El fiscal Benítez destacó que en tres meses, la mujer recibió transacciones por siete millones de pesos, producto de diferentes extorsiones.
En la última conversación, los extorsionadores le exigieron un nuevo depósito para cerrar la causa a través de una mediación. El hombre les respondió que ya no tenía más dinero, y que antes de ir preso se iba a matar.
El fiscal dio lectura a esta última comunicación, para acreditar que el hombre había atentado contra su vida por la situación que estaba padeciendo:
Extorsionador: - vas a perderlo todo
Víctima: - antes de ir preso me mato
E.: - está yendo la policía a tu casa, tenés que pagar, es el último aviso, te embargamos tu casa
V.: - ya tomé la decisión, voy a dejar de existir
E.: - bueno, es tu decisión, mirá el programa de Mauro Zeta mañana
V.:- no voy a poder porque voy a estar muerto
E.: - bueno, le queda a tu familia el problema, el caso Loan y esto van a tener la misma repercusión
“Sabían lo que generaban y aún así continuaban insistiendo con la extorsión”, remarcó Benítez.
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El juez Nicolás Falkenberg dio por acreditados los hechos no así la intervención de la imputada
El fiscal explicó que se pudo detectar que las comunicaciones eran enviadas desde la cárcel de Batán. Allí se encuentran detenidos la pareja y los dos hermanos de Carmona, y además el teléfono celular de Carmona se comunicaba de manera habitual con el número que hacía las extorsiones.
Carmona fue detenida en su casa en Miramar donde reside con su madre y sus dos hijos de uno y seis años; allí, la policía secuestró varios chips de teléfono celular. En tanto, en el pabellón de Batán también se secuestró un teléfono celular que fue remitido para ser peritado.
Carmona fue trasladada a Santa Fe e imputada como coautora de extorsión y de instigación al suicidio, con una posible pena en expectativa de 5 a 13 años de prisión.
Crítica a la imputación y libertad
En tanto, la defensora pública Magalí Mazza cuestionó la imputación realizada a la mujer. En cuanto al delito de instigación al suicidio por considerar que la decisión había sido de la víctima, tal como refiere en la última conversación de Whatsapp con los extorsionadores.
Mazza también cuestionó la imputación de extorsión; la defensora insistió que ningún elemento de cargo acredita que Carmona tenía conocimiento de las extorsiones, que no era ella quien realizaba las llamadas ni enviaba los mensajes.
Finalmente, la defensora solicitó la libertad de Carmona por considerar que ningún elemento la vincula con los hechos como fueron imputados, que no tiene antecedentes y que además es madre de dos hijos pequeños.
Al momento de resolver, el juez dio por acreditados los hechos como los relató la Fiscalía, e incluso advirtió que podía tratarse de un tipo de homicidio, más que de instigación al suicidio.
Sin embargo, en cuanto a la situación de Carmona, Falkenberg compartió el criterio de la Defensa: “Nada se demostró en cabeza de la imputada: se probó que recibía dinero y que las llamadas y mensajes que llevaron al hombre a la muerte fueron de otra persona; tampoco se probó que Carmona supiera que el delito que recibía era producto de una extorsión”.
El juez insistió con que “falta el nexo necesario, el conocimiento de Carmona, lo que no está acreditado. Distinto hubiera sido si los que estaban en esta sala eran los hombres que hicieron los llamados”, concluyó.
Carmona recuperó la libertad y volverá a su casa en Miramar, mientras avanza el proceso.