Rosario: los jóvenes que abandonan sus barriadas por las amenazas del narcotráfico

La historia de B. es una de muchos de los casos que se encuentran en la misma situación por distintos barrios de la ciudad. Es paradigmático porque refleja en distintos aspectos el reclamo de las organizaciones barriales. Los pequeños focos estatales en el territorio, como ser los centros de salud, el Centro de Convivencia Barrial y la escuela, carecen de recursos sociales y económicos para abordar semejante conflictividad, muchas veces a pesar del empeño de sus trabajadores. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que trabaja en barrios como Ludueña, Villa Banana, Cabín 9, Santa Lucía, Empalme Graneros y Fuerte Apache, denuncian con ejemplos concretos el abandono del Estado hacia los jóvenes. En el barrio en cuestión, del cual se mantiene reservado su nombre por seguridad, no hay un club que los contenga con actividades culturales, sociales y deportivas.

El exilio comienza cuando las mencionadas instituciones, que intervienen en un primer nivel de conflicto, no pueden garantizar la integridad física de los jóvenes. En el caso B. tomó cartas en el asunto el equipo de crisis de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia que actúa en situaciones de alto riesgo y desde hace tres años tuvo contacto con aproximadamente treinta experiencias similares. La falta de recursos se traduce en el sin rumbo que se le destinó a este joven. En término de tres meses, primero paró en un hotel, después una pensión, luego se hospedó en un hostel y recientemente fue derivado a un Hogar de Protección al Menor. “Lo que da cuenta esto es que ni la Dirección de Niñez ni el Sistema de Protección de Derechos cuentan con lugares para alojar a pibes en este tipo de situación”, afirman desde la Asamblea de Niñez. La inestabilidad continúa en otros aspectos. Si bien los gastos económicos de los hospedajes estuvieron a cargo del área de juventud de la municipalidad, los integrantes de la Asamblea denuncian que el chico carece de una seguridad económica que por lo menos le garantice la alimentación básica a diario.

Desde el equipo jurídico de la organización estiman: “La estructura del poder judicial y político no tiene capacidad de responder, de realizar investigación, no están conformados completamente los equipos de trabajo”. Si bien el narcotráfico propiamente dicho es un delito federal, muchos de los conflictos interpersonales que lo rodean y conducen a su núcleo son investigados a nivel provincial. Respecto de esta mención, aparece como ejemplo la ausencia de un cargo fundamental en el Ministerio Público de la Acusación, que es el de Auditor General de Gestión. En un artículo del portal digital RosarioPlus publicado en junio pasado, se evidenció el vacío de este cargo designado por la Ley provincial 13013 contemplada en la última reforma de la Justicia Penal, y que por concurso había designado en 2012 al abogado y criminólogo Enrique Font. Volcando este contexto a la vida de los pibes, desde la Asamblea explican: “Las bandas que se disputan el territorio para gerenciar el circuito delictivo del narcotráfico y el comercio de objetos móviles sigue intacto y no hay posibilidad de pensar en términos reales de que haya un retorno al centro de vida de los pibes, ni a corto ni a mediano plazo. Lo único que puede haber es una reconfiguración de las disputas de las bandas que van renovando los liderazgos”.

“La realidad es que no hay capacidad de respuesta, ni económica ni intelectual para estar al día en la problemática territorial. No hay decisión de llegar con políticas públicas a algunos sectores, porque implica muchísimo recurso, tiempo, y decisión política para sostenerlas”, agregan. En esta línea, ven como un factor fundamental la participación de los jóvenes en el proceso escolar: “Hay que hablar de que esto sucede en el margen de la ciudad, en la periferia, donde se sostiene a los pibes afuera de la escuela y no hay reacción del Estado. Si el pibe no está en la escuela no puede construir una proyección vital saludable. La escuela construye autonomía y saberes, y si eso no está la construcción de identidad se construye por afuera”. Asimismo creen necesario que se repiensen las currículas escolares para lograr “otro tipo de experiencias educativas” vinculadas al contexto social actual.

Madres al frente

Cuando la desprotección sacude a una familia, son las madres las que muchas veces se empoderan de las pocas herramientas al alcance para intentar revertir los conflictos que atraviesan los jóvenes. F. es la mamá de B. y cuenta que cuando se va a ver a su hijo y le lleva bolsas con ropa o comida, el rumor del barrio supone que lo va a visitar a la cárcel. “El está bien, está ocupado, pero quiere estar en su casa con nosotros. Tiene el derecho de estar conmigo y sus hermanos”, comenta F. agrega que cuando comenzaron los problemas con su hijo le ofrecieron una casa en otro barrio. Hoy se cuestiona disgustada por qué se deberían ir de su casa. “A mí me gusta mi barrio y el tema de la droga está en toda la ciudad”, dice.

El exilio de los pibes es un problema invisibilizado que descubre un Sistema de Protección de Derechos con más falencias que aciertos. “El resguardo de estos chicos tiene que ser absolutamente temporario y es necesario desplegar estrategias definitivas de restitución de derechos. Se debe intervenir con políticas de infancia y juventud que además de seguridad garanticen educación, salud y cultura”, consideran desde la Asamblea, aclarando además que dejan abierta la posibilidad de exponer sus denuncias ante los funcionarios que correspondan.

Rosario 12