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El fiscal César Cabrera detalló que el primer hecho tuvo lugar el 9 de septiembre de 2024, alrededor de las 20:30 horas, cuando el acusado (identificado como AP) ingresó a alta velocidad con su vehículo Chevrolet Corsa en la peatonal de calle San Martín, frente a la sucursal del Banco de la Nación Argentina en Rosario.
Al llegar al banco, aceleró y embistió intencionalmente las instalaciones, rompiendo tres paneles de vidrio del blindex, afectando tanto el frente sobre calle San Martín como la zona de los cajeros automáticos.
Tras el impacto, AP descendió del automóvil empuñando una cuchilla de caza de aproximadamente 15 cm y comenzó a golpear la puerta de ingreso del sector de cajeros automáticos. Luego, se dirigió hacia la entrada principal sobre calle Córdoba, donde fue reducido por efectivos de la Brigada de Orden Urbano, quienes acudieron tras escuchar el estallido de los cristales. El hombre fue detenido en el lugar y se le secuestró el arma blanca.
Antecedentes de violencia familiar
El segundo hecho imputado ocurrió el 26 de octubre de 2023, cuando AP amenazó y agredió a su pareja durante una discusión en el domicilio familiar, ubicado en el barrio Triángulo y Moderno, donde convivían con sus dos hijos en común. Según el relato de la fiscalía, la víctima intentó escapar por una ventana, pero AP la persiguió y continuó hostigándola.
Más tarde, ambos se dirigieron en auto, supuestamente hacia una comisaría, pero AP mantuvo su actitud violenta, lo que obligó a la mujer a descender del vehículo. El imputado la siguió por varias cuadras hasta que un testigo intentó intervenir, aunque también fue agredida por AP. Finalmente, en la intersección de Larrea y Saavedra, un transeúnte que presenció la situación alertó a la policía, que procedió a detener al acusado.
Medidas judiciales
A raíz de estos hechos, el juez Malaponte decidió que AP permanezca en prisión preventiva por un plazo de 45 días, mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se lleva a cabo una junta de salud mental para evaluar su estado psíquico. Durante este tiempo, se determinará si el imputado es apto para continuar enfrentando el proceso judicial.
