Se conoce este jueves la sentencia del juicio por el levantamiento policial de diciembre de 2013 en Santa Fe

Hay cuatro acusados. Por un lado, tres expolicías de la provincia: Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, acusados del delito de sedición agravada. Por otro, un representante de Apropol, la agrupación sin reconocimiento oficial que representa a los uniformados, se encuentran en el banquillo de los acusados: Alberto Martínez, quien se encuentra acusado de instigación a cometer delitos y de amenazas coactivas agravadas.

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El debate oral y público fue presidido por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario; la acusación estuvo a cargo del fiscal General Martín Suarez Faisal mientras que la defensa está a cargo del abogado particular Luis Guillermo Blanco (por los tres sargentos) y el defensor público oficial, Fernando Sánchez, por Martínez.

Las declaraciones de los exministros Galassi y Lamberto

Los primeros testigos en declarar en el juicio son dos exfuncionarios del gobierno de Antonio Bonfatti: primero pasó el exministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y luego el exministro de Gobierno y Reforma del Estado y actual diputado provincial, Rubén Galassi.

Los dos funcionarios recordaron cómo fueron aquellos cuatro días de negociaciones entre el 6 y el 10 de diciembre de 2013, y cómo se llegó a un acuerdo luego de varias reuniones. También relataron cómo fue aumentando la tensión y el conflicto, y recordaron la preocupación de los gobernantes de evitar una situación violenta como la que había ocurrido en Córdoba.

Tanto Lamberto como Galassi recordaron en sus declaraciones que en aquellos meses había habido reclamos en varias provincias, con diferentes niveles de conflictividad, y que la principal preocupación del entonces gobernador era evitar que lo mismo ocurriera en Santa Fe. Las primeras reuniones se realizaron con jefes policiales, y a medida que las propuestas eran rechazadas comenzaron a participar otros agentes en representación de sus pares, que se presentaban como "autoconvocados", según recordaron los testigos.

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Entre los reclamos de los agentes se encontraba elevar el salario de los uniformados, llevando el básico de 5.000 pesos a 13.000. Galassi recordó que al inicio del año 2013 la paritaria había sido acordada en un aumento del 25%, que el INDEC había medido 10% de inflación ("luego se supo que esos números eran menores a los reales", recordó Galassi), el IPEC había evaluado un 18% de inflación y los indicadores privados habían medido 25%: "El reclamo de los policías no se condecía con la realidad y era impagable para la provincia", explicó el testigo.

Tanto Lamberto como Galassi coincidieron en que los momentos más tensos del conflicto fue a partir del domingo, cuando un grupo comenzó a bloquear la salida de los móviles policiales y no había patrullaje en las calles. Los exministros recordaron que la seguridad se reforzó con fuerzas federales y grupos especiales como las TOE, la división de Trata de Personas y policías integrantes de la Banda de Música.

En este punto, Galassi comparó que nunca un reclamo salarial de ningún sector había sido tan extremo como éste, que puso en vilo la vida, la seguridad y los bienes de las personas; el actual diputado comparó: "Los médicos han hecho medidas de fuerza, pero nunca bloquearon la puerta del hospital Cullen para evitar que se brinde el servicio de salud". Los exministros recordaron también que un nutrido grupo de manifestantes había bloqueado el ingreso a la casa de Gobierno con móviles policiales, por lo que debieron ingresar por la parte posterior.

Sostuvieron que en las reuniones los policías no estaban armados, que estaban vestidos de civil y que vieron algunos armados en las imágenes que circularon en los medios de comunicación. En este sentido, además, Galassi sostuvo que no le consta que haya habido una persona coordinando las acciones de manifestación en los diferentes puntos de la provincia.

Por último, ambos testigos fueron consultados sobre los mensajes amenazantes que había recibido el entonces gobernador Antonio Bonfati en su teléfono celular. Galassi sostuvo que primero no sabían quién enviaba los mensajes, pero que el teléfono Bonfati no era inaccesible, cualquier persona podría haberlo tenido.

"A nadie le gusta recibir mensajes con amenazas", agregó Galassi, que sostuvo además que el exgobernador era "ecuánime" y se preocupaba por resolver los conflictos. Lamberto, por su parte, agregó que Bonfati no era una persona que se dejara "amedrentar".